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Fallo que elimina 194 cupos de taxis en Caldas salpica también al alcalde Mauricio Cano

Denuncian que el alcalde tiene un conflicto de intereses y busca favorecer negocio familiar. La administración dice que cumple orden judicial.

  • El 61% de los taxis del municipio saldrán de circulación durante el próximo año porque un juez anuló el decreto por medio del cual se expidieron los cupos de los carros. FOTO Carlos Velásquez
    El 61% de los taxis del municipio saldrán de circulación durante el próximo año porque un juez anuló el decreto por medio del cual se expidieron los cupos de los carros. FOTO Carlos Velásquez
04 de mayo de 2023
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En Caldas las aplicaciones de transporte privado se cotizan al alza, pues de los 318 taxis que hay en el municipio, 194, es decir el 61%, dejarán de rodar en los próximos 12 meses.

La razón por la cual esos carros amarillos saldrán de circulación no es el mal estado de los vehículos, ni una renovación de la flota, ni que los caldeños prefieran otros medios de transporte más económicos. Resulta que un fallo está dejando sin trabajo cada semana, a cuenta gotas, a decenas de taxistas que ahora acusan al alcalde Mauricio Cano de negligencia y de aprovechar su cargo para favorecer el negocio de su familia.

La historia incluye a tres administraciones locales y empezó en el 2015, cuando la entonces alcaldesa Mónica Raigoza contrató un estudio por $38 millones para determinar la necesidad de aumentar la asignación de cupos en el municipio. Ese estudio sugirió aumentar la flota en casi 200 unidades. Sin embargo, Raigoza no alcanzó a hacer esa ampliación de cupos antes de terminar su mandato.

Fue en 2018, ya en la administración del alcalde Carlos Eduardo Durán, cuando mediante un decreto se expidieron 194 cupos que se repartieron entre cuatro empresas de taxis: TaxPoblado, TaxBelén, TaxBrasil y Sabatax. La empresa Flota Caldas Ltda, la compañía de taxis tradicional del municipio, y hasta ese entonces la más grande, decidió no participar del proceso. Y no solo no participó, sino que apenas se expidió el decreto que amplió los cupos, lo demandó y pidió su nulidad, alegando que el Municipio no había cumplido con los requisitos para expandir su flota.

De acuerdo con el demandante, la decisión de aumentar los cupos no es autónoma de un municipio sino que debe tomarse de común acuerdo con todos los integrantes del Área Metropolitana y se necesita una autorización del Ministerio de Transporte y, según Flota Caldas, la alcaldía de ese entonces no hizo ni lo uno ni lo otro. La opinión de José Alejandro Zapata, secretario de Transporte y Tránsito del gobierno de Durán, es diferente. Según él, en 2018 sí le pidieron un concepto al Área y al Ministerio pero ambos respondieron que la decisión era del Municipio.

Sin embargo, en septiembre de este año el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín le dio la razón a Flota Caldas y declaró la nulidad del decreto. Esa es el motivo por el cual la administración actual, en cabeza del alcalde Mauricio Cano, no le está renovando ni les va a renovar la tarjeta de operación a todos los taxis beneficiados por el acto administrativo de 2018. Esa tarjeta se renueva una vez al año.

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Poco o nada de esto sería llamativo si no fuera porque Darío de Jesús Cano, el padre del alcalde Mauricio Cano, es uno de los socios capitalistas mayoritarios de Flota Caldas, la que se opuso y demandó la resolución. Además, el mismo alcalde es propietario de un taxi afiliado a esa empresa e hizo parte de su junta directiva hasta 2018, cuando era concejal.

Por esto es que los taxistas perjudicados dicen que la administración de Cano no ha velado por los intereses generales del municipio que dirige sino por sus intereses particulares. Pues aunque el decreto de la discordia no se emitió en su mandato, sí le correspondió a él la defensa del fallo y, esa defensa, dicen los afectados, fue deficiente, ya que ni siquiera presentó una apelación al fallo que deja sin trabajo a casi 200 caldeños, ni nombró a otra autoridad para asumir esa defensa a pesar de su evidente conflicto de intereses.

El alcalde responsabiliza a las administraciones anteriores de no cumplir con los requisitos para ampliar los cupos. Según él, no tiene otra alternativa que seguir el fallo y empezar de cero otro proceso para expedir los cupos, proceso que puede demorarse años. ¿Qué pasará con los 194 taxistas mientras tanto?

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