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Antioquia | PUBLICADO EL 30 noviembre 2021

Hidroituango: las seis dudas que deja el fallo

La condena de la Contraloría en segunda instancia ha sido criticada por políticos y expertos. Aseguran que es incompleta y tiene errores.

  • Carlos Felipe Córdoba, contralor General - Alonso Salazar, exalcalde de Medellín - Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista. Fotos Colprensa, Juan A. Sánchez y Cortesía
    Carlos Felipe Córdoba, contralor General - Alonso Salazar, exalcalde de Medellín - Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista. Fotos Colprensa, Juan A. Sánchez y Cortesía
  • Carlos Felipe Córdoba, contralor General - Alonso Salazar, exalcalde de Medellín - Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista. Fotos Colprensa, Juan A. Sánchez y Cortesía
    Carlos Felipe Córdoba, contralor General - Alonso Salazar, exalcalde de Medellín - Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista. Fotos Colprensa, Juan A. Sánchez y Cortesía

La condena de la Contraloría que obliga a 26 personas jurídicas y naturales a pagar 4,3 billones de pesos por detrimento patrimonial en las obras de Hidroituango, ha dejado bastantes dudas. Ya algunas inquietudes fueron expresadas en sendos textos por el exalcalde Alonso Salazar —condenado— y el economista y académico Luis Guillermo Vélez.

Más allá de que desde el primero de enero las obras en Hidroituango pueden quedar paralizadas, es muy extraño que en la decisión no se vincule a todas las personas claves que avalaron decisiones como la puesta en marcha del plan que aceleró las obras, o que el concepto del mismo no esté avalado por técnicos con trayectoria ni que se haya consultado a la academia. Le contamos algunas de las dudas, pues este caso puede terminar en instancias internacionales, aunque el contralor Carlos Felipe Córdoba ya ha dicho que no tiene miedo, que por eso tiene ocho perros.

¿Hacen falta nombres en el fallo?

Los sucesos por los que la Contraloría realiza la condena ocurrieron entre 2012 y 2018, pues fue cuando se tomó la decisión de acelerar las obras, entre las que se incluyó la construcción de un nuevo túnel no contemplado en los diseños originales. Por tales hechos se condena a Alonso Salazar, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, que en su momento fueron alcalde y gobernadores, respectivamente. Justo Salazar se pregunta —haciendo la salvedad de que todo obedeció a “un hecho imprevisible”—: “No se entiende por qué excluyó a los exalcaldes Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria y al exgobernador Luis Pérez, que tuvieron bajo su supervisión el diseño y la construcción, entre 2016 y 2017, de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), cuyo colapso fue el origen de todo”. Esta ha sido una duda que ha rondado el caso, y lo que muchos analistas y políticos se preguntan es si el ente está favoreciendo a un espectro de los que considera responsables.

Condena a no relacionados con la crisis

La duda anterior está directamente relacionada con esta. Para el momento en que Alonso Salazar era alcalde y Luis Alfredo Ramos era gobernador no había obras en Hidroituango, la central hidroeléctrica era apenas una firma, el conato de un proyecto. Pese a esto, la Contraloría los condena por la crisis desatada en 2018. Dice Salazar: “La Contraloría miró el pasado, hasta diez años atrás (2008), a los inicios de la obra; retomó, revolvió tiempos, no caracterizó ni jerarquizó responsabilidades de entidades y personas, relacionó de manera arbitraria supuestas causas con la consecuencia”.

Errores y falta de conceptos técnicos

Pese a que la Contraloría lleva tres años haciendo la investigación para el fallo que ahora está a un trámite en el Consejo de Estado para quedar en firme, en su escritura hay varios conceptos errados que, en palabras del experto Luis Guillermo Álvarez, dejan mucho que desear. Y es que dice que los abogados “no distinguen entre energía y potencia y escriben idioteces como ‘Hidroituango no ha producido un solo KW’ o ‘estaba programada para generar 2.400 MW diarios’”. Y es que la decisión estuvo impulsada sin experto alguno, pues no hay un solo ingeniero citado en el fallo, no hay ningún perito invitado para iluminar los conceptos que luego tomaron forma de condena.

No hubo expertos en el fallo

El profesor Vélez Álvarez destaca como en las hojas de vida de los abogados de la Contraloría no hay muestra de experiencia en temas empresariales o de ingeniería. Dice que su experiencia es de “pequeños cargos en burocracias municipales o departamentales. Ninguno de ellos muestra experiencia en negocio o empresa alguna”. Y es que como en toda investigación disciplinaria y judicial, es necesario que quienes llevan adelante la tarea tengan experiencia probada en la materia, algo sumamente difícil en un caso tan particular como Hidroituango.

Los Motivos del fallo son ambiguos

Está claro que en las más de dos mil páginas que tiene el fallo no se menciona ni una sola vez la palabra corrupción. Nunca se asegura que la obra se haya adelantado con materiales de mala calidad. Se asume que desde 2008 se tomaron decisiones que no eran acordes con los buenos negocios. Para ser exactos, se menciona que hubo “falta de diligencia del buen hombre de negocios”, una asimilación subjetiva. Sobre este punto, Vélez destaca: “Sus abogados no tienen derecho a imaginar, a suponer o a inferir por introspección que los encartados no fueron diligentes. Tienen que probarlo. No pierdan el tiempo: en las más de dos mil páginas no se encuentra un concepto o dictamen de experto sobre el asunto. La Contraloría ha debido consultar a dos, tres, cuatro escuelas de administración o negocios. Pero no. La conclusión sale de la cabeza de personas que jamás han tenido un negocio o una empresa o trabajado en la de otro”.

EPM no aparece como culpable

Todas las decisiones que se tomaron en Hidroituango fueron avaladas por EPM. Este es un argumento que han dado expertos y contratistas. Incluso el mismo exgobernador Luis Pérez aseguró en su momento —cuando el alcalde Daniel Quintero decidió demandar— que toda la responsabilidad era del conglomerado público por ser quien autorizaba todos los procedimientos. Justo los condenados y el profesor Vélez coinciden en que el fallo “tuerce la verdad”, pues en actas consta que nunca se dejó de seguir el consejo de EPM y su board de expertos

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