Tras sesenta y dos años de servicios en el campo de la salud mental, la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas Hospitalarias, se suspendió por orden oficial. Hoy, la inmensa casona del barrio Prado, de estilo neomúdejar, está sin pacientes, sin personal médico, administrativo y de servicios generales, y ese espacio, que cubre desde la carrera Palacé hasta la carrera Balboa, con un costado hacia la calle Darién, está habitado por tres hermanas.
La medida, calificada de extrema por la comunidad religiosa, que además tiene en Colombia otras dos clínicas psiquiátricas, una en Pasto (más grande que el Hospital Mental de Antioquia) y otra en Bogotá, La Inmaculada, afectó en el momento de la clausura, el pasado 14 de febrero, a 68 pacientes que estaban hospitalizados, y causó la desvinculación de 70 de los 81 empleados de la clínica. Quedan once, a la espera de su liquidación.
El cierre de esta clínica, la segunda de su índole con más camas en Antioquia, aumenta la contingencia de salud mental, declarada el pasado 4 de julio por el Hospital Mental de Antioquia, con sede en Bello, al coparse sus servicios de hospitalización y urgencias.
Una de las tres hermanas hospitalarias es la madre Lucy (su nombre real es Luz Campos, natural de Quito, Ecuador), encargada desde hace cinco meses de la liquidación de la clínica y de enfrentar la grave situación originada en el cierre de una entidad que nunca dio superávit, porque, según dice, el interés siempre han sido los pacientes y su salud mental por encima de cualquier circunstancia financiera. “Había un trato muy humano a los pacientes, llegaban muy mal y luego salían bien”, afirma.
La sede de la antigua clínica estaba en un bien de interés cultural de Medellín. Las hermanas, en 1973, cuando ya llevaban en el barrio Prado trece años, compraron dos casas de la parte de atrás y ampliaron la entidad hospitalaria. En esa parte funcionó el Hospital Día, que, entre otros servicios, ofrecía a los familiares de los internados diversidad de programas terapéuticos. “Había tratamiento con el sentido espiritual, con respeto a lo que cada uno practicara o creyera en su origen”.
En 2019, la clínica recibió una circular, la 3100, del Ministerio de Salud, sobre prestadores y habilitación de servicios de salud, que contempla, entre otros aspectos, estándares de infraestructura, personal médico, dotaciones, servicios de hospitalización y otros múltiples ítems. Uno de los problemas detectados fue la falta de un ascensor, además para paciente acostado o camillero. Valga anotar que la clínica era de tres niveles. En la parte patrimonial no se podía insertar un ascensor, pero sí en la estructura trasera, donde funcionaba el Hospital Día.
La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través de la directora de Calidad y Redes de Servicios de Salud, Tatiana María Quiceno Ibarra, decretó la apertura de una investigación preliminar a las Hermanas Hospitalarias y ordenó la práctica de visitas, vigilancia y control a la mencionada clínica. Se seleccionaron los funcionarios para tales visitas y controles, como parte de los protocolos del Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud, y ante la presunción de que había anomalías en el funcionamiento.
En visita anterior, en agosto de 2017, la Secretaría de Salud y Protección Social, realizó lista de chequeo con base en la Resolución 2003 de 2014, y el estándar de infraestructura fue catalogado como “cumple” y en el ítem “Las instituciones prestadoras de servicios de salud ubicadas en edificaciones de hasta tres (3) pisos, existen ascensores o rampas...” se calificó, para el caso de la Clínica de las Hospitalarias, como “no aplica”.
En las posteriores visitas de los funcionarios, se encontraron algunos faltantes, además del ascensor, como carencia de timbres en los cuartos sanitarios para discapacitados. Las Hermanas, según su testimonio, cumplieron con los requerimientos. El ascensor, que era lo más crítico, también lo tenían ya estudiado y listo para su instalación, cuando sucedió la declaración de suspensión de servicios.
Ante la medida sanitaria oficial, las Hospitalarias, a través de su representante legal, Asunción Lizárraga Artaiz, interpusieron el 25 de febrero una acción de tutela en contra de la Secretaría Seccional de Salud, no sin aclarar su disposición a cumplir con las “acciones necesarias para superar las fallas encontradas”. El Juzgado Octavo Civil de Ejecución de Medellín falló en contra de las Hospitalarias y su clínica, y la declaró improcedente.
