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A 27 días de cumplir dos años tras su evacuación, el edificio residencial Kampala, en Robledo, sigue vacío, sin sus inquilinos. Las 72 familias que allí vivían no han logrado regresar, pues aunque en su momento fallas estructurales amenazaron con el colapso, todavía no se hace la repotenciación que podría mantener con vida el lugar.
Ese proceso, según los propietarios del edificio, ha sido dilatado por parte de la unión temporal Ingecon UT, integrada por Conproyectos y Asfalto y Hormigón, las cuales asumieron, respectivamente, el diseño y construcción del proyecto de 14 pisos, 72 apartamentos y tres sótanos.
Conproyectos guarda silencio sobre la situación que hoy aqueja a las familias de Kampala. Asfalto y Hormigón, por su parte, alega que ha asumido las medidas necesarias desde que se recibieron los reclamos por agrietamientos. Eso, a ojos de los afectados, no luce tan claro.
Drama tras la partida
El 28 de octubre de 2019, Dora Tamayo salió temprano rumbo a Villa Hermosa. Ese día había elecciones para alcaldía y gobernación y la mujer, entonces de 64 años, se fue acompañada de sus mascotas, Dulce y Koby. Lo que esta no imaginaba era que, al regresar, se encontraría con algo inesperado.
En la tarde, cuando llegó al edificio, el celador le dijo que no podía ingresar a su apartamento, el 504. “Doña Dora, aquí nadie puede amanecer hoy. Entre, saque su medicación, y busque un lugar nuevo para vivir”. Esa bienvenida, cuenta Dora, la devastó. “Yo quería que la tierra me tragara; que se abriera en dos”.
Como Dora, ese lunes comenzó el drama para Nancy Higuita, propietaria del 1301. Esta relata que venía de un pueblo del Oriente y no sabía lo que pasaba. “Cuando llegamos, todos los vecinos corrían con colchones y muebles de un lado para otro”. El celador también los notificó sobre la evacuación.
Esa situación los llevó a pagar arriendo, cuestión que ha quebrantado la economía del hogar. El esposo de Nancy transporta material en una volqueta y de sus ingresos depende todo el núcleo familiar. El golpe, dice ella, no es menor, mas cuando en Kampala materializaron el sueño de tener casa propia.
El mismo sueño se le escapa de las manos a Dora, quien llegó al edificio el 9 de diciembre de 2008, convirtiéndose en la segunda en habitarlo. La mujer recuerda que pagó de contado el apartamento, porque le gustaba mucho el sector. Cuando lo estaban construyendo, ella decía: “¡Qué rico sería poder vivir aquí!”.
En Kampala quedó invertido lo que le dejó su difunto esposo, tras 32 años de unión. Y no fue poco, afirma Dora, porque pese a que les prometieron que el apartamento se entregaría con acabados y terminaciones, “nos tocó pulir los baños y hacer otras reformas por cuenta propia”.
¿Quién responde?
La evacuación no cayó del cielo. Después de varias quejas por agrietamientos y desprendimientos en fachadas, el Dagrd recomendó tramitar un estudio de patología y vulnerabilidad. Este, contratado por la Unión Temporal Ingecon, arrojó resultados en 2018 y fue la base para que la entidad ordenara la evacuación.
Hoy, dos años después, Asfalto y Hormigón afirma que, según el estudio, hubo fallas en los diseños. “Estos, al parecer, no cumplían con los parámetros de sismorresistencia”. La construcción, por su parte, “fue adelantada con mayores especificaciones técnicas y de calidad que las requeridas”.
La afirmación de Asfalto y Hormigón compromete a Conproyectos, empresa que asumió la gerencia y los diseños de la estructura. Pese a insistir, Ángela María Pérez, representante legal de la empresa y de la unión, no accedió a conversar con EL COLOMBIANO.
En cuanto a las acciones ejecutadas desde la evacuación, la constructora precisó que se ha trabajado en estudios estructurales, de suelo y materiales. Con la información obtenida, se construyó el plan de repotenciación estructural y se solicitó la licencia a la Curaduría Segunda de Medellín.
Este trámite, dicen los afectados, es el que se ha venido dilatando, pues son 45 los días hábiles para este tipo de procesos, según el Decreto 1077 de 2015. Este diario contactó a la Curaduría. Desde allí, Rita Giraldo, curadora delegada, confirmó que la solicitud sí cursa proceso en la entidad. La cuestión es que, actualmente, goza de una suspensión de términos.
El trámite ha avanzado así: la licencia se solicitó en diciembre de 2020, mientras que el trámite de legalización se concretó el 26 de enero de este año. Las observaciones, por su parte, se hicieron el 6 de mayo y la solicitud de suspensión de términos vino el 12 de julio pasado.
Ese pedido, según Giraldo, fue aceptado por la Curaduría, pues las empresas alegaron retrasos debido a afectaciones por la pandemia. “Para saber cuánto tiempo se va a demorar la licencia, las empresas deben concretar cuánto se gastarán en tramitar los ajustes solicitados”.
Aunque Asfalto y Hormigón se mostró dispuesta a seguir las recomendaciones de la Curaduría, no dio detalles sobre cómo marchan las observaciones solicitadas. Respuestas similares son las que hoy piden los propietarios de Kampala, un edificio que ajusta dos años sin inquilinos.
Periodista y politólogo en formación. Aprendo a escribir y, a veces, hablo sobre política.