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Después de tanto alboroto, acusaciones e insultos de un lado y demandas del otro, luego de tener al país en vilo por la seguridad energética y de hasta forzar un ultimátum del BID que se retiraría del proyecto si había cambio de contratistas, ayer finalmente EPM logró un preacuerdo con el Consorcio CCC Ituango para continuar por 11 meses la construcción del megaproyecto.
A un término inicial de ocho meses se sumarán tres adicionales para realizar un empalme con la firma que asuma después de la licitación que adelantará EPM. Es decir que tanta amenaza de parte del alcalde Quintero con que el contratista saldría del megaproyecto terminó en otra prórroga que se firmará hasta el 30 de noviembre de 2022.
Los términos de los otrosíes se finalizaron de redactar a las 12:30 de la madrugada del jueves, mientras que durante el día los órganos de gobierno y los abogados de las partes dieron una última revisión a las condiciones antes de anunciarlo. Tanto EPM como el consorcio adelantan el protocolo interno para suscribir el acuerdo final. El gerente Jorge Carrillo dijo ayer desde Cartagena que la firma final se daría en los próximos días luego de finiquitar trámites administrativos de cada lado.
Es una gran noticia para el proyecto Hidroituango. Al menos EPM consiguió un tanque de oxígeno que mantiene con vida y a buen ritmo el proyecto hasta agosto de 2022. El problema es que la cuenta regresiva ya pendía como una espada de Damocles sobre la cabeza de EPM: el contrato con los constructores se vence el 31 de diciembre y si no se llegaba a una decisión podría llegar un momento de parálisis del proyecto.
Conversaciones tensas
Los puntos críticos durante la negociación eran varios. El primero y más importante: el tiempo de prórroga. EPM, siguiendo instrucciones del alcalde que es el presidente de la Junta, insistió hasta el final en que solo debían prorrogarlo por ocho meses. La razón, en teoría, tiene que ver con que EPM quiere que los contratistas le dejen listas las obras civiles para las dos primeras turbinas que deben estar prendidas en el segundo semestre de 2022.
Esto muestra que EPM, primero no estaba preparado para cambiar constructores ahora en diciembre, y segundo que las advertencias del BID le hicieron mella. El BID le dejó claro que si no entregaba turbinas en el segundo semestre le cobraba toda la deuda. Y aparentemente, a pesar del afán que ha mostrado el alcalde Quintero de querer cambiar de contratistas, prefirió esperar por ahora al menos hasta agosto para firmar ese jugoso contrato.
Los contratistas no consideraban conveniente esa prórroga de ocho meses, pero le hicieron saber a EPM que al fin de cuentas es lo que la empresa decida, y que apoyan el proyecto Hidroituango hasta cuando EPM quiera.
El segundo punto que también se discutió fue el del proceso que hace curso en la Contraloría y que está a la espera de un segundo fallo. El tema es importante porque si en medio de la prórroga la Contraloría ratifica el fallo e inhabilita a las empresas del consorcio no podrían seguir construyendo. Los contratistas pedían que para poder prorrogar, sabiendo que está ese precedente, quedara claro que EPM no podría cobrarles por daños y perjuicios producto de la eventual inhabilidad.
El tercer punto era el de equipos y todo tipo de activos que los contratistas tienen desplegados en la zona de obra y que en caso de terminar el contrato tendrían que definir qué hacer con ellos. En un medio de comunicación se habló de una cifra ($50.000 millones), pero todo indica que no han hablado en detalle de ese punto. Ni siquiera mencionaron cifras. Pues de hecho, en la prórroga, quedó pactado que tienen hasta febrero para llegar a un acuerdo sobre ello. Lo cierto es que a diferencia de lo que dicen algunos, esos activos son de los contratistas. “Es como cuando un carpintero va a su casa y le construye una mesa. A la salida usted no le dice déjeme el serrucho”, comenta un conocedor.
Varios meses en vilo
El preacuerdo para lograr la prórroga estuvo antecedido por tensiones, señalamientos públicos del alcalde Quintero contra las firmas del consorcio y reclamaciones judiciales de estas últimas al mandatario, conflicto que se avivó desde septiembre después del fallo en primera instancia de la Contraloría que determinó culpa grave de 26 personas naturales y jurídicas por el presunto detrimento patrimonial de $4,3 billones, incluidos los contatistas actuales.
El último mes estuvo plagado de ataques de Quintero contra el consorcio con el que hoy está a punto de firmar la nueva prórroga.
El primer mensaje del gobierno era que no esperaría hasta diciembre para tomar una decisión frente al cambio del contratista y que ese plan estaba caminando para que otra firma tomara el mando.
Quintero dijo el 26 de octubre: “Le pedimos al contratista, oiga, usted está en ley de quiebra, está sancionado y espera sanción en segunda instancia. Cédale el contrato a alguien que no esté enredado, escójalo usted. Pero no lo han querido hacer porque quieren presionar a la Contraloría para que no los sancione”.
Tres días después, al referirse al consorcio, el alcalde añadió que es una empresa que “utiliza todas las argucias para evadir la ley” e insistió en que habría una licitación para escoger a nuevos contratistas. Este proceso, dijo, podría demorar dos meses. Es decir, el nuevo contratista sería escogido en marzo y ahí comenzaría, según el alcalde, un proceso de empalme. Nada de eso ocurrió finalmente. Luego los calificó de “cínicos y atrevidos” por salir a “demandar sabiendo que son los responsables de los daños (...)”.
Y ayer, antes de que se conociera el preacuerdo, les pidió firmar la renovación: “ya tienen una propuesta de prórroga de ocho meses, no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen, mal harían en no hacerlo y presionarnos hasta el último segundo. Hoy está en la cancha de los contratistas”.
Hasta mencionó un plan que bautizó como “Mirella”, según el cual, la empresa tenía un protocolo de choque para que Hidroituango continuara su operación con las capacidades internas de EPM hasta que llegara un nuevo contratista.
En todo caso, con la incertidumbre aún vigente por no saber cuándo saldrá el fallo de segunda instancia de la Contraloría, lo cierto es que el consorcio CCCI arrancará 2022 siendo el constructor de Hidroituango, mientras EPM surte las fases de una licitación para que un nuevo constructor llegue y ponga en funcionamiento las seis unidades restantes, poco menos del 10% de la ejecución de la futura central.
En medio de ese tira y afloje, hubo voces desde todas las orillas advirtiendo la magnitud del riesgo que implicaba el cambio de contratistas. Desde el presidente Iván Duque, el gobernador Aníbal Gaviria, el mismo BID, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la academia y hasta políticos como Germán Vargas, afín al gobierno de Quintero. Todas parecieron ser desoídas por el alcalde que mantuvo su discurso de responsabilidades ya falladas contra los contratistas.
Según el cronograma vigente, además de la entrada en operación de las unidades 1 y 2 el próximo año, se tienen previstas dos más para 2023, tres en 2024 y la última en 2025. Todavía falta que corra mucha agua en esta historia .