En Antioquia insisten en que Savia Salud es viable y está alineada a las propuestas del gobierno Petro

Aseguran que la EPS está en sintonía con propuestas de Petro y que liquidarla causaría una crisis sin precedentes.

El 92% de los usuarios de Savia pertenecen al régimen subsidiado, es decir, la población más vulnerable. Es la única EPS que le apostó a tener presencia en los 125 municipios.. FOTO julio herrera

En Antioquia insisten en que Savia Salud es viable y está alineada a las propuestas del gobierno Petro

Juan Felipe Zuleta Valencia

12 de diciembre de 2022

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A Savia, la EPS que nació en 2013 para garantizar la prestación de servicios de salud a la población más vulnerable de Antioquia, le quedan 46 días para resolver su futuro.

La prórroga de cuatro meses que ordenó la Supersalud a la medida de vigilancia especial sobre la EPS vence el próximo 27 de enero, fecha en la cual se sabrá si se salva o está condenada a la liquidación. Sin embargo, a juzgar por las pistas que han arrojado la Superintendencia y el Gobierno Nacional, el panorama para la entidad no pinta favorable.

La EPS mixta que atiende a 1.673.345 usuarios –de los cuales el 92 % pertenecen al régimen subsidiado– ha caminado al borde del precipicio desde 2015, ahogada en deudas y miles de quejas e incumplimientos contra los afiliados, lo cual desencadenó que la Supersalud tomara cartas en el asunto y ordenara en agosto de 2017 una vigilancia especial que obliga a Savia a lograr una reestructuración financiera y organizacional.

Con esa obligación en su horizonte, y tras muchos ires y venires, concretó en junio pasado un plan de capitalización con el que creen posible superar la crisis. El plan consiste en convertir a los hospitales del departamento en socios de Savia, cuyos accionistas actuales son la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín (con el 36,65% de participación cada una) y Comfama (con el 26,70%).

La propuesta que les hizo Savia a los hospitales es que capitalizaran la plata que les adeudaba: si la EPS les debía x cantidad de dinero, los hospitales podían capitalizar un porcentaje de esas acreencias, que automáticamente se reducía en la cartera de Savia y le entregaba al hospital una participación en la EPS.

Después de un largo tejemaneje, 14 hospitales públicos y 8 privados aceptaron la propuesta. En junio se hizo el anuncio: la Gobernación se comprometió a poner $40.000 millones, mientras que los hospitales hicieron lo propio con otros $40.000 millones, Comfama se apuntó con $4.000 millones y otros prestadores privados se comprometieron a poner el dinero restante para alcanzar $120.000 millones y así empezar a tener un patrimonio positivo. Mejor dicho: volverse viable.

La Supersalud debía dar su visto bueno para hacerlo oficial, pero entre el cambio de Gobierno y el torbellino de anuncios y propuestas sobre transformaciones de fondo en el sistema de salud, este último trámite se dilató.

Y ahí está Savia, en esa especie de limbo. El 28 de septiembre, justo al vencerse el antiguo plazo de la vigilancia especial, la Super le dio una bala de oxígeno con la prórroga de cuatro meses que ha alcanzado para poco, pues las conclusiones que entregó la Super no son alentadoras y mucho menos lo son las declaraciones de la ministra Carolina Corcho, quien incluso ha puesto como ejemplo a Savia al hablar de los males del actual sistema de salud.

Para colmo, la discusión sobre el futuro de Savia se ha salido del margen de los argumentos técnicos para enlodarse con peleas políticas. El alcalde Daniel Quintero, por ejemplo, en lugar de cerrar filas en torno a la EPS, tal como le correspondería a la Alcaldía como socia, mintió sobre el origen de la entidad acuñándole un falso complot de Sura para crear una EPS que se encargara de los más vulnerables, otra estratagema del alcalde en su guerra contra el GEA.

Al margen del ruido y la desinformación, los verdaderos interrogantes a resolver son la viabilidad financiera y el futuro de los 1,6 millones de usuarios a partir del 27 de enero. A continuación contrastamos conceptos sobre el panorama de la segunda EPS más grande de Antioquia.

Los pecados que arrastra savia

Lo que plantea el superintendente Ulahí Beltrán López es que, en esencia, Savia sigue rajándose como aseguradora en servicios de salud. Según la Super, es una de la EPS con más quejas en el país: 25.778 peticiones, quejas y reclamos por fallas en la atención a los usuarios, de las cuales 9.603, es decir el 37,2 %, corresponden a a casos en los que la vida está riesgo.

Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que Savia atiende a 18.928 usuarios diagnosticados con cáncer, 461 con enfermedades huérfanas, 5.220 con diagnóstico de VIH, 219.528 con patologías cardiovasculares y renales y 37.205 con diagnósticos neurológicos, reumatológicos, respiratorios, osteomusculares y trasplantes.

Estos hallazgos dieron pie a la ministra Corcho para sentenciar en pleno Congreso que la eventual liquidación de Savia no sería la causante de la privación del servicio, porque de hecho Savia ya pone en riesgo a los usuarios “acabando con la prestación del servicio” al deberles más de $700 mil millones a quienes los prestan –hospitales y clínicas– y acumular miles de tutelas de afiliados.

En cuanto a lo financiero, las cuentas que tiene la Supersalud dicen que, con corte a septiembre, Savia tenía brechas de $565.337 millones en capital mínimo y $735.367 millones en patrimonio adecuado. La conclusión que tiene el órgano de vigilancia a escasas semanas de que se venza el plazo es que Savia Salud no cumple con el indicador de capital mínimo, patrimonio adecuado ni el régimen de inversiones de la reserva técnica para las vigencias 2021 y 2022.

