El alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, apareció este lunes en entrevista con el gerente que él mismo nombre en Telemedellín, Deninson Mendoza. El espacio, que tuvo lugar hacia las 6:00 de la mañana, se emitió en la franja en que suele transmitirse el consejo de gobierno, reunión que no tuvo lugar esta vez.
Durante los 45 minutos de entrevista, Quintero lanzó dardos a diestra y siniestra, sin contraste ni soporte probatorio. Uno de ellos tuvo que ver con el BID y el presidente Iván Duque. El alcalde suspendido afirmó que en noviembre pasado conoció sobre un supuesto plan para intervenir EPM.
Aseveró: “Querían declarar un default para que la Superfinanciera y la Superservicios intervinieran a EPM, para que la empresa pasara a ser manejada por el Gobierno Nacional”. La versión del mandatario suspendido recrea un supuesto acuerdo subrepticio para adelantar el cobro de $1,7 billones de deuda que tenía la prestadora de servicios públicos.
“Lo iban a causar gracias a una cláusula que nos obligaron a firmar en febrero. La cláusula hacía que fuera muy difícil cumplir con una exigencia del BID. Desde esa fecha, yo le dije a EPM: recojamos la plata para pagar. Faltando tres días para la fecha clave me llegó información sobre el uso de la cláusula”, sostuvo.
Quintero habló de una supuesta alocución presidencial para anunciar la intervención de EPM, que la Superfinanciera y la Superservicios enviaron solicitudes para este mismo fin y que había un consejo de ministros programado. “Pensaban que no teníamos la plata, y dijimos que podíamos pagar”.
Estas afirmaciones, sin embargo, tienen poco piso. Variados son los episodios que reseñan las movidas de Quintero que generaron las mayores turbulencias administrativas en la historia de EPM.
Primero fue la demanda en contra de los contratistas de Hidroituango, hecho que desencadenó la renuncia de todos los integrantes de la junta directiva que argumentaron no haber sido tenidos en cuenta en varias decisiones claves de la empresa, incluido el proyecto para el cambio del objeto social. Esto implicó una reducción en su calificación por la firma de riesgos Fitch Ratings, de BBB- de BBB en agosto de 2020, dejando a la empresa con una perspectiva negativa.
Luego vino la polémica por la encerrona al gerente Álvaro Guillermo Rendón, que fue declarado insubsistente tras no caminarle, en pleno, a los pedidos de Quintero. Pero buena parte de la tormenta estaba por venir: el reemplazo de Rendón, Alejandro Calderón Chatet, no duró ni una semana en el cargo. Los cuestionamientos respecto a la validez de sus títulos académicos le obligaron a presentar la renuncia.
La empresa quedó en encargo, y luego fue nombrado como gerente Jorge Andrés Carrillo, nombramiento declarado nulo en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por una supuesta inhabilidad: Carrillo integraba la junta directiva de la entidad. El Consejo de Estado, sin embargo, revocó dicha nulidad.
En septiembre, cuando se conoció el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría en contra de 26 personas naturales y jurídicas por el detrimento patrimonial en Hidroituango, comenzó a sonar la idea de cambiar de contratista, debido a la eventual inhabilidad en que recaería en el consorcio CCC Ituango.
Esta agitación condujo a un pronunciamiento del BID, el cual le pidió a EPM dar claridades sobre la continuidad de las obras. Como los tiempos no daban y EPM sabía que no resolvería la situación para la fecha acordada con el BID, se anticipó al pago de toda la deuda con este organismo.
Además, en la gestión del pago de las aseguradoras, cuando se confirmó el fallo de responsabilidad de la Contraloría, el presidente Iván Duque y sus ministros tuvieron mucho que ver con que Hidroituango y EPM se salvaran.
Los acercamientos del mandatario nacional con el presidente mundial de Mapfre, Antonio Huertas Mejía, y las gestiones del Ministerio de Minas y Energía permitieron que la aseguradora terminará por desembolsar los $4,3 billones en los que el ente de control catalogó el siniestro. Esto, pese a las salidas del alcalde, quien en su retórica siempre ha alegado que la crisis del proyecto de 2018 fue por corrupción y no un siniestro.
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