Un mes se cumplirá de la tragedia en Granizal, en límites entre Bello y Medellín, que dejó 27 muertos y cientos de familias damnificadas luego de que uno de los movimientos en masa más grandes en la historia de Antioquia sepultara todo un sector de este asentamiento informal.
Este jueves 24 de julio, todavía con las heridas de la tragedia frescas, decenas de habitantes del sector tuvieron que salir a la autopista Medellín-Bogotá a bloquear el paso para hacerse escuchar y reclamar el presunto abandono en el que están por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales.
“EPM puede decir que está mandando muchos carrotanques pero eso no es suficiente. Estuvimos en una reunión con ellos y dicen que no nos pueden solucionar más porque todo tiene un proceso y se puede demorar dos o tres meses, así como también un año. Si no tenemos agua, tenemos que cerrar la vía para que nos presten atención”, dijo Jesús Carmona, uno de los habitantes afectados.
Las familias le exigieron principalmente a la alcaldía de Bello, Gobernación y ministerios que den la cara para que les solucionen de fondo el derecho al mínimo vital de agua, soluciones de vivienda y vías.
“Estamos en una emergencia humanitaria, que es la falta de agua. Hace un mes Granizal está en sequía. Estamos realmente acá convocando desde todos los enfoques diferenciales, viéndonos en la necesidad de que el Gobierno y la Alcaldía nos miren, que volteen a mirar hacia Granizal por la emergencia que estamos viviendo”, pidió una de las afectadas.
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Según la versión de la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, su administración está cumpliendo actualmente con lo ordenado por el Consejo de Estado que en 2020 falló en favor de una acción popular de la comunidad en Granizal que exigía condiciones mínimas de dignidad para garantizar su derecho al hábitat.
González aseguró que el municipio ha “avanzado” en el suministro permanente de agua, que ha “impulsado” un acueducto alternativo y que también tiene avances en “pavimentación de vías estratégicas hacen parte de un paquete de acciones que ha mejorado de forma tangible la vida en este sector históricamente olvidado”.
También aseguró que el municipio ha adelantado estrategias de legalización urbanística, y que además el POT actual incorporó a Granizal dentro del perímetro urbano para habilitar a EPM como proveedor oficial de servicios públicos.
Precisamente, desde la administración bellanita aseguraron esta semana que supuestos actores ilegales estarían en la zona del desastre loteando con el fin de venderle predios en zona de alto riesgo no mitigable a las familias más necesitadas.
Por otro lado, entre los habitantes de Santo Domingo, afectados por esta misma tragedia, hay duros reclamos y cuestionamientos sobre la gestión de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Esta semana en el Concejo de Medellín las familias denunciaron la inacción del Distrito para atender a las más de 20 familias que sufrieron afectaciones; entre las cuales hay familias sin techo y en el limbo.
En medio de la sesión y los reclamos de los afectados, el concejal José Luis Marín lanzó duras críticas a la administración Gutiérrez. Rechazó la respuesta del Dagrad y el Distrito, que sacaron pecho por la instalación de un pluviómetro en la zona, artefacto que pudo haber evitado muchos riesgos y que solo fue instalado después de la tragedia.
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También alertó que a pesar de que en el Plan de Desarrollo del Distrito, la administración Gutiérrez se comprometió a instalar 40 sistemas de alertas tempranas comunitarias, diez de estas en su primer año, apenas se instaló uno. Y reprochó que mientras 30.000 familias en Medellín están sin vivienda, otras 130.000 habitan vivienda precaria y los desalojos siguen ocurriendo en toda la ciudad, el alcalde Gutiérrez estuviera en Europa hablando de soluciones para la crisis climática.
Esta semana se conoció un estudio internacional, con participación de investigadores antioqueños, que concluyó que tragedias ocurridas en ciudades andinas de Colombia y Venezuela –como la de Granizal– desnudan ampliamente la falta de inversión en ciencia climática, pues si bien son eventos extremos, los datos arrojan que hacen parte de unos factores sistemáticos que bien podrían anticiparse con inversión en personal técnico y equipos para gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, justamente de uno de los enormes huecos no solo de las últimas administración en Medellín (incluyendo la actual) sino a nivel departamental.
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