El Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y negó la solicitud de traslado de la Brigada Móvil Nº 18 que se encuentra en la zona urbana del Municipio de Ituango en el norte de Antioquia.
La petición había sido solicitada por algunos habitantes de la población con el argumento de que su permanencia ponía en peligro a la comunidad ante posibles ataques de grupos armados ilegales.
La Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, negó la protección de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente que argumentaban algunas personas eran vulnerados por la existencia de la base frente a una sede del Sena y en medio de varias viviendas.
En la decisión, la Sala señaló que los ciudadanos tienen el deber de soportar, como carga social, la ubicación de un puesto de control de la fuerza pública en su vecindario, como apoyo a la autoridad.
Por tal razón, el solo hecho de la instalación de una base militar en una determinada población no puede suponer por sí misma una amenaza o vulneración al derecho colectivo a la seguridad pública.
Por su parte, el Ejército argumentó que “de nada serviría que la Fuerza Pública se estableciera en lugares apartados de las zonas donde hay problemas reales y delicados de orden público, pues de requerirse la presencia de la autoridad tardaría en llegar al sitio donde se necesite”.
La sentencia explicó que en el informe presentado por el Municipio no hay registros de un solo ataque contra la base militar. Para la Sala, lo que ha ocasionado los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército no es la existencia de la base, sino el hecho de que en la zona los grupos armados ilegales han desarrollado actividades terroristas desde antes de la llegada del Ejército .
