El alcalde Daniel Quintero lo volvió a hacer. En marzo de 2020 había anunciado, sin soporte de ningún documento oficial, una emergencia climática con diez acciones sin análisis ni fondo que nunca pasaron del anuncio, como prohibir a partir de diciembre de 2022 las industrias a carbón o financiar 50.000 bicicletas eléctricas.
Este jueves 24 de noviembre Quintero decretó la emergencia climática en Medellín, esta vez sí lo hizo mediante decreto, pero negándoles la participación a las comunidades y desconociendo el trabajo que estas adelantaron durante meses, mientras él mismo Quintero hacía la vista gorda ante los pedidos de las organizaciones y hasta del mismo Concejo.
Quintero firmó el decreto el cual, según dijo, es una medida prioritaria para definir acciones que disminuyan los efectos relacionados con el cambio climático, cuyos efectos experimenta la ciudad como el aumento de lluvias torrenciales, inundaciones, movimientos en masa, entre otros.
“El cambio climático es exponencial, no es lineal y sus efectos también son exponenciales. En Medellín, más de 42.000 viviendas están en riesgo de afectación por los efectos del cambio climático, tenemos más de 170 quebradas en alerta roja y más de 300 en alerta naranja. Esto, sin duda, constituye una gran emergencia en nuestro territorio que ha llevado a declarar la emergencia climática, la cual será firmada por decreto. Este reto nos lleva, no solo a necesitar acciones por parte de la Alcaldía de Medellín, sino acciones contundentes de todos los actores que componen el Distrito, la sociedad en general, la academia, la empresa, el Gobierno, los trabajadores y los ciudadanos”, dijo Quintero, rodeado de sus funcionarios, en medio de una rueda de prensa en la que no profundizó más en el tema y en la que organizaciones como el Movimiento de Laderas, las verdaderas artífices del proceso, no tuvieron participación.
La declaratoria de emergencia climática que decretó Quintero tiene ocho puntos prioritarios que abarcan la implementación de un plan maestro que define, primero, el diseño e implementación del modelo de megaproyectos para la atención integral de zonas críticas; segundo, la construcción de infraestructura sostenible para el cambio climático y el impulso a las obras verdes y la fuerza comunitaria; tercero, la conformación de los comités comunitarios para afrontar el cambio climático, convites comunitarios y fortalecimiento de las capacidades territoriales que comprende un censo y el cruce de información secundaria de las familias ubicadas en zonas de riesgo de inundaciones o movimientos en masa; cuarto, la media técnica sobre ecociudad y lucha contra el cambio climático para la formación educativa orientada a la gestión del riesgo de desastres; quinto, un sistema integral de alertas tempranas para monitorear el cauce de las quebradas en las reservas ecológicas.
También está la medida de limitar la circulación de vehículos nuevos que usen combustibles fósiles en el Distrito a partir de 2035, además de establecer medida de pico y placa adicional para los vehículos con más de 20 años de rodamiento; séptimo, la gobernanza climática y adherencia a los tratados internacionales en gestión del riesgo de desastres y cambio climático; y octavo, unas gerencias territoriales en las que cada dependencia de la Alcaldía tiene asignada una comuna o corregimiento para encargarse de articular, gestionar, construir y validar el cumplimento de las acciones priorizadas en el plan de acción.
El problema es que algunas medidas, como la limitación a la circulación de vehículos nuevos que usen combustibles fósiles a partir de 2035, hacen parte de una narrativa que el alcalde ha intentado instaurar hasta en escenarios internacionales, pero que adolece de los soportes mínimos. Es más, el sector productivo y la academia denunciaron que no ha habido ningún acercamiento al respecto que avale semejante anuncio.
En líneas generales, es un documento que carece de claridad sobre aspectos mínimos tales como los mecanismos de financiación y la participación de expertos y organizaciones comunitarias.
Y es que la Alcaldía no solo llegó tarde al proceso sino que lo deformó. Desde el pasado 15 de julio el Concejo de Medellín había votado a favor de solicitarle al alcalde decretar la emergencia climática luego de avalar el trabajo de varios años de organizaciones barriales, canalizado en el Movimiento de Laderas, quien posterior a esta determinación del Concejo trabajó durante cuatro meses junto con otros grupos, colectivos, comunidades y academia para entregarle insumos técnicos a la Alcaldía que, según supo este medio, demostró durante todos estos meses un amplio desconocimiento al respecto, en cabeza de la Secretaría de Ambiente y el Dagrd.
Es más, durante estos meses en los que Quintero dilató la decisión de decretar la emergencia climática en barrios como El Pacífico y El Faro, cuyos habitantes trabajaron activamente en la construcción de dicha medida y llevan años ejerciendo gobernanza en el territorio y acciones propias de mitigación y adaptación al cambio climático, sufrieron los estragos de las lluvias y la inacción, como lo ocurrido hace dos semanas cuando, milagrosamente, sus habitantes se salvaron de una tragedia que pudo haber cobrado vidas.
La cereza del postre a la deformación que produjo la Alcaldía a este proceso ocurrió la semana pasada, cuando publicó el borrador de decreto de la emergencia climática y dio solo dos días para que las organizaciones pudieran entregar sus observaciones, retroalimentación que nunca respondió, ni siquiera, con un acuse de recibo.
Carlos Velásquez, integrante del Movimiento de Laderas, señala que lo que hizo Quintero fue apropiarse del trabajo adelantado por las organizaciones comunitarias, en un ejercicio al que le sumó una falta de participación que deja al decreto con vacíos importantes. Entre estos, apunta Velásquez, se citan la poca claridad sobre los mecanismos de financiación y cómo funcionarán. Velásquez advierte que es fundamental que se consolide un fondo de adaptación y que este tenga un blindaje anticorrupción mediante la participación activa de una veeduría ciudadana.
También adolece, explica, de los enfoques de género y de justicia climática. Y además tampoco es claro cómo será la conformación del panel de expertos, cuyas decisiones orientarán las acciones que tome la administración en el territorio ni qué participación tendrán los sectores populares.
“Emergencia climática, sí, pero no así”, es la conclusión que hace Carlos quien apunta que ahora solo queda conocer en detalle el decreto y ver los mecanismos políticos, sociales y jurídicos que puedan emprender para garantizar que la medida tenga verdadero impacto en una ciudad cercada cada vez más por la crisis climática.
Después de esperar durante meses por la declaratoria, entre las comunidades y organizaciones quedó el sinsabor de ver cómo el alcalde, quien incluso tuvo que recibir “pellizcos” del Gobierno Nacional para que tomara en serio el proceso, les arrebató la iniciativa y los dejó por fuera al final.
Y también les queda la preocupación de qué efectos se desencadenarán de un decreto que no parece avanzar decididamente hacia los objetivos que buscaban inicialmente: la definición de un presupuesto claro y robusto para el Plan de Acción Climática (que sigue en letra muerta luego de tres años); la implementación de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas; y que la Alcaldía garantice el derecho a vivienda y territorio dignos y seguros a las miles de familias que hoy sufren el desplazamiento climático.
Quintero no parece dimensionar la cifra que él mismo entregó: 42.000 viviendas están en riesgo de afectación por los efectos del cambio climático en una ciudad que tiene el 25% de su territorio bajo amenaza por la crisis climática. Por ahora, la ciudad sigue huérfana de instrumentos y voluntad política para afrontar la mayor de sus amenazas en los próximos años, porque una declaratoria sin transparencia ni participación ciudadana no parece una buena señal de lo que vendrá luego.
Regístrate al newsletter