A escasas dos semanas de vencerse la medida de vigilancia especial que impuso la Superintendencia de Salud sobre la EPS Savia Salud, la IPS Universitaria hizo un llamado al Gobierno Nacional implorándole no liquidar esa aseguradora.
En una carta dirigida al superintendente Ulahy Beltrán López, la directora de ese hospital, Marta Cecila Ramírez, aseguró que la institución a su cargo estaría en alto riesgo de quedar en insolvencia si esa EPS es liquidada, ya que el cobro de una cartera que supera los $42.000 millones podría quedarse en el limbo.
“A los antioqueños nos dieron cuatro meses y medio para hacer acciones de salvamento y no hicimos nada. Queremos hacer un llamado a la Superintendencia a que no liquide sino que intervenga para administrar”, dijo la directora Ramírez, asegurando que una liquidación no solo pondría en riesgo la supervivencia de su institución, sino la atención de salud de los cerca de 3.5 millones de pacientes a su cargo.
Según reveló esa institución, una eventual liquidación de Savia podría representar un duro golpe para los hospitales del departamento, que luego de las sucesivas liquidaciones de otras EPS como Coomeva, Medimás, entre otras, se han quedado con gigantescos huecos en su presupuesto.
En el caso de la IPS Universitaria, Ramírez precisó que la cartera de entidades en liquidación ya ascendía a por lo menos $90.226 millones con corte a noviembre de 2022, traduciéndose en un déficit de caja de $50.862 millones al cierre de ese mismo año.
Para ese mismo periodo, dentro de una cartera de $149.660 millones de las EPS activas, la deuda de Savia era de $41.420 millones, cuyo cobro se quedaría en suspenso si la Nación decide darle la estocada final.
“Mi súplica a la Superintendencia y el Ministerio es que mire la medida más adecuada, porque esta clínica entraría en insolvencia y habría que cerrarla. Nosotros resolvemos el 20% de las necesidades de alto nivel de Antioquia. También se afectarían 13.000 estudiantes formándose en salud que pasaron por acá en 2022”, dijo la directora, agregando que las dificultades que ya arrastra la IPS han ocasionado retrasos en el pago a sus proveedores.
Esta nueva alerta se produce en medio de un ambiente caldeado por el nerviosismo en la red hospitalaria regional, que aún no sabe qué ocurrirá el próximo 27 de enero, cuando expire la medida de vigilancia especial sobre Savia Salud.
Dicha medida, cabe recordar, fue ejecutada por la Nación a raíz del crítico balance financiero de la EPS, que pese a lanzar un plan de capitalización desde 2020, no ha logrado zafarse del fantasma de la liquidación.
La institución, cuyos accionistas principales son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la caja de compensación familiar Comfama, tiene 1,6 millones de afiliados, la mayoría del régimen subsidiado y muchos en los rincones más apartados del centro del departamento, que también quedarían en el limbo en caso de un cierre.
