Este argumento ya había sido planteado por Rendón a comienzos de febrero pasado, cuando en el municipio de Támesis varios alcaldes del Suroeste y la Gobernación se enfrentaron en una audiencia de socialización con las ministras de Agricultura Marta Carvajalino y de Ambiente Susana Muhamad, esta última ya por fuera del cargo.
En aquel encuentro, en el que también participaron varios congresistas antioqueños, se cuestionó no sólo la participación que había dado la Nación a los entes territoriales y las comunidades para incidir en la resolución, sino que se cuestionó las implicaciones que podrían tener para la producción agrícola.
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“Nos encontramos aquí reunidos no porque estemos defendiendo una actividad económica u otra. Nos encontramos aquí porque estamos defendiendo algo más caro, más importante, que es la autonomía de las regiones”, expresó Rendón en aquella jornada.
“Lo que estamos demostrando aquí es que además de reconocernos tenemos la disposición política de encontrarnos. Se me pide suspender los efectos de una decisión administrativa esta servidora en representación de los campesinos que producen alimentos. Pues diremos con toda claridad: mantendremos la decisión”, respondió entonces por su parte la ministra Carvajalino.
Transcurridos tres meses, Rendón interpuso entonces la acción ante la Corte Constitucional, argumentando ahora que la ley en la que se ampararon las ZPPA y APPA iría en contravía no solo del artículo 1 de la Constitución, sino del 287, 311 y 313.7, que establecen los principios de ordenamiento territorial y reglamentación de los usos del suelo.
