Los integrantes de 27 familias que levantaron sus casas en un lote que fue de paramilitares, en un área rural de Santa Bárbara (Suroeste antioqueño), sienten que este miércoles se están jugando una de sus últimas cartas para no quedarse en la calle.
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Resulta que las viviendas que se mencionan están sometidas a un proceso de embargo con intención de extinguir el dominio a los actuales poseedores para que pasen al Fondo para la Reparación de las Víctimas. La paradoja es que muchos de los ocupantes son justamente víctimas, según ha alegado el abogado que los defiende, Juan Camilo Bolaños. La historia es como sigue y se remonta a inicios de la década de 1990.
En Damasco habían construido hacía poco la vía que lleva de ese corregimiento hacia La Pintada y en esas lides quedó separada una franja alargada en forma de cordón que era parte de La Marta y no tenía mayor utilidad para la cría de ganado, que era lo que allí se hacía.
A la corregidora de entonces, Rosalba Ospina, se le ocurrió pedirle a la dueña, Gloria Estella Maya Ríos, que donara la tierra para que familias destechadas que habitaban en la invasión Los Planes fundaran sus nuevos hogares.
Esta aceptó sacar 27 lotes de áreas diferentes. Por ejemplo, el de Ana Judith Quintero mide unos 100 metros cuadrados, mientras que el de Ana Félix Arenas y Ángel Horacio Flórez es de unos 240 metros y tiene hasta solar.
Ana Judith recuerda que les dieron prioridad a mujeres cabeza de familia con hijos. Una regla de oro era que las escrituras se harían a nombre de ellas porque “los hombres sinvergüenzas muchas veces dejan a la familia sin techo”. Anotaron a los candidatos e hicieron un sorteo en el que la suerte dependía de unas balotas que tenían que sacar de una bolsa. De ahí en adelante vino un proceso de organización comunitaria que relatan como toda una epopeya.
Formaron un comité de vivienda y como todo mundo tenía que trabajar para ganarse la vida durante la semana en diversos oficios, generalmente relacionados con el campo, los sábados en la tarde y domingos plenos los dedicaban a hacer convites en los que por igual hombres y mujeres agotaban sus fuerzas. El Sena les enseñó cómo fabricar ladrillos y les prestó una máquina, mientras que la alcaldía de Santa Bárbara les cedía una volqueta gratis —solo tenían que poner la gasolina— para sacar material de playa con el cual darles forma a los bloques que luego repartían.
Pero como no solo de adobes se compone una casa, se empeñaron en conseguir fondos para el cemento y otros materiales, a punta de festivales, bingos y las legendarias empanadas. Igualmente, se embarcaron en préstamos con la Caja Agraria (que se convirtió en el Banco Agrario).
“El que tenía más urgencia de su casita se venía a vivir; por ejemplo, yo hice dos piecitas y nos metimos ahí, sin siquiera puertas, porque en ese entonces esto era muy sano; ya teníamos luz interna pero no alumbrado público”, añade Ana que para ese tiempo ya tenía cinco hijos.
Pasados los años y valiéndose de la cría de cerdos y gallinas en el patio de la casa, a la par que trabajaba en fincas, cumplió su sueño. Además, hacia arriba construyó dos apartamentos que son la renta ($300.000 por cada uno) con la que paga impuestos y servicios, y compra “la panelita”.
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Ángel y Ana Félix era también una pareja que veía pocas opciones de tener una casa con su oficio de mayordomos, pero con la gabela del terreno lo hicieron posible. Para aquella época dos de sus hijos estaban aún pequeños —entre los 8 y los 10 años—; los otros dos nacieron acá, en la morada de una sola planta, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, y baños, pero que tiene apariencia de finca en miniatura porque en el solar, aunque es como una pared ladeada, hay zapote criollo y costeño, árboles de nogal, plátanos y palmeras de coco.
Mal que bien, todos eran felices en Villa Estella, como llamaron el barrio en honor a la benefactora que les dio el lote. Pero en 2003 la Fiscalía apareció por primera vez acompañada de la Policía y el Ejército, según el abogado Bolaños, “para decirles que eso les quedaba incautado”, que no podían hacer ninguna ampliación ni mejora sin permiso porque podían perder la inversión.
Ahí fue que supieron también que doña Gloria Estella Maya era la esposa de Héctor Castaño y por tanto cuñada de Carlos y Vicente Castaño, los jefes de las AUC.
De acuerdo con el abogado Bolaños, Carlos adquirió la hacienda hacia 1986 y se la había cambiado por la finca Santa Paula, ubicada en el departamento de Córdoba, según declaró ella ante la instancia de Justicia y Paz que ha juzgado los crímenes de los paramilitares en el marco del conflicto armado colombiano.
Ángel y Ana Félix habían pensado echarle terraza a su casa para que alguno de sus cuatro hijos y tres nietos resolvieran su lugar de habitación propio, pero el anuncio del decomiso echó al traste el plan. “Todo eso lo hicimos sudando y llorando”, dice Ana Judith, queriendo representar la frustración actual.
Este 2 de septiembre, en una audiencia programada en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la Fiscalía y la defensa de los afectados harán sus respectivos alegatos ante los magistrados. La primera, para que admita que se haga efectiva la extinción de dominio de las casas, como ya se hizo en 2018 con el grueso de La Marta, del que salieron los lotes. Y la segunda, para lo contrario, es decir, que se levante el embargo.
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