La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ordenó medidas cautelares sobre los cementerios religiosos municipales de Carepa y Mutatá en Antioquia.
La decisión la tomó al corroborar que existen diversas fuentes y evidencias que señalan que en estos cementerios podrían estar más de 100 restos de personas desaparecidas en medio del conflicto armado. La sala encontró, por ejemplo, que entre los años 2002-2006, los miembros del Ejército asesinaron a 47 víctimas en 24 hechos y todas ellas fueron presentadas ilegítima y formalmente como “bajas en combate”. En su inmensa mayoría, se trataba de hombres jóvenes en situación. Los indicios apuntan a que varias de estas víctimas podrían estar enterradas en estos cementerios.
Según la JEP, existen fuentes confiables que afirman que en el cementerio Nuestra Señora del Carmen de Mutatá se encontrarían más de 100 cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado que se vivió en la Región. “Las cruces de concreto del cementerio de Mutatá, en Urabá, se levantan sobre un suelo ondulado. No hay nombres ni fechas escritas. Lo único cierto es que los cuerpos que permanecen bajo las cruces tenían nombre y sus familias saben dónde están sus restos.
Sin embargo, bajo esos cuerpos con nombre, varios metros más abajo, habría más de cien cuerpos no identificados (CNI), de antiguos guerrilleros y paramilitares que murieron en combate, de hombres y de mujeres desaparecidos, muchos de ellos recogidos en las orillas del río Sucio.
Un habitante de Mutatá dice que fue el responsable del entierro de entre 90 y 105 CNI en las últimas tres décadas. Los cuerpos no los recogía la Policía ni el Ejército. Los únicos que entraban a la zona rural, al escenario de guerra del Urabá, eran los obreros del municipio a bordo de una volqueta. Allí subían los cuerpos y los trasladaban al cementerio, abrían una fosa y los enterraban”, señalan las fuentes.
También está documentado el caso de un obrero de la Alcaldía de Mutatá quien asegura haber enterrado más de 400 cuerpos no identificados en el cementerio del municipio y que allí las víctimas enterradas podrían ser más de 1.500. “Eliécer Castro, un obrero de la Alcaldía, [...] dice haber enterrado a más de 400 N. N. en el cementerio central, y otro funcionario relató que en una ocasión sepultó 20 cadáveres en una sola fosa”, señala el testimonio.
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La medida de la JEP implica la suspensión las obras de construcción y remodelación que se puedan adelantar en estos camposantos y que afecten las áreas y lugares de interés forense donde reposan cuerpos inhumados no identificados. Esto tendrá vigencia por un término de 6 meses que podrían prolongarse de acuerdo con las conclusiones y decisiones que al término de los cuales se tomen.
La medida le impone a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mutatá, a la Diócesis de Apartadó, a la alcaldía de Mutatá, a la Alcaldía de Carepa, a los comandos de Policía de Mutatá y Carepa; a la Gobernación de Antioquia, y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado, para que desplieguen las acciones que en el marco de sus competencias propendan por el logro de los objetivos de estas medidas cautelares respecto a la prospección, recuperación, exhumación de los cuerpos esqueletizados o estructuras óseas inhumados en condición de no identificación en los Cementerio de Carepa y Mutatá, departamento de Antioquia.
