Como sucedió con las campañas de Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo, en las filas de Luis Pérez también aterrizaron personas naturales y jurídicas que contrataron con la Alcaldía de Medellín en este cuatrenio.
No queda duda de que Luis Pérez —el candidato a la Gobernación que más puntea en las encuestas— es muy cercano al exalcalde Daniel Quintero. Una de las pruebas de esto aparece ahora, en plena campaña, pues parece que Pérez recibió donativos de contratistas de la presente administración distrital, tal y como sucedió con Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo.
De acuerdo con el portal Cuentas Claras (revisado el 23 de octubre), tres de los donantes de Pérez recibieron contratos, algunos directos con la Alcaldía y otros por convenio con el Colegio Mayor, el Pascual o el ITM (tal y como sucedió con las campañas de Upegui y Restrepo), incluso uno de estos tiene un contrato vigente por 379 millones de pesos.
El primer contribuyente es Compuestudio LTDA, que donó 10 millones de pesos. En 2021 había firmado su primer contrato con el Colegio Mayor por 1.030 millones de pesos para la “certificación de talento humano especializado mediante cursos cortos en el nivel básico asociados a las industrias 4.0”. Actualmente, tiene un contrato vigente hasta diciembre con la misma institución por 379 millones de pesos para certificación de talento humano especializado mediante un curso corto en la ruta formativa de “Herramientas para la gestión de datos”.
Luego aparece la Fundación Andina para el Desarrollo de la Educación y el Ser (FundaSer), que también puso de 10 millones de pesos y ha firmado 11 contratos, de los cuales dos están activos con el Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM por un valor de 1.375 millones de pesos. Todos los contratos de esta fundación suman más de 5.157 millones de pesos, repartidos así: 5 con el Pascual Bravo, 3 con el Colegio Mayor, 2 con la Alcaldía de Medellín y 1 con el ITM.
En tercer lugar, está la contratista Claudia Pérez Velásquez, que donó 26.135.000 pesos. El monto es muy alto teniendo en cuenta los contratos que tuvo esta mujer, que suman 53 millones de pesos para labores entre enero y agosto de este año.
Recibir donaciones de contratistas públicos tendría implicaciones penales, no solamente disciplinarias y electorales, porque se podría incurrir en el delito de “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”, que da de 4 a 8 años de cárcel, según el Código Penal de 2000, para el gerente de la campaña y para el candidato, y una multa que puede ser hasta de 1.392 millones de pesos.
