Entre carpetas, trámites, alegatos, tutelas y decisiones que podrían ir en contravía de sus derechos pasan los días dos niñas de tres y siete años esperando que alguna instancia administrativa les devuelva la vida que les fue alterada hace 43 días, cuando fueron enviadas por orden de una comisaria a un hogar de paso, en medio de un proceso que para la madre de las menores ha estado plagado de falta de garantías.
Ellas, sin entender bien las razones que hoy las tienen viviendo en una casa con otros 60 niños, según el relato de la madre, donde sienten que están “encarceladas” y en un paseo muy largo que ya quieren terminar, apenas pueden abrazar a su mamá una hora a la semana. Por eso, desde su nuevo hogar, le escriben cartas y le pintan dibujos para que ella no las olvide y las lleve consigo a todas partes.
Catalina, la mamá, emprendió una campaña mediática para que este proceso, que tuvo un giro inesperado, acabe pronto y se logre el restablecimiento de los derechos de sus hijas, entre ellos, el de tener una familia.
El arranque del proceso
La historia de este caso comenzó en los estrados en enero de 2020 cuando Catalina, una ingeniera de Procesos, de 43 años, decidió separarse del padre de sus hijas, “motivada entre otras razones, por violencia intrafamiliar”, hecho que puso en conocimiento de las autoridades y que llevó a que se le otorgara la custodia y el cuidado de las menores de edad. Se le impuso al padre una cuota alimentaria de 500.000 pesos mensuales.
Desde entonces, el papá de las niñas las veía cada 15 días. Así fue hasta junio de 2021 cuando Catalina interpuso una acción ante la Comisaría de Familia Zona Sur de Copacabana para solicitar el restablecimiento de los derechos de sus hijas, según ella vulnerados por “los actos de violencia verbal y psicológica que ejercía el padre contra ella en presencia de las niñas”.
Pero no era solo contra ella, al decir de Catalina y de varios de los testimonios que se allegaron al proceso, también hubo presunto maltrato físico contra las niñas como zarandeo a la más pequeña y la extracción violenta de uno de los dientes de la niña mayor. Tan crítica se tornó la relación con el padre durante las entregas de las niñas que, cuenta Catalina que “en repetidas ocasiones mi familia fue agredida (padre y hermanas)”, y fue necesario pedir la protección de la Policía.
“Era muy complicado para mí porque cada que las niñas debían irse para la casa del papá me suplicaban que no las mandara. Y cuando volvían llegaban inapetentes, tenían pesadillas, la más pequeña perdió el control de sus esfínteres y me contaban que a veces las dejaban solas”, relata.
Agrega que en el proceso “existen pruebas claras y contundentes, como las entrevistas realizadas a la niña mayor y el peritaje hecho al proceso, donde se evidencia que su padre ejercía todo tipo de violencia psicológica y verbal, lo que obviamente es contrario a una crianza positiva y saludable”.
Con pruebas (videos, fotos, chats), la comisaria de Familia Luz Natalia Zapata ordenó la suspensión de las visitas quincenales del padre y determinó que se hicieran bajo supervisión en una institución con acompañamiento de un equipo interdisciplinario.
Un nuevo capítulo
Sorpresivamente, asegura la abogada de Catalina, Diana Londoño, el 6 de diciembre de 2021, la comisaria decide cerrar el expediente y concede de nuevo la custodia compartida, sin tener en cuenta valoraciones de Medicina Legal y otras pruebas sicológicas fundamentales para la decisión.
“Hay una clara parcialidad de la comisaria a favor de una de las partes: desvirtúo las pruebas, fue parcial en el análisis y valoración y no tuvo enfoque de género como lo ordena la Corte Constitucional. La medida fue desproporcionada porque las niñas venían con una custodia a cargo de la mamá, con régimen de visitas cada 15 días, y lo cambia a custodia compartida con los antecedentes de violencia que ya existían. Eso no tiene razón de ser y sobre todo teniendo en cuenta que no hay una sola prueba objetiva, que diga que la mamá no es apta para el cuidado de las niñas”.
Tras una serie de recursos de la defensa, que incluyó recusación a la comisaria y una acción de tutela, el Juzgado Segundo Civil de Oralidad de Bello le ordenó el 23 de febrero pasado a la comisaria remitir el expediente para ser homologado ante el juez de familia de Bello, pues habían pasado dos meses sin dar el traslado y ordenó compulsar copias a la Procuraduría para investigar las actuaciones de Zapata.
Dentro del trámite de la tutela, el padre de las niñas afirmó en su defensa que “no ha ejercido violencia contra ellas, que fue víctima de agresiones por parte de la familia materna de las niñas”. Frente al debido proceso, el papá consideró que “ambas partes pudieron presentar pruebas e intervenir (...) y que siempre ha manifestado su disposición de acudir a cualquier instancia a la que sea citado”.
A un hogar de paso
Apenas una semana después, el 28 de febrero en un comité del Centro Zonal del Aburrá Norte del Icbf se analizó el caso. “El 1 de marzo llegamos a la Comisaría para recibir a las niñas y nos encontramos con una situación atípica. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El rumor entre la familia de él era que se iban a llevar a las niñas para un hogar de paso, pero no daba crédito a eso. Finalmente me informaron que las iban a institucionalizar”.
Martha Cerón, psicóloga y abogada experta en niñez de la IPS Creciendo con Cariño, realizó un peritazgo al expediente y halló que en muchas de las actuaciones, especialmente en la entrevista grabada en video a la niña mayor, no se aplicaron los protocolos y se desconocieron los derechos de la menor como víctima.
“Este es uno de esos casos en los que uno se pregunta qué hacen las autoridades administrativas para proteger a los niños, pues es evidente que aquí se desconoció la norma que es tan estricta en temas de violencia intrafamiliar, pues un solo hecho que se documente es suficiente para protegerlos y aquí está documentado, pues hasta el padre reconoció en una declaración el maltrato y presionó a la niña cuando conoció el resultado de la entrevista”, explicó Cerón.
Catalina dice que dará todo por sus hijas, creó una cuenta en Instagram y ha recibido apoyo de diversas organizaciones que luchan por defender los derechos de los niños en casos como estos. “Las niñas me deben ser devueltas, porque soy una mamá competente, amorosa y respetuosa. Espero que se haga una revisión del proceso de forma transparente, con todas las pruebas, para que se haga justicia”.
Entre tanto el calendario corre para las niñas en un hogar donde dice Catalina están bien cuidadas, pero en el que cada vez se sienten más tristes y abandonadas.
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