En Antioquia, la región de la bonanza, la producción en masa y el abastecimiento, la dieta balanceada sigue siendo uno de los problemas cruciales en las familias: 7 de cada 10 hogares del departamento se encuentran en riesgo por inseguridad alimentaria.
¿Esto qué significa? Las cifras son preocupantes: en 2019, por ejemplo, el 18,9 % de los niños y niñas menores de cinco años estaba en riesgo de desnutrición global. La anemia afectó al 25,1 % de esta población y los registros mostraron el retraso en talla en un 10 %.
Pero el asunto no es solo de aguantar hambre. Del otro lado, además, el 17,4 % de estos niños tenía riesgo de sobrepeso y más de la mitad de la población adulta, el 58,7 %, presentó exceso de peso.
Estas cifras fueron recogidas por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional—Maná— de la Gobernación y la Universidad de Antioquia en su Perfil alimentario y nutricional de 2019, elaborado con información proveniente de una muestra representativa de hogares en las nueve subregiones (ver Paréntesis), estudio que no se hacía desde hace 15 años.
Una de las principales conclusiones del estudio es que los antioqueños tienen una dieta alta en grasas saturadas, baja en proteína y fibra. Los hogares más vulnerables habitan en el área rural, tienen ingresos muy bajos y conexiones a los servicios de agua y alcantarillado aún precarias.
Reestructurar el menú
Lorena Mancilla López, coordinadora científica del proyecto, explica que la inseguridad alimentaria (ISAH), como su nombre lo indica, es la incertidumbre en un hogar de que los alimentos estarán disponibles en la cantidad y calidad adecuada para garantizar un buen estado nutricional.
“Es como cuando en una familia, por ejemplo, hoy sabe que comió, pero mañana ya no hace tres comidas sino dos. O ya no puede comprar carne, sino que tiene que beber aguapanela todo el día, no pueden consumir frutas o algunos productos lácteos”, dijo Mancilla.
La investigadora añadió que, en la escala de la inseguridad alimentaria, cuando un hogar recibe la categorización de “ISAH severo” es porque ya es muy probable que sus miembros estén pasando hambre (ver gráfico).
Nueve de cada 10 hogares (90,8 %) cuyos ingresos mensuales fueron inferiores a medio salario mínimo, se encontraron en inseguridad alimentaria y cuando el jefe de hogar no tenía estudios la ISAH afectó a 8 de cada 10 hogares (80 %).
Los expertos, además, no esperaban que el panorama fuera tan crítico. Encontraron que en Antioquia ha crecido el consumo de alimentos ultra procesados, como dulces o productos de paquete, en detrimento de los naturales. A esto se le suma el sedentarismo.
En estos factores, indicó Mancilla, también inciden la distribución inequitativa de la riqueza y el acceso a la tierra. El informe explica que la producción de alimentos se desarrollaba en medio del abandono estatal, el uso excesivo de agroquímicos y la expansión de los monocultivos. Y, además, bajo una limitada información por parte de los productores y escasa regulación del Gobierno.
Como parte de esos entornos vulnerables está el efecto de la publicidad televisiva en la compra de ultraprocesados como chocolatinas y bebidas azucaradas. En el caso de los niños de 1 a 9 años, el impacto de esa publicidad se evidenció en que el 64,5 % de los adultos responsables compró estos productos para los niños.
Mancilla enfatizó en que el estudio ahondó en los alcances del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y encontró que la oferta de las tiendas escolares es casi de ultraprocesados: “Los niños están allá siete horas y básicamente solo tienen acceso a este tipo de alimentos. La escuela tiene un ambiente que, incluso, propicia asuntos que van en contra de una buena nutrición”.
Viviana Ramírez, coordinadora del área de Nutrición de la Fundación para la Atención a la Niñez, FAN, manifestó que los padres sí tienen la responsabilidad de contribuir a una mejor dieta desde casa. Por ejemplo, al controlar el impulso de castigar o premiar con los alimentos, como darles golosinas por el buen comportamiento.
“Otro consejo desde el hogar, por el asunto de los recursos, es ser muy creativos con lo poco que tengamos y saber comprar los alimentos, tener en cuenta las frutas y verduras que estén en cosecha, hacer buen almacenamiento en la nevera para que no se dañen fácilmente”, dijo.
Roberto Torres, docente de la Institución Educativa San José de Venecia, en el Suroeste, contó que este sí es uno de los retos en el ambiente escolar. El servicio de alimentación no está disponible para el bachillerato y, a veces, cuando un estudiante no tiene para comer durante la jornada, son los mismos profesores los que subsidian de su propio bolsillo los refrigerios.
Zonas en rojo en el país
A pesar del panorama, Juliana Pungiluppi, directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, le explicó a EL COLOMBIANO que Antioquia no es uno de los departamentos más graves en este sentido. El año pasado en el departamento se notificaron al Instituto 13 casos de muerte por desnutrición o enfermedades asociadas y en 2019 se han reportado 11.
Si se compara con otros departamentos, las cifras no son tan altas como en Cesar, que reportó 29 casos de muertes por desnutrición en 2018 y 18 este año. La Guajira registró 80 casos y este año tiene reportados 40.
Para la desnutrición como para la malnutrición por obesidad (como ocurre en San Andrés Islas), dijo la funcionaria, diseñaron estrategias. El plan de “Ni uno más” (desnutrición), permitió que las notificaciones por muertes disminuyeran en un 15 % en el país, puesto que habían aumentado en un 37 %.
Además, dijo Pungiluppi, se crearon 15 unidades de búsqueda activa que van por todo Colombia para encontrar y tratar a los niños en riesgo.
Hugo Díaz Marín, gerente de Maná, explicó que el perfil alimentario, cuyo costo de elaboración fue de $8.500 millones, permitirá la toma de decisiones más acertadas en las políticas relacionadas con nutrición en Antioquia.
En la gestión pública, precisamente, el informe encontró algunas falencias. El estudio concluye, entre otras cosas, que las capacidades del Estado para crear políticas territoriales en este tema no han sido desarrolladas suficientemente y, en general, las causas estructurales del hambre y de la inseguridad alimentaria parecen rebasar la capacidad institucional. Por eso, explicaron, el reto es apartarse de las medidas “esencialmente asistencialistas” para favorecer la producción campesina de alimentos, la comercialización de productos agroecológicos y mínimamente procesados.
Mancilla añade que en Colombia el rezago es evidente en el etiquetado de los alimentos fabricados, que aún no llevan advertencias de si son altos en azúcares o en sodio. Y, según el estudio, solo el 48,5 % de los adolescentes y el 51,5 % de los adultos declararon que leen la información que hay en el empaque .
