Un mundo de oraciones, ruegos, angustias, esperas infinitas, lágrimas y más lágrimas han sido los últimos 20 años para la familia Toro Orrego, otra de las bofetadas de la violencia paramilitar en el país.
El 21 de agosto de 1996 fueron desaparecidos por las Auc, María Mercedes Toro y su esposo Juan Carlos Ortiz; el 4 de septiembre corrió la misma suerte su hija Claudia Elena y días después dos personas más. Se les señaló de ser auxiliadores de la guerrilla. El tiempo y los acontecimientos que siguieron probaron que el objetivo era otro: despojarlos de una ladrillera que poseían en el municipio de Frontino, occidente de Antioquia.
Darío Moreno, alias Mateo, cuyo poder fue terror en el occidente antioqueño, movió las fichas iniciales para que las Auc procedieran contra los Toro. Un primer señalamiento suyo fue suficiente para que le autorizaran secuestrarlos. Plagió a los dos primeros en el sitio Manglar, cuando regresaban de Frontino a Medellín. A Claudia la interceptaron en la loma Los Balsos, en El Poblado.
Los secuestrados fueron reunidos en una casa campesina en Morro Seco, de Sopetrán, donde operaba un campamento paramilitar. Los tuvo cautivos por un mes. Al cabo de ese tiempo pidió permiso a Carlos Castaño, comandante de las exAuc, para proceder en su contra, narró Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, tras entregar armas y acogerse a Justicia y Paz.
La respuesta de Castaño fue la muerte. “Mátelos y desaparézcalos. A mí me mandan la camioneta (propiedad de los asesinados, una Chevrolet roja, cuatro por cuatro)”, dijo Memín.
Recibida la sentencia, “Memín” les ordenó a alias el “Cóndor” y “Pablo” que procedieran. “Los sacaron del campamento en un carro y como a los cinco minutos los bajaron y les dispararon”. Las víctimas quedaron en dos fosas: en una María Mercedes y su hija Claudia; en la otra Juan Carlos. Luego las sellaron con tierra de un potrero, donde permanecieron por más de una década, hasta 2007.
Embargo, otro drama
Un año antes de ser asesinada, el 2 de octubre de 1995, María Mercedes Toro, comerciante y madre de cuatro hijos, recibió la aprobación de un crédito del Banco Ganadero, hoy BBVA, sucursal La Ceja, por 250 millones de pesos, para invertirlos en la ladrillera. Como prenda de pago comprometió varios apartamentos en el edificio Los Toritos, de Bello. Sus hijas Claudia Elena (q.e.p.d) y Jacqueline, fueron las deudoras solidarias.
En los apartamentos hoy vive la familia, entre ellos los abuelos de 93 y 97 años... El crédito fue amparado con el seguro de vida grupo deudores de la compañía Skandia de Vida S.A. (aseguradora absorbida por el Liberty Seguros de Vida S.A.)
A su vez este seguro se adjudicó a otras tres compañías aseguradoras, por póliza suscrita el 2 de octubre de 1995 en La Ceja, en la cual figuraba María Mercedes como asegurada y el Banco BBVA, como tomador y beneficiario de dicho seguro.
Desaparecida María Mercedes y su familia objeto de amenaza de exterminio, cesó el pago del crédito. El banco, sin soporte jurídico sobre la muerte o desaparición de la deudora optó por embargar los bienes comprometidos. Tampoco hizo uso del seguro, que respaldaba la deuda, como sí lo hizo con otro seguro que la desaparecida tenía con la institución.
El seguro solo apareció en 2007 cuando la familia logró, por intermediación de la Superintendencia Financiera de Colombia, al responder un derecho de petición de Jacqueline Toro, que la entidad crediticia presentara el documento, el cual estuvo vigente con Seguros Skandia hasta abril de 1997.
Exilio y muerte
El acoso de las Auc no terminó con las desapariciones. Como la principal fuente de vida de la familia era la ladrillera de Frontino, María Elena Toro, hermana de María Mercedes, y un hijo de la primera, Franklin Varón Toro, asumieron el negocio.
