A Abraham nunca le tomaron una foto. Por eso, al lado del cofrecito donde reposan hoy sus restos no pudieron poner su imagen. Tuvo una vida corta. Más corta que el tiempo que duró desaparecido, lejos de su familia que quedó en la incertidumbre hace dos décadas sin saber para dónde se lo llevaron. Abraham tenía 13 años cuando lo alejaron del hogar, cuando le quitaron la posibilidad de volver a jugar en el campo, de estudiar, de crecer con sus hermanos, de conocer a sus sobrinos.
Este viernes 28 de febrero, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo la primera entrega digna en Antioquia de dos cuerpos de víctimas de falsos positivos inhumados en el cementerio de Ituango, Norte del departamento, e identificados plenamente. Uno de ellos es el de Abraham González Torres y el otro el de Rodrigo Humberto Torres Múnera, un joven de 23 años que también fue arrebatado a su familia.
Le puede interesar: “La red de reclutadores cobraba entre $2 y $3 millones por víctima”: JEP sobre imputación a militares por crímenes de guerra en Antioquia
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, estuvo en la ceremonia de entrega en Medellín y explicó que la pista de estos dos muchachos campesinos, civiles indefensos, desarmados, asesinados, presentados como bajas en combate y luego desaparecidos, surgió durante las investigaciones del Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en el que comparecientes del Ejército mencionaron al camposanto de Ituango como lugar en el que enterraban víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“Estaban indefesos y desarmados”
Sandra González Torres tiene grabado el recuerdo de su hermanito Abraham. Fue la última de la familia que lo vio con vida, cerca de la casa donde vivían con su madre Blanca, en el corregimiento San José de Apartadó, Urabá antioqueño. Nacieron el mismo día, un 20 de septiembre, pero en años distintos. “Nos llevábamos dos añitos, él era mayor”. Sandra tiene vívido el recuerdo del día que su madre, que había acabado de dar a luz a otro hermano, los mandó a ella y a Abraham, a unos metros de la casa, a recoger leña para hacer el desayuno: “Ella nos dijo ‘no vayan a pasar el río’, pero lo pasamos porque mi hermano dijo allá había un palo cortado. Cuando veníamos había dos muchachos con camuflados”.
Era un niño inocente que aceptó ir a comprar gaseosas para los desconocidos. “Cuando salí, vi que iba con una bolsa negra, había hecho el mandado, iba a entregarlas. Ellos se lo llevaron”, fue la última vez que lo vieron, hace 20 años.
Lea también: JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a generales, oficiales y suboficiales del Ejército por falsos positivos en Antioquia
Según el magistrado Ramelli, al niño lo habrían reclutado las extintas Farc ese día y resultó en Ituango. Allí, caminando, desarmado, como pudo comprobar la UIA, fue interceptado por integrantes del Batallón de Contraguerrilla N.° 79. “Por una parte lo reclutan forzadamente las Farc y, luego, cuando el Ejército da con él, en vez de desvincularlo como correspondía, lo presentan como muerto en combate, o sea, un falso positivo”.
En el escrito de acusación de la UIA por este caso consta que el estudio de balística determinó que por la distancia de los impactos y el tipo de heridas se descartó un combate y se estableció que el niño estaba en estado de indefensión. Aun así, los soldados responsables de su asesinato “le implantaron armas, fingieron un enfrentamiento y construyeron una versión falsa sobre los hechos”. Tampoco valió que el niño cargara el registro civil de nacimiento y lo enterraron como persona no identificada.
Respecto a Rodrigo Humberto Torres Múnera, fue retenido por exmiembros del Ejército que fingieron ser paramilitares. Lo sacaron de la casa donde vivía con su esposa y un hijo de un año, en el corregimiento El Aro, de Ituango; lo señalaron de ser de las Farc, aunque era campesino. Según la JEP y la UIA, lo entregaron a paramilitares del Bloque Mineros que después lo devolvieron al batallón vestido con prendas militares y allí lo asesinaron y lo presentaron como guerrillero muerto en combate.
Ambos hechos están incluidos en el juicio contra el mayor (r) David Guzmán Ramírez, quien fue comandante del mencionado batallón y que no aceptó los crímenes atribuidos por la JEP en el caso del cementerio de Dabeiba, en el que otros ocho militares sí reconocieron responsabilidad.
Giovanny Álvarez, director de la UIA, sostuvo que las investigaciones que se adelantan en el proceso adversarial contra Guzmán Ramírez, permitieron establecer que Abraham y Rodrigo fueron asesinados con armas de fuego y también sometidos a torturas.
El proceso para dar con el paradero y la identidad de las dos víctimas se dio después de que el general no aceptara responsabilidad, aunque, según la UIA, bajo su mando hubo 46 personas asesinadas y presentadas como bajas en combate en Dabeiba e Ituango, “en 23 hechos criminales en los que también participaron la Brigada Móvil 11 el Batallón de Contraguerrillas N.° 26”. Del cementerio de Dabeiba han entregado 14 cuerpos identificados y ahora dos familias reciben los primeros de Ituango.
Tras saber que en este último camposanto estaban las Abraham y Rodrigo, la UIA confirmó que la Fiscalía tenía sus cuerpos en custodia, con otros 98 recuperados en 2022. Cuando recibieron estos dos restos, la UIA y la JEP, en articulación con la Universidad Nacional, los identificaron.
“Desde niña prometí que lo iba a encontrar”, dijo ayer Sandra, a pocos metros de la sala donde estaba el cofre con los restos de Abraham. Cuando cumplió 18 años, emprendió esa tarea. Incluso, fue a la zona de reincorporación transitoria de las Farc en Dabeiba, cuando cursaba el proceso de paz, a preguntar si estaba allí. Buscó apoyo en la Defensoría del Pueblo y así quedó el registro de la desaparición.
Después, la UIA contrastó denuncias de desaparición forzada en Ituango, Carepa, Dabeiba, Peque y otros municipios donde operaron los batallones de este caso. “Me llamaron, que el cuerpo de mi hermano había aparecido, nos tomaron muestras de ADN. Y ya estamos aquí recibiéndolo”. Sandra lo dice más tranquila que triste, porque se acaban 20 años de incertidumbre. A su hermano lo llevarán al cementerio de Apartadó para darle digna sepultura y saber, sin dudas, dónde está el que siempre será el niño que vio por última vez aquel día llevar una bolsa negra.
Además: Confirman que cuerpos hallados en La Escombrera presentan tiros de gracia y son de víctimas de desaparición entre 2002 y 2003
