La empresa que ganó el concurso para la chatarrización de los vehículos almacenados en los patios del Municipio de Medellín adelantó que denunciará penalmente al concejal Daniel Duque (Alianza Verde).
El anuncio lo hizo Rafael Naranjo, representante legal de la Unión Temporal RyM, tras el debate de control político que se realizó sobre ese tema hace once días en el Concejo de la ciudad.
Duque ha abanderado la discusión pública sobre el presunto direccionamiento del contrato otorgado por la Secretaría de Suministros de la Alcaldía a RyM y que le da a esa firma la posibilidad de aprovechar el material de cerca de 50.000 vehículos inservibles que reposan en un depósito de la Secretaría de Movilidad ubicado en Barbosa.
Fuera de haber afirmado en reiteradas ocasiones que los pliegos de la licitación habrían sido redactados para que al final solo quedara un proponente —RyM—, en el debate del 4 de octubre Duque sostuvo que la empresa ganadora no cuenta con licencia ambiental y que incurrió en presunta falsedad documental, refiriéndose al certificado de existencia como empresa inscrita en el registro único empresarial RUES.
“Aquí hay un conflicto político. Este concejal ataca a todo lo que se le parezca a la Alcaldía y yo estoy en medio. Para eso está utilizando a los que perdieron la licitación y que los deshabilitaron porque tienen documentos falsos”, dijo Naranjo quien retó a Duque a que muestre pruebas y le devolvió la pelota a la firma Unión Temporal SCT Merl SAS con los mismos señalamientos que esta le ha hecho a él y aseveró que también será incluida en la denuncia que hará. Esta última empresa fue la que perdió la licitación con RyM.
A línea seguida, Naranjo apuntó que en la discusión que se dio en el Concejo de Medellín, Duque dijo que RyM no cuenta con la certificación de calidad del Icontec; induciendo a la opinión pública a error, según él, ya que tal documento no se requiere en esa contratación. Igualmente, tanto el concejal de la Alianza Verde como voceros de Unión Temporal SCT Merl han asegurado que la licencia ambiental presentada por RyM dentro de los documentos del contrato con la Alcaldía no son válidos porque solo cubre a una de las empresas que la conforman y no a las dos. No obstante,
Naranjo defiende que justamente para las uniones temporales tienen como objetivo que las firmas asociadas se complementen.
Rechazó que en varios medios, incluido EL COLOMBIANO, se le haya tratado como el “zar de la chatarra”, algo que considera peyorativo e inexacto teniendo en cuenta que sus empresas tienen una operación de entre $3.000 millones y $4.000 millones al mes mientras que hay otros jugadores del mercado que mueven diez veces ese monto.
El directivo instó al Ministerio de Transportes a que le aclare a la opinión pública quién es el que miente. Adicionalmente, ratificó que no renunciará a ejecutar un contrato que en su concepto, se ganó en franca lid.
De acuerdo con Duque, la Alcaldía de Medellín incurrió en un presunto detrimento patrimonial cercano a 33.000 millones de pesos, pues acordó que RyM le pague $98 por cada kilo de metal que saque de los carros y motos chatarrizados, en tanto que el kilo de chatarra está valiendo en el mercado entre 1.000 y 1.800 pesos.
Ante la controversia que se ha generado, en días pasados la administración Quintero pidió reversar el contrato, pero Naranjo es enfático en que no renunciará a un derecho que, en su concepto, ganó en franca lid.
