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Antioquia | PUBLICADO EL 17 octubre 2021

“La Contraloría no nos ha dejado defender”: Conconcreto

  • Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, una de las empresas constructoras de Hidroituango. FOTO Carlos Velásquez
    Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, una de las empresas constructoras de Hidroituango. FOTO Carlos Velásquez
  • Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, una de las empresas constructoras de Hidroituango. FOTO Carlos Velásquez
    Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, una de las empresas constructoras de Hidroituango. FOTO Carlos Velásquez
Por luz maría sierra

Juan Luis Aristizábal, presidente de una de las tres empresas del consorcio de Hidroituango, dice que la Contraloría debería esperar a que pague la aseguradora. Sugiere que demandarán al alcalde por daños y perjuicios. Y dice que, en caso de que se ratifique el fallo de segunda instancia, están dispuestos a negociar con EPM para no perjudicar el proyecto.

Esta ha sido una de las semanas más tormentosas para el proyecto Hidroituango. Un Tribunal anuló el nombramiento de Jorge Carrillo como gerente de EPM; dos de las empresas del Consorcio constructor, Coninsa Ramon H y Conconcreto, se acogieron al decreto de reorganización; el contralor Felipe Córdoba convocó a una cumbre en Casa de Nariño para tratar de salvar el proyecto y el presidente Iván Duque le jaló las orejas -sin mencionarlo- al Alcalde de Medellín por andar “improvisando” y “generando incertidumbre”. Ya casi todos los protagonistas han hablado menos los contratistas. EL COLOMBIANO buscó a Juan Luis Aristizábal*, el presidente de Conconcreto, una de las tres empresas del consorcio que construye la hidroeléctrica.

¿Por qué decidieron la reorganización?

“Nosotros acudimos al Decreto 560 del 2020 porque un fallo del monto del de la Contraloría nos llevaría a la insolvencia. Lo que estamos haciendo es proteger a los acreedores, a nuestros clientes y darnos el tiempo necesario para defendernos del fallo de la Contraloría en otras instancias”.

¿Eso significa que si la Contraloría llegara a fallar en segunda instancia, no podría embargarlos?

“Se pagaría después de pagar las otras acreencias de la compañía. Pero sobre todo esto nos permite recurrir a otras instancias para defendernos. Porque en la Contraloría todavía no se nos ha permitido el debido proceso”.

¿Si se ratifica el fallo acabaría a Conconcreto?

“Para nada. Hoy la compañía es supremamente sólida. A julio de 2021 tuvimos una utilidad neta de casi el doble de la utilidad del 2020. Tenemos cerca de $3 billones en contratos en ejecución. No recurrimos al Decreto 560 por insolvencia. Lo hicimos porque queremos defendernos del fallo de la Contraloría y cumplir los compromisos. Lo que sí no podemos es pagar un fallo que es injusto, porque no nos han dejado defendernos, y es por una cifra exorbitante para cualquier compañía de este país”.

¿Esas mejores cifras se deben a qué?

“A que la compañía ha iniciado, muchos años atrás, unos procesos de transformación digital del sector de la construcción y de expansión. Hoy tenemos cerca de 140 millones de dólares de contratos en ejecución en Estados Unidos, estamos consolidándonos como una empresa líder en el sur de la Florida. Pero además en Colombia tenemos contratos en ejecución tan importantes como Transmilenio en Bogotá, la doble calzada Oriente, el inicio de las obras de Bogotá-Girardot y otros con el sector privado”.

¿Qué pasaría con esas obras, como el Transmilenio de Bogotá o la doble calzada a Oriente si se ratifica el fallo adverso?

“La ratificación en segunda instancia nos inhabilitaría para seguir con contratos con el Estado, incluido Hidroituango”.

¿Por qué dice que el fallo es injusto?

“Por muchas razones. Nos imputan cargos por el retraso en los dos túneles de desvío iniciales del proyecto y ese contrato ni siquiera era nuestro. Era de otros dos contratistas, uno de ellos, internacional. Y la segunda causal que nos imputan es el retraso en las obras y eso no es competencia de la Contraloría. Esas diferencias entre las partes, que son contractuales, se llevan a otras instancias como lo estamos haciendo hoy nosotros, en un tribunal de arbitramento internacional en la Cámara de Comercio de Medellín, donde vamos a resolver nuestras diferencias con nuestro contratante EPM”.

¿El problema de diseño no es de ustedes? ¿Quién es entonces el responsable?