El 21 febrero de 1997, Franklin viajó de Medellín a Frontino, acompañado de su amigo Guillermo Serna, para cancelar los servicios públicos del negocio. Cerca de Frontino fueron interceptados por un capitán del Ejército de apellido Prieto, que los trasladó hasta el Batallón Pedro Justo Berrío, del mismo pueblo. A las cuatro de la mañana del 22 de febrero, el oficial les entregó sus detenidos a los paras, consta en los testimonios recibidos por Justicia y Paz al indagar por el caso.
Sobre estas desapariciones, Memín respondió al fiscal que lo entrevistaba: “Ya serán Conrado y Mateo, quienes se encontraban en ese municipio de Frontino, quienes esclarecerán estos hechos, ya que yo no patrullaba ese municipio y me encontraba en Morro Seco”.
El mismo 21 de febrero de 1997, en horas de la noche, las Auc dejaron un panfleto en la ladrillera donde le advertían a la familia que debían abandonar el pueblo. “Cualquiera que regrese de la familia a Frontino lo desaparecemos”, rezaba el panfleto. La familia huyó del pueblo e inició el incierto camino del destierro.
La persecución se hizo implacable. Acorralados por los paras y un Estado que no parecía actuar, el CICR sacó del país a las hijas de María Mercedes y otros de sus parientes cercanos, entre ellos dos bebés de tres y un año. La amenaza era extensa y no contemplaba edades.
El último contacto de los secuestrados para salvar sus vidas, lo hicieron días antes de su ejecución cuando les permitieron llamar al abogado Carlos Mario Molina Arrubla, acreedor de María Mercedes, para solicitarle que traspasara a unas personas, cuya identidad aún no está establecida, unos lotes que ella poseía en Santa Fe de Antioquia “como pago por un apartamento”. La familia respondió reclamando una prueba de supervivencia. Esta nunca llegó, como tampoco la noticia del fusilamiento.
La trama judicial
El primero de octubre de 1996, días antes de que fuera sacada del país por la Cruz Roja Internacional, el BBVA, al continuar con su proceso ejecutivo, notificó del mandamiento de pago a Jacqueline Orrego, hija de María Mercedes, y una de las deudoras solidarias.
Así, la discusión entre las partes pasó a la justicia en el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, en cabeza de la jueza Clara Ligia Castaño Velásquez, quien en fallo de primera instancia, del 24 de octubre del 1997, dio la razón a las demandadas declarando la prosperidad de una excepción, que propuso Jacqueline antes de tiempo, ya que María Mercedes había hecho una reestructuración del crédito, con el gerente de la sucursal de La Ceja, León Jaime Restrepo, quien en declaración en el juzgado ratificó el mismo, pero el banco desconoció tal acuerdo y demandó a la desaparecida, por mora.
Al notificar a la familia de su fallo, la Jueza le comunicó personalmente a Jacqueline que por ese caso había sido amenazada de muerte y le recomendó que tuviese cuidado.
Al no aceptar la decisión de la Jueza, el Banco llevó el caso al Tribunal Superior de Medellín, que el 21 de mayo de 1999, con sentencia del magistrado Silvio Arias Zuluaga, revocó la decisión de la jueza y ordenó seguir la ejecución.
Luego fue Jacqueline, quien el 22 de julio de 1999, a través de su abogado, interpuso una acción de tutela por la violación del debido proceso de las dos demandadas desaparecidas (María Mercedes y Claudia Elena) ya que habían sido vinculadas al proceso emplazándolas y nombrándoles curador “ad litem”, como si se tratara de personas ausentes y no desaparecidas.
La tutela fue resuelta a favor por el Tribunal Superior de Medellín, que falló a favor de las dos demandadas desaparecidas, por violación al derecho de defensa y se ordenó anular el proceso cuestionado en cuanto a las dos demandadas respecta, desde el auto que ordenó su emplazamiento.
En cuanto a Jacqueline se anuló todo desde el acto que había citado para audiencia de conciliación.
Tal fallo de tutela fue impugnado por el BBVA y fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia (14 de septiembre, de 1999) revocando el fallo que les había concedido la tutela jurídica a las desaparecidas y sus efectos y confirmó todo lo demás, lo que lleva a seguir con la ejecución.
