Ilegales buscan tomarse el control de la subestación eléctrica de la mina que opera la Zijin Continental Gold.
La violencia que azota el municipio de Buriticá, especialmente bajo tierra, adentro de minas laberínticas, ha vuelto a escalar con un nuevo ataque con explosivos que dejó a tres guardas de seguridad heridos en la madrugada del miércoles 23 de julio.
El incidente se registró al interior de la mina de oro operada por la multinacional Zijin Continental Gold, específicamente en el sector conocido como Higabra.
Los guardas, que operan para la empresa Atempi, resultaron con lesiones de consideración, principalmente en el rostro, a causa de las esquirlas de los explosivos y fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica, donde ya están estables.
Según denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el ataque fue perpetrado por grupos de delincuencia común organizada con el claro propósito de tomarse la subestación eléctrica principal de la empresa minera, así como los niveles 1140 y 1125 de la mina. Esta subestación, con capacidad de 750 kVa, es una infraestructura clave para el suministro eléctrico de la mina Higabra.
Rendón rechazó enfáticamente la acción terrorista, declarando que “los criminales están desesperados” y que “a estos bandidos hay que combatirlos con todas las capacidades de nuestras Fuerzas y de la ley.
Tras el atentado, la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal (UNIMIL) de la Policía Nacional se desplazó a la zona para intentar recuperar el control del tramo afectado y garantizar la continuidad de las labores legales de explotación de minerales. La Policía Antioquia no descarta la realización de un consejo de seguridad en el municipio para evaluar la situación y tomar medidas. Actualmente, las autoridades investigan qué estructura criminal está detrás de la detonación de los explosivos.
Hay que recordar que la mina de Buriticá ha sido escenario de una invasión masiva por parte de mineros ilegales, principalmente instrumentalizados por el Clan del Golfo, desde el año 2020, situación que se agravó en medio de la pandemia. Se calcula que entre 1.500 y 2.000 personas se dedican a la extracción ilícita de minerales en la zona, operando desde más de 380 bocaminas ilegales que conectan con los túneles de la Zijin. Actualmente, el 60% de las labores mineras subterráneas de la compañía están invadidas por la minería ilegal.
Este último ataque se suma a otros incidentes graves, como el registrado el viernes 17 de enero de 2025, cuando un grupo de mineros ilegales usó explosivos para conectar sus actividades a la mina Higabra y luego lanzar una carga de alto poder que destruyó una subestación eléctrica principal, interrumpiendo el 90% de la capacidad de producción del proyecto y afectando los sistemas de ventilación y bombeo, lo que causó una rápida acumulación de gases tóxicos y la evacuación de personal. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha calificado estos eventos como un ”patrón de violencia sistemática” que busca desestabilizar las operaciones legales y favorecer la expansión de bandas criminales.
La multinacional Zijin Mining, titular del derecho minero, ha manifestado su preocupación por la falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano y no descarta emprender acciones legales internacionales. La Procuraduría General de la Nación también ha solicitado informes detallados sobre las medidas de seguridad para evitar que la problemática se agrave.
Se estima que el saqueo de oro ilegal alcanzó las 3.2 toneladas el año pasado, valoradas en unos $850.000 millones, lo que representa una defraudación de aproximadamente $400.000 millones en impuestos para el Estado en 2023. La ley del silencio y el miedo operan en el municipio, donde los habitantes evitan hablar de la situación para evitar problemas.
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