El plan de correcciones presentado por las Hermanas Hospitalarias no fue tenido en cuenta y no procedió ninguna medida legal en contra de lo que las hermanas consideraron un “engaño” oficial. “Nos mintieron. Hay un interés político en todo esto”, dice la Madre Lucy. Según ella, hay otros intereses, que trascienden el de la salud mental a cabalidad y se ubican en el campo de apertura de otras clínicas psiquiátricas en la ciudad, y, en particular, en la casona de Prado que funcionó durante 62 años “al servicio de la salud mental”.
Los de una organización de salud, denominada Más Mente, que solo tiene consultorios en La Aguacatala, llamaron a la hermana Lucy con el interés de alquilar las instalaciones de la exclínica psiquiátrica de las Hospitalarias. “Algunos que hicieron parte del personal médico y administrativo de nuestra Clínica van a abrir una en El Poblado”, dice con tono melancólico la quiteña, abogada, lectora y admiradora de la obra de Teresa de Ávila, la mística española, fundadora de la comunidad carmelita.
El médico psiquiatra Carlos Cardeño, que trabajó durante cuatro años en la Clínica de las Hospitalarias, dijo que en otras fechas lo mismo quisieron hacer con la parte psiquiátrica del antiguo Hospital San Vicente de Paúl, hoy llamado San Vicente Fundación, “pero como era el Hospital, tan reconocido en la historia, no fue posible que lo cerraran en su departamento psiquiátrico”.
La suspensión de la Clínica Psiquiátrica ha motivado la solidaridad de comunidades religiosas asentadas en el barrio Prado, como las de Mater Dei. La hermana Marta Lucía Cruz, de esa congregación, dijo que, en su momento, les dijo a las Hospitalarias que realizaran un plantón, una denuncia masiva en plaza pública, “nosotras las apoyaremos”, pero no le atendieron la solicitud.
La hermana Lucy, que llegó al proceso de liquidación y cierre el 22 de febrero pasado, dice con tristeza que a sus congéneres “les faltó más comunicación con el exterior, con el barrio, con otras fuerzas. Se aislaron, no se enteraron del afuera, de la política, de cómo son las relaciones con los políticos, la municipalidad, los gobernantes...”.
La comunidad de las Hermanas Hospitalarias, fundadas por el sacerdote italiano Benito Menni el 31 de mayo de 1881, está en 27 países del mundo, dedicada a la salud mental. La clínica de Medellín tenía convenios con varias EPS como Sanitas, Salud Total, Sumimedical, U. de A., Unisalud, Sena, Coomeva Prepagada, Sura Prepagada, Medplus Prepagada, Ecopetrol, EPM, Colsanitas y la Alcaldía de Medellín. “Las EPS estaban más por el dinero y las órdenes que por la atención y mantenimiento de pacientes”, declara la hermana Lucy.
La casona de las Hospitalarias, en la que ya no está el aviso con el nombre de la clínica psiquiátrica, tiene una torre, verjas de hierro forjado, amplio antejardín, y en su interior hay, además de una cómoda sala de espera con piso de parquet, patios con jardines, corredores con mosaicos brillantes, vidrieras coloridas y un ambiente de tranquilidad. La edificación, diseñada por Félix Mejía, data de 1938.
Su cierre también se puede interpretar como un atentado contra el patrimonio, no solo arquitectónico, sino ambiental, de convivencia, de vecindad, “con lo ya vivido”.
El profesor León Restrepo, de la Universidad Nacional, experto en historia de la arquitectura y en patrimonio, dice sobre esta ausencia de la clínica psiquiátrica: “Prado es patrimonio humano, vivido, donde se ha construido una vida de barrio, con vecinos, con instituciones, entonces uno necesariamente cuando habla de Prado tendrá que incluir muchas cosas, el teatro, instituciones de salud, muchas de las cuales tienen presencia en la vida del barrio”.
Según él, la ausencia de la clínica también afecta a los vecinos, a las comunidades que allí habitan. “Las personas que allí se internaban, sus familiares, formaban parte de Prado. Lo que ocurrió aquí es un atentado contra el patrimonio vivo, es condenar a una institución que forma parte de la vida del barrio a desaparecer”.
“Más allá de que haya otros intereses, es un atentado contra el patrimonio que una edificación coherente, de repente se desaparezca y esta casa queda más o menos al garete”, anota el profesor, que ha dado clases a sus alumnos de maestría y pregrado en distintos espacios del único barrio de Medellín declarado como patrimonio cultural.
Las tres hermanas y los once trabajadores que allí aún permanecen están a la deriva. Ya la provincia de las Hospitalarias, con sede en Quito, tomó la decisión de irse de Medellín. El caserón de reminiscencias árabes, al cual aún llegan pacientes a llorar, a solicitar ayuda, ya muestra los primeros indicios de padecer una enorme soledad.
