El proceso para elegir a los nuevos líderes que se encargarán durante los próximos cuatro años de vigilar la inversión de los recursos públicos en el departamento y varios municipios de Antioquia avanza en medio de una cadena de líos y dudas.
Denuncias por presunta falta de garantías, críticas por la forma en cómo se estructuran los exámenes y hasta candidatos cuyos nexos y antecedentes políticos dejarían bajo duda su independencia en caso de ser escogidos, hacen parte del panorama que marca la elección de los contralores en municipios como Medellín, Envigado, Itagüí y el mismo departamento de Antioquia.
Problemas en Medellín
En el caso de Medellín, en donde las fricciones entre la coalición de gobierno y la oposición continúan sacudiendo al Concejo, el proceso para elegir al reemplazo de la actual contralora Diana Carolina Torres avanza en medio de choques políticos y judiciales.
El pasado 30 de noviembre, el más reciente obstáculo salió a la superficie luego de que la mesa directiva del Concejo tuviera que suspender el concurso público y acatar una medida cautelar emitida por un juzgado.
Tras admitir una acción de tutela interpuesta por uno de los aspirantes al cargo, identificado como Jorge Hernán Ospina, el Juzgado Séptimo Penal Municipal ordenó frenar el proceso mientras estudiaba si el Tecnológico de Antioquia habría incurrido en fallas que vulneraron el debido proceso y el derecho a la igualdad.
Según se lee en la acción, Ospina aseguró que, luego de quedarse por fuera del concurso y ser incluido en la lista de no admitidos, dicha institución le habría negado su derecho a defenderse y a conocer con detalles las razones por las que habría sido descalificado. Según planteó el concursante, el Tecnológico de Antioquia habría invalidado un paquete de documentos que había entregado para concursar, bajo el argumento de que estaban incompletos.
Tras interponer una reclamación, se lee en la tutela de Ospina, esa institución presuntamente habría desestimado sus reparos y no habría dado más explicaciones.
Aunque al interior del Concejo varios corporados coinciden en que esta acción apunta a probar errores de procedimiento y no actos de corrupción, cabe recordar que el papel del Tecnológico de Antioquia en ese concurso público ha sido uno de los factores más controversiales.
Desde inicios de noviembre, concejales como Alfredo Ramos, Simón Molina, Daniel Duque, entre otros, plantearon que la selección de esa institución no se habría dado en un proceso transparente.
En el radar también aparecen críticas por la cercanía de esa universidad con la Alcaldía —a través de múltiples contratos hoy vigentes— y señalamientos que apuntan a la supuesta cercanía del rector, Leonardo García Botero, con el exconcejal Álex Flórez, parte del círculo más cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Por otro lado, sobre el rector García Botero también se mantiene activa otra polémica a causa de estar inmerso en un lío con el Tribunal Administrativo de Antioquia, que decidió anular su elección en primera instancia.
Al ser cuestionado por estos puntos, el concejal Jaime Cuartas, quien hasta ayer se desempeñó como presidente del Concejo, rechazó que esa corporación hubiera cometido irregularidades y sostuvo que durante el concurso público se han respetado las garantías hacia los actores involucrados.
Exámenes y ternados
Mientras la tormenta continúa en Medellín, en el sur del Aburrá, el Tecnológico de Antioquia también se vio envuelto en una cadena de reproches en Envigado, en donde la búsqueda del reemplazo del actual contralor, Pablo Andrés Garcés, ha generado fricciones en varios frentes.
En este municipio, la polémica central vino de la mano de la actual contralora de Antioquia, Elsa Yazmín González, quien se postuló para participar por ese cargo, obtuvo una calificación de 61,5 puntos, pero quedó por fuera de la terna de finalistas.
A través de una carta, González Vega criticó el contenido del examen y señaló que este no tendría preguntas relacionadas con el trabajo diario que implica el cargo.
No obstante, la crítica más importante apareció esta semana, luego de que el Concejo de Envigado conformara la terna de finalistas al cargo. En este último grupo, al menos dos personas son funcionarias públicas en Rionegro y Santa Fe de Antioquia.
En Itagüí y Antioquia, la presencia de funcionarios activos y la existencia de vasos comunicantes entre el sector público y los ternados levantó ampolla.
Mientras en Itagüí uno de ellos, identificado como Edison Augusto Restrepo, aparece en las planillas del Consejo Nacional Electoral como uno de los aportantes a la campaña del actual alcalde José Fernando Escobar (con $70 millones), en Antioquia dos de los ternados, identificados como Enedith del Carmen González Hernández y Juan Carlos Jaramillo, trabajan como funcionarios en la Contraloría de Itagüí y son señalados de tener cercanía con el actual senador por el Partido Conservador y exalcalde de ese municipio, Carlos Andrés Trujillo.
Cabe recordar que, tras ser consultado por EL COLOMBIANO ante estos señalamientos, Trujillo rechazó que esos dos funcionarios hicieran parte de su proyecto político y negó estar ejerciendo alguna incidencia sobre el concurso público.
Por su parte el alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, aunque admitió que los aportes de Restrepo sí se realizaron, negó tener una relación estrecha o injerencias sobre su trabajo. Así mismo, el mandatario local manifestó estar dispuesto a dar las explicaciones necesarias a los organismos de control.
Según aparece en los cronogramas de los concejos y la Asamblea de Antioquia, las próximas semanas serán decisivas para definir la suerte de las contralorías de los municipios con los presupuestos más robustos en el departamento.
Tan solo en el caso de Medellín y Antioquia, mientras el primero gastará cerca de $6,5 billones en 2022, el segundo gastará $4,9 billones