Este caso fue a revisión de la Corte Constitucional, que lo acogió y resolvió, mediante sentencia T1012 de diciembre de 1999, de los magistrados Alfredo Beltrán Serna y Carlos Gaviria Díaz (q.e.p.d), quienes ordenaron revocar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y confirmaron la tutela jurídica a las desaparecidas.
Así el proceso hipotecario fue declarado nulo desde el emplazamiento de las dos deudoras desaparecidas y respecto a Jacqueline fue nulo, a partir del 9 de diciembre de 1996. En este punto, el proceso entró en una suerte de limbo del que salió en 2009, cuando el banco rehizo la práctica de las notificaciones, en el mismo juzgado donde comenzó el proceso: Juzgado 12 Civil del Circuito de Medellín.
Esta vez, el despacho, con nuevo juez, Juan Enrique Posada Soto, evaluó pruebas y falló a favor del BBVA.
Jacqueline no aceptó la decisión, y a través de su abogado llevó el caso al Tribunal, donde tampoco prosperó su reclamo, por lo que pasó a la Corte Suprema de Justicia y ahora, vía tutela, interpuesta por la familia, está en poder de la Corte Constitucional que acogió la demanda jurídica para estudio y dictar jurisprudencia. (Ver recuadro)
Consultado el BBVA sobre el caso, a través de su jefatura de prensa manifestó que nada tenía para decir al respecto porque el mismo estaba en manos de la justicia.
Los desaparecidos
Paralelo al proceso ejecutivo, la familia comenzó a recorrer, desde 1998 otro camino judicial tratando de que otro sector de la justicia reconociera la presunta muerte, de sus cinco seres queridos, por desaparición forzada.
Entre 2004 y 2005 la justicia consideró que nada había que hacer por los desaparecidos y les declaró la muerte presunta como pedía la familia. La noticia fue lacerante. Legalmente se podía llorar a los cinco como muertos, pero ¿dónde llevarles flores?
Ni el horror de las amenazas ni los tiempos de muerte que por aquellos años se vivían en todo el país, campos y ciudades, detuvo la firmeza de las abuelas María Elena Toro y María Mercedes Agudelo por recorrer caminos que las condujeran a los suyos.
El grupo Madres de la Candelaria y otros colectivos de búsqueda de víctimas les tendieron la mano para llevarlas por el espinoso recorrido.
Confeccionaron carteles, hicieron numerosos viajes, averiguaciones y exploraciones detalladas de todo sitio donde les informaban sobre posibles tumbas anónimas.
Mientras los más jóvenes envejecieron en esa búsqueda incesante, los más viejos juraron seguir con vida hasta hallar a María Mercedes, Claudia, Juan Carlos, Franklin y Guillermo.
Cuando todo se creía perdido, María Elena le envió una carta abierta a Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna en tiempos de guerra y don Adolfo Paz, al deponer las armas, para solicitarle su apoyo.
Murillo, comprometido con el proceso de Justicia y Paz tocó la puerta que había que tocar. Se comunicó con Memín, pese a que no estaba bajo su mando, y le ordenó dar pistas concretas sobre el lugar donde habían quedado los cuerpos.
Frente a la orden, alias Memín, no dudó. Al rendir indagatoria ante un fiscal de Justicia y Paz afirmó: “Ya para el año 2005 o 2006, no recuerdo, alias don Berna o alias don Adolfo, estando ya en Justicia y Paz me dice que si yo sabía dónde tenían esa familia Toro para él entregarlos a Justicia y Paz. Yo al ver que ese señor también tenía un alto mando, a sabiendas que no era mi comandante, pero él era del Estado mayor de las autodefensas, decidí entregarle a esas personas para de ahí en adelante no sé más que pasó con ellos”.
La Fiscalía exhumó los restos de María Mercedes, Juan Carlos y Claudia, quienes por fin descansan en tierra santa y reciben, cada primero de noviembre, flores cargadas de recuerdos y amor. Por Franklin y Guillermo la búsqueda no cesa.
En una entrevista con Jaqueline, alias “Memín” le pidió perdón. Al despedirse comentó que él había matado a mucha gente, la mayoría “personas inocentes” que pagaron con sus vidas por castigos que nunca cometieron.
Sobre la ladrillera... quedó en manos de un exalcalde de Frontino, hoy preso por parapolítica.