“Aquí hay que entender algo que tal vez no todos lo tienen claro. Nosotros somos subcontratistas de EPM, porque EPM es el constructor contratista. EPM viene a ser lo que se conoce en el mundo como el epecista, que es el contratista responsable del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del contrato. No somos responsables ni del diseño, ni de la selección de los materiales, ni de las decisiones que se toman en torno a todas estas actividades. Nosotros ejecutamos la construcción, con directrices del diseñador, nos la aprueba el interventor y nos la recibe nuestro contratante EPM. Todas las obras que ejecutamos, las supervisó el interventor, las aprobó el diseñador, las recibió EPM y nos las pagó”.

¿Según dice usted entonces el responsable es EPM?

“El responsable es EPM como contratista epecista bajo una modalidad BOOMT”.

¿En otro país al que habría condenado la Contraloría debería ser EPM?

“Absolutamente. Deberían estar investigando a EPM. Además los recursos que maneja EPM, son recursos públicos. Nosotros no somos agentes fiscales porque no nos dieron anticipo y porque el dinero que recibimos de EPM era un pago por servicios. Y eso no nos hace agentes fiscales, simplemente estamos recibiendo el pago por un servicio prestado”.

¿Y por qué la Contraloría no investigó a EPM ni la incluyó entre los responsables fiscales?

“No sabemos y hemos insistido en todas las instancias que debería estar EPM involucrado en este proceso”.

¿En qué va la apelación del fallo de la Contraloría?

“Están decidiendo. Nosotros estamos intentando que en la apelación nos permitan aportar testimonios y pruebas”.

¿Y es que no los dejaron aportarlos?

“No nos han permitido ni presentar testimonios, ni entregar peritazgos que ya tenemos hechos sobre la causa raíz del colapso del túnel...”.

¿Y que argumento da la Contraloría para no recibirles los testimonios y pruebas?

“Simplemente nos niegan la posibilidad de entregarlos”.

El alcalde Daniel Quintero está culpándolos de haber rebajado la calidad de los materiales. ¿Eso está en el fallo de la Contraloría?

“No está en el proceso de la Contraloría. Es una argumentación del señor alcalde. Pero yo quisiera aclararle que el tipo de materiales que se usan están en los diseños. Nosotros ejecutamos conforme a lo que nos piden. Y tenemos la supervisión del interventor que vigila que los materiales y la construcción se ajusten a los diseños, el diseñador también valida la ejecución que hacemos. Y luego está EPM que recibe y paga. Si hubo algún error fue omisión del interventor, del diseñador y del mismo EPM que es el contratante y el constructor”.

¿Ustedes, el consorcio constructor, qué tuvieron que ver con el diseño del túnel que generó el problema?

“Nosotros no diseñamos ninguna de las obras de Hidroituango. Ni podemos hacer ajustes a los diseños, ni cambiarlos. Solamente ejecutamos la construcción de acuerdo a las instrucciones impartidas por el contratista general que es EPM”.

¿Y que culpa les cabe en lo de la rebaja de la calidad de los materiales de la que está hablando el alcalde?

“Nosotros no tenemos ninguna reclamación, sanción o proceso de parte de EPM que es nuestro contratante, que alegue que hubo ese tipo de cambios. Durante toda la vigencia de este contrato, jamás EPM ha evidenciado que hubo un cambio en la calidad de los materiales. No sé de dónde saca el alcalde esa información”.

Pero a ver... se supone que la emergencia se dio por el problema de diseño que llevó al colapso del tercer túnel de desviación...

“Nosotros nunca hemos participado en ninguna reunión donde se tomen decisiones o de cambio o de ajuste de los diseños. Cuando hoy se dice que hubo cambio en los diseños y se construyó un tercer túnel, esa decisión la tomó EPM con todos sus asesores expertos, pero nosotros no participamos en ninguna de esas decisiones”.

En dónde estuvo el problema... hay quienes dicen que por acelerar las obras fue que se dio la contingencia. ¿Es cierto?

“Hasta ahora, ningún estudio que sea vinculante ha detectado la causa-raíz exacta de lo que pasó allá. Pero le aclaro que cuando se habla de acelerar en construcción no quiere decir trabajar a las carreras. Acelerar quiere decir abrir más frentes de trabajo con más recursos o más turnos. Y en Hidroituango lo hicimos así: se trabaja 24/7 con 3 turnos de trabajo 8 horas en cada turno, trabajando 363 días al año. Solamente descansábamos dos días al año”.

Usted que conoce la obra y que ha conocido en detalle lo que pasa y lo que falta, ¿qué riesgos le ve a que eventualmente se cambie de contratistas?

