La implementación del Acuerdo Final de Paz en Antioquia, como en buena parte del país presenta un panorama de claroscuros, con avances significativos en ciertas áreas, pero también con persistentes desafíos que amenazan la construcción de una paz estable. Este diagnóstico mixto fue el eje central de la socialización del más reciente Informe Trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que se llevó a cabo este martes 27 de mayo en Medellín.
Entérese: Firmantes de paz serán trasladados de Remedios a Yalí, en Antioquia; Presidencia promete entregarles casa
El evento, que sirvió para propiciar un debate sobre los progresos y dificultades del Acuerdo en Antioquia, contó con la presencia de Enrique Sánchez Airas, Jefe de la Oficina de Medellín de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, representantes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Sánchez Airas compartió las principales conclusiones del informe y la visión de la ONU sobre la situación actual en el departamento.
Antioquia lidera en acceso a tierra y vivienda
Uno de los puntos destacados por la Misión de Verificación y en el foro fue el avance de Antioquia en materia de acceso a tierra y vivienda para los firmantes de paz, en el marco de la Reforma Rural Integral (Punto 1 del Acuerdo Final).
“Antioquia es uno de los departamentos donde más se ha avanzado en temas de adjudicación y de formalización de tierras, incluso también en temas de restitución, que es otro aspecto que también es importante, porque es devolverle la tierra a las víctimas del conflicto armado”, señaló Sánchez.
Aunque a nivel nacional solo se ha adjudicado el 6% de la meta de 3 millones de hectáreas y se ha formalizado el 45.9% de los 7 millones de hectáreas del Acuerdo, el departamento ha mostrado un dinamismo particular. No obstante, es de resaltar que solo durante el gobierno del presidente Petro se ha contribuido en el 94% de las hectáreas adjudicadas y en el 43,6% de las formalizadas.
Puede leer: Firmantes de paz abrieron distribuidora de productos elaborados en los proyectos productivos: así puede apoyarlos
Las autoridades nacionales y departamentales destacaron los proyectos de vivienda para los firmantes de paz, como las 12 casas entregadas en Ituango para firmantes que se reubicaron tras el traslado del antiguo ETCR Santa Lucía. Además, hay 101 viviendas en construcción en Dabeiba para consolidar el ETCR Llano Grande, un proyecto de autoconstrucción de 27 viviendas en Anorí, y el compromiso de cofinanciamiento para 32 viviendas en Yalí, destinadas a la reubicación del ETCR Carrizal desde Remedios por razones de seguridad.
En este contexto, Sánchez Airas resaltó el mecanismo de “Obras por Impuestos” como un ejemplo positivo de participación del sector privado en la implementación del Acuerdo de Paz en la región. “Fenomenal” fue la palabra que usó para describir la contribución del sector privado en Antioquia a través de este mecanismo. Explicó que permite a las empresas invertir parte de sus impuestos directamente en proyectos de inversión en los territorios afectados por el conflicto, como en las zonas PDET. Antioquia ha sido líder nacional en la aplicación de esta figura. “Muy importante esa contribución porque significa que las empresas se vinculan directamente con el trabajo de paz en los territorios”.
Preocupante repunte de la violencia
A pesar de los avances en tierra y vivienda, la situación de seguridad para los firmantes de paz y los líderes sociales en Antioquia sigue siendo “muy crítica”. Sánchez Airas expresó preocupación por un “rebrote” de asesinatos de firmantes en el departamento.
“Cinco firmantes en poco menos de un mes, un mes y medio, entre abril y mayo, han sido asesinados en diferentes regiones de Antioquia”, lamentó.
Este repunte es particularmente alarmante, ya que se produjo después de un período de “relativa calma” de unos 16 meses en el departamento, comparado con otras zonas del país. Las víctimas más recientes se registraron en Urabá, el Magdalena Medio y el Norte de Antioquia. Desde la firma del Acuerdo, 45 firmantes han sido asesinados en Antioquia, cerca del 10% de los 460 a nivel nacional hasta marzo de 2025.
La Misión de Verificación vincula esta violencia a problemas estructurales no resueltos, como la limitada presencia del Estado y la existencia de economías ilegales, usando la reciente crisis humanitaria en el Catatumbo como un ejemplo de estos factores persistentes. Aunque la crisis se centró en Norte de Santander, tuvo repercusiones en Antioquia, manifestadas, por ejemplo, en el desplazamiento de personas hacia Medellín en busca de protección.
El informe del Secretario General de la ONU es contundente al señalar que las iniciativas de “Paz Total” no han generado resultados claros y sostenibles hasta el momento. La recomendación es “priorizar aquellos procesos de diálogo político con potencial para proporcionar beneficios tangibles a las comunidades afectadas”, que demuestren un “compromiso serio” con la paz y permitan una mayor presencia del Estado. Para la ONU, las políticas de seguridad y los procesos de paz deben ser complementarios para lograr un impacto positivo en las comunidades.
Retos en justicia y protección
La justicia transicional, pilar central del Acuerdo, también fue abordada en el informe. Si bien se han logrado avances, como las imputaciones realizadas por la JEP, incluyendo casos relacionados con Antioquia (Caso 03, sobre “falsos positivos”), el llamado es a acelerar la emisión de las sanciones propias y garantizar la seguridad jurídica de los comparecientes.
Finalmente, Sánchez Airas también se refirió a la reciente reunión de la JEP con la Alcaldía de Medellín para abordar los problemas de financiación que tiene la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, señalando que es una operación costosa que requiere más apoyo del gobierno central y la inclusión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
