Los nuevos enredos que rodean a la revocatoria de Daniel Quintero

Un fallo permite al alcalde revisar las firmas avaladas. Persisten dudas sobre financiación de la recolección.

Julio González, uno de los promotores de la revocatoria, asumió como concejal de Medellín por el Centro Democrático, en octubre del año pasado, tras la renuncia de Gabriel Dib. FOTO camilo suárez

Una nueva polémica enreda el proceso revocatorio contra el alcalde Daniel Quintero. Dos de los últimos hechos podrían seguir frenando los tiempos y tienen en veremos la certificación final requerida para una posible convocatoria a las urnas.

Por un lado, un fallo judicial le dio al alcalde la posibilidad de revisar las planillas físicas de las firmas, paso que ya contaba con certificación de la Registraduría, y por otro, persisten las dudas frente a los recursos que el comité promotor invirtió en su recolección.

Un fallo de tutela

En la noche del domingo se conoció la decisión de una jueza de Bogotá que terminó dándole la segunda oportunidad a la defensa del alcalde para revisar las firmas. La acción de tutela fallada fue presentada por Salomé Restrepo (ver Informe).

Minutos después de que, a través de su cuenta de Twitter, el Movimiento Independientes (con el que Quintero se ganó la alcaldía) publicara apartes del fallo, a la ya encendida discusión por los alcances e implicaciones de la decisión se sumaron cuestionamientos sobre su autenticidad y se generó un debate en torno a si las imágenes del documento habían sido producto de un montaje o eran reales.

Las dudas arrancaron luego de que varios tuiteros identificaron inconsistencias en el fallo, específicamente en el número de radicado que aparecía en la parte superior de la resolución, pues no coincidía con un proceso sobre la revocatoria en el sistema de información de la rama judicial.

El docente del departamento de Derecho de la Universidad Eafit, David Suárez Tamayo, mostró cómo, luego de buscar el radicado de la imagen, el sistema arrojaba un juzgado y un accionante diferente: “El radicado que aparece en las imágenes no concuerda, no corresponde con lo que aparece en la página de la Rama Judicial”.

Desde el movimiento de la revocatoria, el abogado Hollman Ibáñez Parra cuestionó que ninguno de los líderes de ese comité hubiese sido notificado de la apertura de ese proceso, pese a ser una parte implicada: “¿Por qué al consultar el número del radicado del proceso en la página de la rama judicial aparece como accionado la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y como juzgado de la causa el 02 y no el 09?”.

Producto del caldeado ambiente político por el que atraviesa la ciudad, también hubo quienes comenzaron a hilar más delgado y a cuestionar la existencia del documento.

Aunque hacia altas horas de la noche comenzó a resolverse la controversia, luego de que abogados como Suárez rastrearan el número correcto del proceso, las dudas se terminaron de disipar ayer en la mañana, cuando el propio Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá publicó una aclaración, confirmando que en el fallo hubo un error de digitación involuntario.

“Aclárese el fallo proferido del 20 de enero de 2022, en el sentido de señalar que el número de radicación del proceso de tutela de Salomé Restrepo Muñoz y otros en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil es 11001318700920210011900 y no 1001318700220210009600 como por error involuntario
se registró”, escribió la jueza a cargo de ese despacho, Diana
Esperanza Díaz.

¿Qué dice el fallo de fondo?

Tal como lo registró este diario el pasado domingo, el fallo emitido cambia el panorama del proceso revocatorio, ya que le dará un segundo chance a la administración municipal de acceder a las planillas originales presentadas por el comité ante la Registraduría.

Bajo ese contexto, la defensa del alcalde podrá hacer un nuevo cotejo de esa información en un plazo de cinco días, tras los cuales la Registraduría tendría que volver a pronunciarse y decidir si deja en firme su determinación original.

Mientras que desde la Alcaldía insisten en que el proceso cargaría con irregularidades, desde el comité promotor de la revocatoria plantean que dichos procesos hacen parte de una estrategia de hostigamiento por parte del gobierno local con el que se busca enredar la cita en las urnas.

Aunque tras el fallo de este domingo se espera que la controversia por las firmas empiece a dirimirse, las dudas por la financiación para su recolección deberán esperar hasta el 2 de febrero, día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará una audiencia en donde el alcalde y el comité revocador se verán las caras.

Un audio aumenta discordia

Justamente, sobre este tema también surgió otro debate ayer, luego de que se filtrara un audio en el que se escucha al concejal del Centro Democrático, Julio Enrique González, invitando a un grupo de empresarios a sumarse y financiar la revocatoria.

Para Quintero, ese material prueba que el comité estaría triangulando donaciones y tendría irregularidades en sus cuentas, pero González se mantuvo en que este no probaría nada irregular y que su publicación solo daría cuenta de la intención de la Alcaldía de generar controversia. El alcalde publicó la grabación y acusó al corporado de compra de firmas, triangulación de donaciones y financiación irregular.

En la conversación grabada se escucha a González diciendo que necesitaban recaudar unos $110 millones para completar el proceso de recolección de firmas e hizo alusión a la existencia de una corporación sin ánimo de lucro llamada Corporados Primero Antioquia, a la que podrían transferirse las donaciones, como una opción adicional a la cuenta abierta por el movimiento revocatorio.

Al ser consultado por el contenido y el contexto de esa grabación, González le dijo a EL COLOMBIANO que se trató de una reunión realizada en septiembre del año pasado en el Club Unión de Medellín, en la que participaron los cinco principales líderes del comité revocatorio: “En ese caso, hablamos de que necesitábamos unos recursos para sacar adelante el proceso, porque había que pagarles a unas personas que salían a recoger firmas, pero solo a unos. La gran mayoría fueron gentes que salieron de forma voluntaria, sin cobrar un solo centavo”.

Frente a la pregunta de por qué se invitaba a las personas a hacer una donación a una cuenta distinta a la que legalmente fue creada por el comité, González argumentó que se trataría de dar una opción adicional a los empresarios interesados. De acuerdo con la versión del concejal, dicha donación habría ascendido aproximadamente a los $22 millones.

En la noche, se conoció que Corporados Primero Antioquia denunciará penalmente a Quintero “por hacer imputaciones temerarias e irresponsables que han afectado el buen nombre de la corporación”

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firmas de apoyo a la revocatoria avaló la Registraduría Nacional.