Apenas concluya la vacancia judicial (11 de enero), se espera que se reviva el trámite que quedó represado del 2022 para la imputación de cargos contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín y particulares comprometidos en presunta corrupción en el programa Buen Comienzo que atiende a los niños de menores recursos de la ciudad.
El sobrecosto de unos 700 millones en los contratos de alimentación tiene dando explicaciones a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo; a Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo, y al representante legal de la Fundación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
A pesar de que una problemática de presunta corrupción se habría extendido aún en las esferas más altas de la administración Distrital, los órganos de control se han mostrado tímidos para tomar decisiones. Este mismo diario reveló en febrero de este año la posible causa para que la Contraloría local no haya avanzado en el tema: tendría que ver con las cuotas burocráticas que poseen allí los concejales de la coalición proclive el alcalde Quintero.
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