Si entrara en un ciclo de aprovechamiento, una botella de gaseosa común y corriente podría convertirse en la madera plástica de un parque infantil, la tubería de un nuevo edificio de la ciudad o en las fibras de tela de un vestido de diseñador, en vez de acumularse sobre pilas de residuos en un relleno. Para que esto suceda, sin embargo, es necesario que recorra un camino más complejo de lo que parece. ¿El primer paso crucial? Ser desechada en la bolsa correspondiente.
De eso se trata la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Vivienda que establece, por primera vez, un único código de colores para la separación de residuos: blanco para reciclables (plástico, vidrio, metales, papel y cartón), verde para orgánicos (residuos de frutas, verduras y alimentos) y negro para ordinarios.
Cada alcaldía debe incluir la medida en su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs) y adelantar procesos pedagógicos para que la ciudadanía utilice los nuevos colores. La idea, según lo plantea el Ministerio, es que la medida de separación facilite el proceso de recolección y complemente los diferentes proyectos de aprovechamiento que adelanta cada municipio, con el fin de que “se incremente la cantidad de material recuperado y reincorporado a los ciclos productivos”.
Sin embargo, esta última tarea no es tan sencilla. Dar el primer paso separando los residuos no es suficiente si no hay una cadena sólida de procesos que aseguren el aprovechamiento del material. ¿Cómo se encuentra Antioquia en este sentido? ¿Cómo lograr que, en efecto, la separación por colores tenga incidencia en la cantidad de reciclables y aprovechados?
El panorama
Cada año se generan en el departamento cerca de dos millones de toneladas de residuos sólidos, según cifras del Anuario Estadístico de Antioquia (AEA). La meta que estableció en 2016 el Programa Basura Cero proponía que tres años después, en 2019, el departamento alcanzara el 80% de residuos sólidos aprovechados, tras implementar una serie de acciones contempladas en la norma. Con el paso del tiempo, sin embargo, las expectativas se difuminaron: según el Plan de Desarrollo de Antioquia (PDA), en 2018 se aprovechó tan solo un 16,8% de reciclables, cifra que se mantiene hasta la actualidad.
Si se mira por regiones, el panorama es contrastante. Mientras el Suroeste o el Oriente tienen tasas de reciclaje mayores al 30%, según el PDA, Urabá o Bajo Cauca no llegan al 3% (ver mapa). En el Valle de Aburrá, por su parte, se generan cerca de 1.100.000 toneladas de residuos sólidos cada año, según el Pgirs regional, y de estas en 2018 se recicló el 17,1%, según el PDA.
En cuanto al aprovechamiento de orgánicos no hay cifras exactas, pero sí algunas experiencias exitosas que han ido abriendo camino en este campo. Diana Henao, jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Cornare, explicó que “la mayoría de rellenos en el Oriente tienen una vida útil menor a cinco años, así que desarrollamos el proyecto Mejoragro”. A través de este se genera un abono con insumos biológicos incorporados que “es altamente mejorador de suelos y con el que tenemos la meta de aprovechar 36.000 toneladas de orgánicos al año”.
El 29 de enero se inauguró en Andes la Planta de Aprovechamiento Regional que procesará los residuos orgánicos de Jardín, Betania, Hispania y Salgar. “Esta compostera marca un camino y envía un mensaje de que los orgánicos no pueden ir al sitio de disposición final”, expresó Carlos Ignacio Uribe, secretario de Medio Ambiente de Antioquia.
En Medellín algunas instituciones han emprendido el camino de contratar el aprovechamiento de los residuos orgánicos o de hacerlo por su propia cuenta, “como lo hacen varias universidades y comunidades”, explicó José Pablo Restrepo, gerente de Gestión y Desarrollo Ambiental (GDA), principal empresa aprovechadora de residuos orgánicos de Antioquia.
“Los orgánicos son el problema más grande que tenemos en residuos a nivel mundial”, indicó y explicó que al ser depositados en rellenos son altamente contaminantes, ocupan grandes volúmenes, generan inestabilidad y gases efecto invernadero. “Medellín necesita una planta de tratamiento de orgánicos, es una deuda con la ciudad”.
El Plan de Desarrollo de Medellín contempla la adecuación de una planta piloto para el aprovechamiento de residuos sólidos que debe estar lista para 2023 y en la que se invertirían $1.700 millones. La Secretaría de Gestión y Control Territorial aseguró que incluirá tratamiento de orgánicos, lo que contribuirá a la meta regional del Valle de Aburrá de aprovechar el 14% de residuos orgánicos en 2023 y el 35% en 2030 (ver gráfico).
En Antioquia no hay una meta departamental formal para residuos orgánicos o reciclables. El objetivo de alcanzar el 80% de aprovechamiento en 2019, planteado en el Programa Basura Cero, sigue siendo orientador, según indicó Uribe, pero para Henry Cardona, coordinador de aseguramiento de la Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia se trata de un objetivo demasiado ambicioso.
