Por ahora, de los 3.000 adultos mayores de Antioquia en condición de pobreza extrema y con algún tipo de discapacidad, 800 comenzaron a recibir una pensión vitalicia financiada por la Gobernación. La entrega de este ingreso bimensual que llega a los 450.000 pesos es el resultado de un proceso de focalización técnica que se basó en datos del DANE y el sistema de salud.
“La instrucción que nos dio el gobernador fue clara: llegarles a los adultos mayores más vulnerables, ojalá con discapacidad —explica Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia—. Para lograrlo, cruzamos dos bases de datos: la del Sisbén y la de certificación de discapacidad de la Secretaría de Salud Departamental”.
El proceso comenzó en enero de este año con el cruce de información entre las personas clasificadas en los grupos A y B del Sisbén IV —es decir, aquellas en pobreza extrema o moderada— y quienes tienen un certificado de discapacidad expedido por un profesional de salud y registrado oficialmente. La combinación de ambos criterios —edad mínima de 60 años, pobreza y discapacidad— permitió depurar un listado con cerca de 3.000 posibles beneficiarios.
“Pudimos haber usado otras fuentes, como bases de datos de alcaldías o registros propios, pero preferimos las fuentes oficiales para blindar el proceso ante los entes de control”, aclara Londoño. El objetivo era evitar cualquier tipo de subjetividad o manipulación. “Aquí lo que se necesitaba era voluntad y rigor técnico”. Una vez obtenida la base de datos, la Gobernación firmó un convenio interadministrativo con Colpensiones.
Esta entidad es la encargada de verificar si las personas seleccionadas están vivas, no tienen otra pensión activa y si cumplen con los requisitos legales para recibir la renta vitalicia. El proceso de verificación incluye validación de identidad, cruce con registros de defunción y revisión de eventuales ahorros pensionales previos, para evitar duplicidades o perjuicios.
A quienes cumplen con todos los criterios, se les convoca a jornadas de vinculación presenciales. En estas actividades, que se realizan en conjunto con las alcaldías locales y Colpensiones, los beneficiarios deben diligenciar formularios físicos, presentar su cédula, firmar documentos y autorizar la creación de una cuenta bancaria. Posteriormente, Colpensiones consolida los datos y los envía a la Gobernación en un documento denominado “prenómina”.
“Cuando recibimos esa prenómina, sabemos cuántas personas fueron validadas en cada municipio y cuánto cuesta su pensión vitalicia. Por ejemplo, si en Argelia fueron 10 personas y el costo total es de 300 millones de pesos, la Gobernación desembolsa ese dinero de una sola vez a Colpensiones”, explica Isabel Cristina. A diferencia de otros programas sociales, este modelo no entrega recursos mensualmente desde una caja corriente, la Gobernación transfiere el valor total de la pensión de por vida en un solo pago por beneficiario.
Así, las personas ya tienen asegurado su ingreso sin depender de decisiones presupuestales futuras. “Cada adulto mayor cuesta en promedio 30 millones de pesos. Algunos menos, dependiendo de su edad. Pero ya están pagados. Esa es una decisión estructural”, afirma la funcionaria.
Los datos recolectados permiten esbozar un perfil claro. Se trata de adultos mayores —hombres y mujeres entre 60 y 86 años— sin ingresos estables, muchos de ellos con movilidad reducida, sin vivienda propia y a cargo, en la mayoría de los casos, de una mujer cuidadora. “Son personas que viven de la caridad o del rebusque informal. Muchos pagan arriendo, otros viven con una hija, una hermana o una esposa que asume la carga del cuidado sin apoyo del Estado”, señala Londoño.
Esa conexión entre adultos mayores en situación de vulnerabilidad y mujeres cuidadoras ha sido clave para el enfoque de política pública. “Este programa también hace parte del sistema del cuidado de Antioquia. Al garantizarle un ingreso al adulto mayor, también se está aliviando la carga de quien lo cuida, que en el 80 % de los casos es una mujer”, dice.
Según los testimonios recogidos por la Gobernación, los beneficiarios destinan el dinero principalmente a tres fines: alimentación, vivienda (arriendo y servicios públicos) y medicamentos o transporte para acceder a servicios de salud. “Uno de los temas más críticos es la compra de medicamentos que no cubre el POS, o pagar el transporte para ir a una cita. Esta renta les permite resolver esas urgencias básicas”.
¿Dónde están y cómo se distribuyen?
Las cuatro subregiones que aportaron el mayor número de beneficiarios en la primera etapa son el Oriente (300 personas), Urabá (224), Bajo Cauca (217) y el Valle de Aburrá (212). Estas cifras corresponden a los primeros 853 beneficiarios que ya tienen su pensión activa.
¿Por qué en el Oriente hubo más focalizados?
Según Londoño, esta subregión ha sido una de las más juiciosas en el proceso de certificación de discapacidad. “Eso no significa que en otras subregiones haya menos personas con discapacidad. Puede que los registros estén desactualizados o incompletos. El Oriente tiene un proceso más consolidado, quizás porque también fue una zona muy golpeada por el conflicto y recibió una fuerte presencia institucional después de la Ley de Víctimas”.
Actualmente, la Gobernación está realizando un nuevo barrido para contactar a las personas que aún no han sido ubicadas. Algunos se han mudado de municipio, otros fallecieron, y hay quienes no han respondido a los intentos de contacto. “A mediados de agosto esperamos tener claridad sobre cuántos del listado inicial siguen disponibles y cuántos cupos debemos reemplazar para completar los 3.000”.
Los siguientes pagos están programados para septiembre y noviembre. La meta es tener el 100 % de los beneficiarios con su pensión activada antes de terminar el año. Un detalle importante del programa fue la decisión de la Gobernación de enviar su propio mensaje de notificación antes que el de Colpensiones.
“No queríamos que las personas pensaran que esto era un subsidio del Gobierno Nacional. Este es un programa financiado exclusivamente con recursos departamentales, así que lo llamamos Renta Vitalicia, no BEPS”, aclara Londoño.
Para Isabel Cristina Londoño, lo que más resalta del programa es su viabilidad. “No se necesitó una reforma, ni una ley, ni un trámite complejo. Se necesitó voluntad. El gobernador dijo: aquí hay un recurso, busquemos quién lo necesita más, y así lo hicimos. Con datos oficiales, con rigor técnico y con decisión”.
Hoy, gracias a esa decisión, miles de adultos mayores en Antioquia —que hasta hace poco no contaban con ningún ingreso estable— saben que podrán pagar el arriendo, comprar sus medicamentos o simplemente comer con dignidad. Y todo, con una sola condición: haber estado en el lugar más silencioso de la pobreza.
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