“Savia sí es viable y es lo que quiere Petro”

Las cifras y los hechos que plantean desde Savia contrarían el panorama que arroja el Gobierno Nacional sobre la EPS antioqueña.

Luis Gonzalo Morales, exgerente de Savia y quien tuvo a cargo la construcción del plan de capitalización y reorganización, dice que lo primero es aclararle las cifras a la ministra Corcho.

Explica que de los $700.000 millones que habla la ministra, $331.000 millones son pasivos exigibles, es decir, deudas reconocidas con prestadores de salud, de las cuales el 70% están a menos de 90 días. Las deudas vencidas con los hospitales que tienen más de 90 días ascienden a poco más de $99.000 millones. Esta plata, detalla Morales, quedaría completamente pagada con los recursos de la capitalización, esos $120.000 millones que están listos, esperando el visto bueno de la Super.

Los $377.000 millones restantes, apunta el exgerente, son deudas contables: $250.000 en reservas técnicas y $90.000 en provisión de glosas. La entidad lleva tres años sin arrojar pérdidas y en los últimos cuatro años sus deudas se redujeron en un 47 %. Su conclusión, por lo tanto, es que la EPS es completamente viable.

Además, en lo que insisten Morales y la actual gerente, Lina Bustamante, es que Savia ya lleva a la práctica la propuesta de modelo preventivo-predictivo con el que el gobierno de Gustavo Petro pretende revolucionar el sistema de salud en Colombia.

Savia tiene más de 10 Rutas Integrales de Atención –RIAS– y 450 gestores de riesgo. Funcionan así: los prestadores se unen para garantizar toda la ruta de atención de pacientes, por ejemplo, de VIH, cáncer y con trastornos mentales. Esto garantiza que los pacientes no vuelvan a necesitar ninguna autorización ni sufrir demoras en su tratamiento por líos administrativos. Es la única EPS del país que lo hace y es lo más cercano, explican, a la idea de Petro y Corcho de que las EPS se conviertan en prestadoras de servicios o se integren a la prestación del servicio.

La capitalización, que hoy está en vilo por falta de una decisión favorable del Gobierno, ofrece, a juicio de González, un ejemplo tangible del deseo del Ministerio de Salud de que prestadores y aseguradores se integren, pues en este caso los hospitales pasan de ofrecer servicios a ser socios de la EPS, teniendo incluso dos miembros en junta directiva.

Varios gerentes de hospitales consultados dicen sentirse incómodos con la incertidumbre que ha generado la Super alrededor de Savia, pues señalan que tras muchas discusiones habían llegado a un plan para garantizar el pago de las millonarias deudas que tiene la EPS con ellos y que una eventual liquidación sería un golpe financieramente mortal y también una incoherencia frente a las declaraciones del Gobierno sobre la necesidad de proteger a los hospitales públicos.

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), Luis Hernán Sánchez, ya advirtió que la posible liquidación de Savia deja a la red pública en crisis. De 331 contratos de Savia, el 72 % los tienen con la red pública. La desaparición de Savia dejaría huecos irremplazables en la facturación de decenas de IPS y E.S.E. en el departamento.

¿Y qué pasaría con los afiliados?

Durante el control político que enfrentó en el Congreso, la ministra Carolina Corcho aseguró que le pondría punto final al círculo vicioso en el que la liquidación de una EPS obliga a un traslado masivo de usuarios a otra entidad, que luego queda superada por la cantidad de usuarios y nuevas exigencias, entra en crisis y finalmente se enfrenta a un proceso de liquidación.

Pero esto es justamente lo que pasará si liquidan a Savia. En este momento no existe ningún plan que mitigue la crisis que desencadenaría la desaparición de la EPS mixta. Lo que ocurría a partir de su liquidación es que Sura tendría que recibir el grueso de usuarios, lo que la obligaría a capitalizar cerca de $64.000 millones. Inmediatamente, el acceso a trámites y servicios por parte de los habitantes en zona rural colapsaría, pues Savia tiene oficina en los 125 municipios, una presencia del 100 % en el territorio que ninguna otra EPS maneja al considerarlo inviable financieramente.

Pero eso no sería lo más grave. Fuentes al interior de Savia y en el sector salud del departamento señalan que tienen certeza de que desde hace meses existe un intenso lobby por parte de dos EPS, oriundas de otros departamentos, vinculadas a importantes clanes políticos y que operan en subregiones de Antioquia, para quedarse con el resto de usuarios de Savia.

El asunto es que son EPS que funcionan con serios problemas, por ejemplo, no tienen red de servicios en Antioquia. Esto ocasionaría dos crisis: una financiera, la red de hospitales públicos pasaría de tener un 70 % de su presupuesto atado a los servicios que le oferta a Savia, a no tener nada porque estas EPS no contratan con ellos. Y la otra sería una crisis social, pues estas entidades remiten a los pacientes a la Costa Atlántica, Tolima, Huila y otros departamentos distantes, no sin antes dilatar durante meses tratamientos y cirugías vitales.

Este tipo de vulneración la sufren usuarios de estas EPS en subregiones como el Oriente antioqueño y Bajo Cauca. Los afiliados en Medellín serían los primeros en sentir este golpe. La capital antioqueña tiene 520.000 de los 1,6 millones de afiliados de Savia. Según la gerente de la entidad, aquí se concentra la mayor cantidad de usuarios que requieren servicios de alta complejidad. Medellín es, además, una de las ciudades más costosas en servicios de salud. Con esta ecuación, miles de personas que requieran intervenciones complejas podrían ser enviadas a cientos de kilómetros de sus hogares. Sería, en definitiva, una crisis de salud sin precedentes .