“En el mundo de la construcción, cambiar un contratista sobre todo en una obra que está tan avanzada, y que además tuvo un siniestro como este, que es de gran magnitud, es muy riesgoso y es la última opción de todos los contratantes”.

EPM ha dicho que les correspondería a ustedes ceder el contrato. ¿Están dispuestos a hacerlo?

“Eso no lo dice EPM. Eso lo dice la ley colombiana. En caso de que a una compañía le sobrevenga una inhabilidad, tiene que ceder el contrato”.

¿Qué tan cerca está ese fallo de segunda instancia?

“No sabemos. Somos 26 investigados y todos estamos solicitando testimonios. Si nos dan la posibilidad de aportar testimonios, va a tomar tiempo. Pero si no nos la dan, como lo han hecho en el pasado, pues será un proceso más ágil”.

El otro escenario es que EPM les diga: señores contratistas ustedes están en una situación como endeble, por qué no ceden el contrato. ¿Ustedes aceptarían?

“Nuestro contrato se vence el 31 de diciembre. Es decisión de EPM si lo amplía o no”.

¿Y en caso de que sí cambien contratistas existe alguna posibilidad de que se haga un empalme en el que no se pierda tiempo?

“Nosotros no podemos continuar ejecutando contrato una vez sobreviene la inhabilidad. Ya lo único que podemos hacer es iniciar un proceso de cesión”.

Ustedes tienen más de 4 mil personas en este proyecto y muchos equipos... ¿estarían dispuestos a ceder todo o a negociarlo con el nuevo constructor para que no se detenga la obra?

“Si nos tocase hacer una negociación de campamentos, equipos, fuentes de materiales, botaderos y miles de cosas más que hay en Hidroituango, estamos dispuestos a sentarnos con EPM a negociar. No queremos perjudicar el proyecto”.

Usted dice que el fallo es injusto... ¿han pensado en demandar?

“Esta investigación ha generado perjuicios a la compañía. Somos una empresa inscrita en la Bolsa de Valores y las salidas en medios comunicación del Alcalde producen un impacto. Nuestro mayor accionista es Vinci, de Francia, es inversión extranjera que está en Colombia que asusta a otros potenciales inversionistas. Pero además gran parte de nuestros accionistas son los fondos privados de pensiones. En Conconcreto está invertida parte de las pensiones de los colombianos. Cada vez que se emite un concepto aceleradamente en medios de comunicación se está impactando la inversión extranjera y el ahorro de los colombianos”.

¿Eso podría llevar a una demanda por daños y perjuicios contra el Alcalde?

“En dos días, el precio de la acción de Conconcreto cayó un 25%. Realmente se notan los impactos. Entonces eso lo decidirá un juez”.

¿Pero hasta ahora no hay demanda?

“No. Ahora nuestra prioridad es la capacidad operativa de la compañía, cumplir con nuestros acreedores, terminar los proyectos de nuestros clientes y obviamente apoyar hasta donde sea posible a EPM para sacar adelante Hidroituango”.

¿Todo este problema se resolvería si el seguro termina de pagar la póliza de la que ya ha pagado 350 millones de dólares?

“En todas las actividades de los seres humanos, incluida la construcción, los riesgos se mitigan o se trasladan con pólizas. La póliza todo riesgo en construcción y la póliza lucro cesante que tomó EPM para Hidroituango es quizá una de las mejores que Conconcreto haya visto en su historia. La Contraloría debería esperar a que pague la aseguradora y lo que no pague por alguna razón y exceda la cifra que ellos pretenden, sería detrimento patrimonial. Mientras el seguro pague no hay detrimento patrimonial”.

¿Cuál es la diferencia entre que pague el seguro la póliza o que el consorcio constructor sea el que pague?

“Si nosotros pagamos a la Contraloría el dinero se va para la entidad pública que tuvo el detrimento patrimonial, que en este caso es la Alcaldía de Medellín como dueña de EPM. Y si la que paga es la póliza de Mafre ese dinero va para EPM para pagar daños y compensar el lucro cesante”.

¿Es decir si paga el seguro, va para la obra. Y si paga el consorcio, va para la Alcaldía de Medellín?

“Es correcto. O sea habría un doble pago del mismo siniestro y eso no es permitido obviamente bajo la ley colombiana porque hay enriquecimiento ilícito de alguno de los dos. Entonces después habría que pedir la devolución del dinero...”

* Juan Luis Aristizábal fue presidente de la Junta Directiva de EL COLOMBIANO. Ya no es parte de ella.

Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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