De las 9.150 grandes emergencias y desastres de las que existen registro en Antioquia desde 1902 hasta la fecha, 1.680 ocurrieron en el Oriente antioqueño. Después del Suroeste, que acumula 1.806, es la subregión más azotada por emergencias como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, incendios, crecientes súbitas, entre otros. Esas emergencias dejaron en el Oriente 244 muertos en total (la segunda subregión con más muertes detrás del Suroeste con 506), además de 13.000 viviendas destruidas, 30.000 familias damnificadas y 134.000 hectáreas afectadas (teniendo en cuenta que existe un amplio subregistro).
Desde luego hay condiciones propias de la subregión que amplían los riesgos y amenazas ante eventos naturales; el Oriente posee una de las más complejas redes hidrográficas del país y su régimen de lluvias es cosa seria con unas precipitaciones anuales que van en promedio de los 3.000 hasta los 4.690 mm. Para tener contexto, la precipitación anual de Medellín es de 2.958 mm.
Pero también se debe a otros factores, como los cerca de 350 kilómetros cuadrados de bosques que fueron deforestados en el último cuarto de siglo y la negligencia de mandatarios a la hora de ordenar el territorio buscando prevenir desastres y de tomar decisiones que salven vidas.
Por eso es fundamental el proyecto que adelantan Cornare y la Universidad de Antioquia para implementar el Sistema de Alerta y Monitoreo en 16 municipios del Oriente antioqueño: Abejorral, Concepción, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Vicente y Sonsón, además de San Roque, Santo Domingo y Puerto Triunfo, también en jurisdicción de Cornare. El Grupo de Investigación y Laboratorio de Monitoreo Ambiental —G-Lima—, que integra la Facultad de Ingeniería de la UdeA, es el encargado de operar en total 41 instrumentos de alta tecnología que van desde sensores de nivel, pluviómetros y sensores de calidad del aire y que distribuyeron a lo largo de 31 cuencas hidrográficas.
El proceso de implementación de este sistema comenzó en la última semana de enero y a finales de febrero debe quedar listo para servicio de la comunidad, según Luisa María Gómez Peláez, coordinadora del proyecto integrante del Grupo G-Lima.
Los equipos están diseñados para monitorear los niveles de ríos y quebradas que tienen vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. Por ejemplo, en las cuencas que bañan a El Retiro y en los últimos años han puesto patas arriba al municipio con graves inundaciones.
Con esta nueva tecnología se podrán construir registros de lluvias por los próximos años, lo que permitirá reducir la incertidumbre respecto a las dinámicas hídricas de las cuencas. Cada instrumento tiene la capacidad de transmitir datos en tiempo real que será alojada en un sitio web de acceso al público que se convierte en insumo para generar las alertas tempranas para informar a los pobladores y también a las autoridades y organismos de emergencia de cada municipio.
El siguiente paso, según Gómez Peláez, es construir con las comunidades en zona de influencia de estas cuencas los protocolos de respuesta frente a posibles emergencias; capacitar a los campesinos en cuanto al funcionamiento de esta tecnología y construir entre la información técnica y los saberes empíricos de las comunidades unos planes robustos de gestión del riesgo que evite que se pierdan vidas.
Las alertas tempranas salvan vidas
Carlos Fernando Castro, consultor en ordenación territorial y gestión del riesgo, recordó que Medellín y Antioquia son ejemplares a nivel internacional en cuanto a sistemas de alertas tempranas comunitarias, pues además del exitoso modelo del Siata en el Valle de Aburrá, que este año cumple una década salvando cientos de vidas (lo hizo en 2022 ante lo que parecían inminentes tragedias en barrios como El Pesebre o San Javier, en Itagüí), el departamento tiene actualmente el Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo (SAMA), que con una red de 146 equipos entre pluviómetros, estaciones meteorológicas y protocolos comunitarios han desactivado potenciales desastres en los últimos 3 años.
Uno de esos casos fue el de Montebello, donde el 5 de mayo de 2024 una avenida torrencial tomó por sorpresa a los habitantes de las veredas Zarzitos y Honda, y lo que pudo ser una calamidad parecida a la de Salgar en 2015, terminó afortunadamente sin víctimas mortales ni lesionados gracias a que el equipo de monitoreo lanzó a tiempo a alerta y estos datos llegaron a su vez en cuestión de minutos a los chats de los líderes comunitarios que, a punta de voz a voz y apelando a las capacitaciones recibidas sobre gestión del riesgo, ayudaron a evacuar a toda la comunidad. Fue un caso atípico en el que todo lo que pudo hacerse bien se hizo y dio tiempo de salvar mascotas y hasta animales de granja y algunos inmuebles.
Pero el experto apuntó que además de robustecer los sistemas de alerta temprana es indispensable adaptar realmente el territorio. Y el dato que entrega es grave: sostiene que el 85% de los municipios en Antioquia tienen sus esquemas de ordenamiento tan caducos que en menos de 10 años buena parte de sus jurisdicciones enfrentarían amenazas concretas derivadas de la crisis climática.
Se van a cumplir dos años desde que el presidente Gustavo Petro les exigió a los alcaldes del país entregar los estudios microzonificados de sus municipios que establezcan por completo los riesgos por cambio climático y tomar decisiones en sus planes y esquemas de ordenamiento para responder ante esas amenazas: por ejemplo, dónde prohibir definitivamente la construcción de vivienda, dónde recuperar áreas naturales, dónde es posible adaptar el terreno y reducir los riesgos al ocuparlo. En Antioquia, ni siquiera los municipios del Aburrá tienen la tarea hech
