EPM amplió por un mes el cierre de la licitación, en medio de afirmaciones falsas del alcalde.
La licitación de las obras finales de Hidroituango se ha convertido en un dolor de cabeza para EPM y las compañías que decidieron comprar los derechos de participar en ese proceso.
Sin que EPM hubiera emitido ningún pronunciamiento público, ayer se conoció que la compañía decidió ampliar por un mes más el tiempo para recibir las ofertas finales de la licitación, pese a que dicho plazo vencía hoy.
La decisión se formalizó el pasado sábado 18 de junio y fue notificada a las empresas participantes en una adenda, que estableció para el próximo miércoles 27 de julio a las 4 de la tarde el nuevo límite.
Aunque varias fuentes cercanas a este proceso coinciden en que este tipo de aplazamiento puede considerarse normal, sobre todo teniendo en cuenta la envergadura y cuantía del proyecto, la decisión también sacó a flote varios factores que han despertado tensiones e incertidumbre durante las últimas semanas entre los interesados.
La más grande de todas está asociada al aseguramiento de las obras finales del proyecto y que, según las actuales condiciones de la licitación, quedaría en manos de los contratistas que resulten ungidos para terminar la hidroeléctrica.
“Las condiciones de transmisión de riesgo para el contratista son inaceptables, casi un suicidio”, apunta José Fernando Villegas, director en Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Tal como se lee en las condiciones particulares del proceso, que reposan en la información publicada por EPM en su portal web, la empresa que termine siendo escogida para esas obras deberá constituir las pólizas a nombre de EPM y la Sociedad Hidroituango “en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato”.
Según explica Villegas, estas reglas de juego propuestas por EPM son bastante problemáticas para los contratistas, ya que los pone a asumir el riesgo de las obras en un proyecto que ya atravesó por un siniestro y que aún tiene muchos interrogantes, sobre todo para las unidades de generación que hacen parte del contrato.
“Es como si EPM dijera: vea, usted tiene que entrar a una caverna que se está derrumbando y tiene que ponerme a funcionar allá cuatro unidades, pero lo que pase allá adentro es responsabilidad suya”, ilustra el líder gremial. “¿Quién va a asumir eso? Eso lo tiene que asumir el dueño del proyecto”, agrega.
Para ilustrar la gravedad de ese cambio, Villegas alude a los múltiples informes que han arrojado alertas sobre la estabilidad del proyecto, el más reciente elaborado por la firma Pöyry en diciembre pasado, en el que se alertó sobre los riesgos que hay para la puesta en funcionamiento de las últimas unidades de generación, el componente más importante de la licitación lanzada por EPM.
Cabe recordar que dichas unidades (de la 5 a la 8) están localizadas en la zona sur de la casa de máquinas, cuya estabilidad se mantiene como un enigma desde hace más de cuatro años.
“Pöyry considera que la gran zona o volumen de roca que causa mayor preocupación actualmente es la de la zona sur de las cavernas y aducciones que llegan a ésta; consiste en un volumen grande de por lo menos 200.000 m3 de roca descomprimida, con vacíos, bloques sueltos e inestable”, precisó el informe, en el que se insiste repetidamente que la intervención de dicho punto debe hacerse con sumo cuidado.
Pese a que ahora el riesgo es mayor, retoma Villegas, lo paradójico es que serán los contratistas los que deberán cargar con el aseguramiento de sus trabajos y no EPM, como ocurrió cuando el proyecto comenzó y se contrató el multimillonario seguro con Mapfre, que contempló cobertura por lucro cesante.
Como dato adicional, otra de las medidas adoptadas en la adenda de EPM conocida ayer fue la citación a una “reunión informativa necesaria” a la que fueron citadas todas las empresas que compraron sus derechos de participación en la licitación, para “atender solicitudes de aclaración de tipo técnico y del esquema de asegurabilidad del contrato y del Proyecto”.
Según se lee en el documento, dicha reunión se realizará en el noveno piso del Edificio Inteligente a las 2 de la tarde del 14 de julio y podrán asistir hasta dos personas por cada firma interesada.
Aunque todavía no es claro si EPM estaría dispuesta a cambiar las condiciones de la licitación, lo cierto es que los ánimos alrededor de la obra continúan caldeados.
Sumado a este panorama, durante la jornada de ayer el recién restituido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, volvió a referirse al proyecto y lanzó dardos a los actuales constructores, acusándolos de usar materiales de baja calidad en la obra y asegurando que la demanda contra ellos fue la que permitió que Mapfre pagara los $4,3 billones por el siniestro del proyecto.
Pese a que la mayoría de estas informaciones fueron falsas o engañosas, su arremetida volvió a dejar bajo duda los criterios que emplearía EPM para escoger al constructor que termine Hidroituango, que desde hace más de dos años mantiene una permanente tensión entre lo técnico y lo político.