Cifras para gobernar
“No hay una meta formal en Antioquia porque no hay cifras rigurosas para formularla”, explicó Luis Aníbal Sepúlveda, director de investigación y desarrollo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal). Para poder planear y ejecutar acciones efectivas es necesario que exista un diagnóstico transparente, “pero no es el caso de Antioquia, ni del país”.
“Las cifras de aprovechamiento tienen un problema y es que son valores estimados. Los datos oficiales son los que logran reunir las corporaciones, porque son responsables del seguimiento, pero a su vez el origen, las cifras de cada municipio, son valores sin un estándar”. Esto incide problemáticamente en la capacidad de gobernanza de las instituciones, agregó.
Así lo explica también el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuando asegura que la información generada por cada uno de los municipios “no se encuentra estructurada de una forma organizada que permita realizar el análisis de la información mediante el cruce de variables de forma eficiente lo cual es subsanado con el Sistema de Información Integral para la Gestión Integral de Residuos”.
Este Sistema es una de las metas establecidas en el Pgirs regional, según la cual este debía estar en funcionamiento desde 2019, pero aún se encuentra en etapa de ajustes “propios de la fase de garantía”. Este proyecto se está realizando en convenio con Acodal, indicó Sepúlveda, y está listo en 95%. En el plano departamental, sin embargo, no existe un sistema de información ni el compromiso formal de ejecutarlo, agregó.
Sobre esto, Julio Cárdenas Veloth, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública y director técnico de la revisión y actualización del Pgirs, dijo que se trata de uno de los cuatro ejes fundamentales que serán revisados en el documento municipal para “soportar mediante el uso de plataformas tecnológicas el flujo de información que se generan entre los actores de la cadena de gestión de residuos”.
A merced del mercado
“En Medellín no es un secreto que ya tenemos una competencia entre Empresas Varias y organizaciones de recicladores. Es una guerra del centavo”, explicó Leonardo Gómez, director administrativo de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (Recimed), organización que agrupa a 420 recicladores de oficio.
“Si antes nosotros recogíamos 100 toneladas de cartón y las vendíamos a $400.000 una tonelada, paradójicamente no nos va a aumentar si recogemos 200 toneladas. Al contrario, al aumento del material disminuye el precio porque hay más sobreoferta”.
Según Sepúlveda, falta regulación de precios por parte del Gobierno en un mercado del aprovechamiento que es imperfecto. “¿Por qué imperfecto? Porque son diez empresas en Colombia y ponen los precios”. Por eso, explica, aquellos materiales reciclables que están menos cotizados dejan de ser aprovechados. “Cuando los precios se dejan a merced del mercado, pueden bajar como ocurrió con el vidrio. Peldar se fue de la ciudad, el vidrio bajó de precio y no lo están recogiendo igual. El reciclador no se pone a cargar vidrio si no le pagan bien”.
La falta de regulación no solo desfavorece a los competidores más pequeños, sino que desmejora la calidad del servicio público de aseo y aprovechamiento, por el que cada ciudadano paga una tarifa. “Nadie se queja porque el costo es menor de $1.000 por persona, pero multiplique eso por todos los habitantes de Medellín”, agregó.
En efecto, aunque muchos ciudadanos separan sus residuos, en ocasiones todos son recolectados por el mismo camión a falta de rutas selectivas de cobertura total. Según cifras del AEA, de los 125 municipios del departamento, 42 no tienen implementada una ruta selectiva y ocho no presentan información disponible. Los otros 75 registran este servicio, sin embargo, este no necesariamente cubre toda la ciudad, como en el caso de Medellín. Cardona explicó que “respecto a esto, depende en gran medida de cada municipio y de cada prestador de servicio”.
Dejarlo en manos de los prestadores de servicio no es viable, indicó Restrepo. “¿Por qué las empresas de servicio no se meten a compostar? Porque no les interesa. No es barato hacerlo y deciden no hacerlo. Para ellos es más barato enterrar que montar unos procesos como los que tenemos nosotros, que son costosos porque lo bueno vale”.
Además, como indicaron desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, “el transporte diferenciado de este tipo de desechos hasta una planta no es reconocido vía tarifa, lo cual dificulta el cierre financiero de los proyectos. Se está evaluando la forma de implementarlas”, aseguraron, refiriéndose al transporte de orgánicos para la planta a adecuar en este cuatrienio.
Uribe, por su parte, aseguró que la Gobernación trabajará por encontrar soluciones a través de una Política Pública de Crecimiento Verde que estaría lista en el primer semestre de este año. “Hay empresas prestadoras públicas, privadas, entonces homogeneizar la estrategia departamental es un reto grande pero creemos que de la mano de las CAR y la Gerencia vamos a concebirla e implementarla en los años que nos quedan”
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