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No se conoce cómo sería el plan de empalme en Hidroituango en caso de que el alcalde Daniel Quintero cambie al Consorcio CCCI, que le hace frente a la obra desde 2012. Tampoco se ha divulgado cómo se evitaría la pérdida de tiempo para cumplir con los pactos que tiene EPM de generación de energía. Todo es brumoso en el plan de la Alcaldía, sin embargo, Quintero continúa con su relato de cambio y de responsabilidades en contra de los constructores, manteniéndose en su retórica, yendo en contra de quienes le advierten de riesgos irreparables.
En estos meses, se ha visto la actuación del alcalde enmarcada en la discusión política, lo que le ha valido críticas por sentencias basadas en prejuicios y no en fallos jurídicos, como cuando acusa a CCCI de corrupción y de utilizar materiales de mala calidad para hacer la represa. También sucedió cuando el exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón salió del cargo, supuestamente había renunciado, pero este desmintió al alcalde y aseguró que le habían pedido la renuncia.
No serían los únicos casos. Hace un mes la concejal María Paulina Aguinaga reveló el informe de una auditoría forense realizada a Hidroituango por la firma internacional JAHV McGregor. Allí se cuentan 33 hallazgos de lo que pudo ser la causa de la contingencia en la construcción de la hidroeléctrica. Lo más asombroso fue que en EPM todos se dieron por sorprendidos, incluso el alcalde Daniel Quintero, y aseguraron que el informe había sido archivado. Salió en un momento preciso para la intención del alcalde de cambiar al Consorcio CCCI.
Pues bien, el informe se presentó en una reunión no presencial de Junta Directiva el 29 de octubre de 2020, lo cual consta en el Acta 1697, y que fue encabezada por el alcalde. En el orden del día hubo espacio para un informe del gerente, en el que se indicó que: “El 23 de octubre se recibió el informe de la auditoría forense y dictamen pericial, efectuado por parte de la Firma McGregor, a la obra de Ituango. A la fecha se encuentra en revisión por parte de las VP de Riesgos y de Asuntos Legales”. Y más adelante: “Los miembros de la Junta Directiva dan por conocido el informe presentado por el Gerente General”. El Acta 1697 le termina dando la razón al entonces gerente Álvaro Guillermo Rendón, quien aseguró hace un mes que Quintero conocía el informe forense.
Esta puede ser otra salida en falso del alcalde, quien en las últimas semanas no ha encontrado quien lo respalde ni en lo técnico ni en lo político ni en lo económico en su idea de cambiar al constructor de Hidroituango. Hay que decir que incluso el gerente de EPM, Jorge Carrillo se anima a secundarlo en el afán de sacar de la obra a CCCI, cuando ya se está en casi el 90 por ciento de la construcción y en junio del próximo año se estaría generando con una turbina en la central, lo que representaría ingresos diarios por un millón de dólares.
El alcalde insiste en el cambio de contratistas pese a que ya le han advertido del riesgo académicos, políticos y hasta el mismo presidente Iván Duque. El círculo se cierra alrededor de Quintero, quien se mantiene solo en su retórica
LA SUPUESTA NUEVA PRÓRROGA AL CONSORCIO
El alcalde Quintero anunció el 29 de octubre, de manera sorpresiva, que había llegado a un acuerdo con el consorcio CCC para que se quedara hasta que estuviera lista la licitación de los nuevos contratistas. Es decir, unos dos o tres meses después de que termine el contrato el 31 de diciembre: “Vamos a garantizar que no haya desatención del proyecto. Habrá una prórroga hasta que termine la licitación. Eso permite que no haya desatención del proyecto”.
El consorcio desmintió al alcalde. Respondió que tal acuerdo no era cierto y que, por el contrario, no habían vuelto a tener reuniones. “No hemos sostenido nuevas reuniones con EPM y como lo informó el gerente, estamos analizando la continuidad. Nuevamente las declaraciones del presidente de la junta difieren de las del gerente y representante legal. Actualmente no tenemos un acuerdo. Nuestro contrato termina el 31 de diciembre”, precisó Santiago García, representante legal de CCC”.
INMINENTE RETRASO SI LLEGAN NUEVOS CONTRATISTAS
Dijo el alcalde Quintero el 14 de octubre: “Estimamos que en junio del próximo año, si no hay retrasos, entraríamos en operación. Cuando llegamos, teníamos una proyección de retrasos de 18 meses si había cambio de contratista, hoy eso ha bajado de dos a cuatro meses; seguimos trabajando para que llegue a cero meses (...) Si hay retrasos, de todas maneras esperamos estar entrando en operación el próximo año”.
Si en algo coinciden expertos, gremios y la academia es que la decisión de cambiar los contratistas prácticamente implicaría al menos un año de retraso, por lo que las dos primeras unidades no operarían en la fecha comprometida, es decir, el 30 de noviembre de 2022. La Universidad EIA, entre otras, advirtió que si llega otro constructor, no existe ningún margen para cumplir los compromisos en firme. Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el hecho constituiría “un retroceso colosal
LA INCERTIDUMBRE QUE RODEA AL BID
En declaraciones del 26 de octubre, el alcalde indicó: “El BID no tiene ninguna cláusula que diga que dejen a los contratistas actuales. El BID entiende como nosotros que la posición actual de los contratistas, teniendo en cuenta la situación en la que están, no es conveniente para el proyecto y que es necesario hacer un proceso de transición a un nuevo contratista que no esté ni en ley de quiebra, ni tenga una sentencia en proceso en segunda instancia por responsabilidad fiscal”.
Desde Glasgow (Escocia), Mauricio Claver-Caronee, presidente del Banco, dijo el 2 de noviembre que el BID tiene toda la intención de que la megaobra sea operacional, pero que EPM debe garantizar certezas de que así será: “Lo que nos preocupa, porque crea dudas, es cuando no hay certidumbre y cada seis meses cambian los términos y hablan de algo diferente”, manifestó. Hacía referencia a las polémicas que han rodeado al proyecto, entre las que se encuentra el cambio del consorcio.
SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL POR LA EMERGENCIA
Desde la contienda electoral, el alcalde ha basado su narrativa en endilgarle la responsabilidad de la crisis de 2018 de Hidroituango a los contratistas que construyen la obra. “Los responsables de todo han sido los contratistas que hicieron los daños, las víctimas somos EPM y los ciudadanos de Medellín”, dijo el 14 de octubre. A eso ha sumado el pedido reiterado de que estos deben pagar por el daño patrimonial que ha sufrido el proyecto, el cual suma $4,3 billones, según la Contraloría.
El fallo de la Contraloría, que determinó en primera instancia culpa grave de 26 funcionarios y empresas, le dio pie a Quintero para agitar el cambio de consorcios, a sabiendas de que la segunda instancia debía conocerse antes de que finalizara el contrato el 31 de diciembre. Pese a ello, la Contraloría suspendió hace dos semanas el proceso mientras se resuelven recusaciones. En este escenario, Quintero no se podrá amparar en fallos en firme para justificar cambios en los contratistas.