Doce días antes de salir de la administración Quintero para hacer campaña en el Pacto Histórico, el entonces secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Juan Pablo Ramírez, destacó que estaban comenzando la entrega de un aporte de Renta Básica por 100.000 pesos a 30.000 familias que les servirían para “ajustar un mercado, pagar los servicios públicos o completar un arriendo e impulsar su propia reactivación”. Lo que no mencionó es que se trata de un programa sobre el cual se pusieron muchas expectativas y que se ha ido desdibujando como si fuera una babosa en el contacto con la sal.
Efectivamente, la promesa que quedó consignada en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2022 era que durante todo este periodo 91.485 familias de las más pobres de la ciudad recibirían $100.000 mensuales para cubrir sus necesidades más apremiantes, igual que 8.515 personas más entre víctimas del conflicto y gente con alto riesgo de caer en la pobreza. Para ello, según dijo el alcalde Daniel Quintero en varias entrevistas, a mediados de su primer año de gobierno, iban a apropiar más de $363.000 millones.
La rendición de cuentas de 2021 mencionaba un avance de 47,2% en la meta general de familias, 45,2% en el número de víctimas del conflicto y 67,3% en cuanto a las personas con vulnerabilidad social beneficiadas.
Pero lo cierto es que dos años después, es decir transcurrida la mitad del periodo de esta administración, solo han entregado 38.135 millones de pesos, o sea el 10,5% de los recursos cacareados inicialmente, de acuerdo con la información suministrada por la propia Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos en respuesta a un derecho de petición que le envió EL COLOMBIANO. El agravante es que el resto del periodo no está financiado.
Otra manera de medir lo que ha sido el componente de Renta Básica, fuera del monto total de los recursos ejecutados, es a partir del número de beneficiarios y la cantidad de entregas, pero igualmente las cifras resultan contradictorias y, en todo caso, la Alcaldía no queda bien parada. Tal vez por eso se advierte un celo extremo para suministrar los datos, de manera que quienes han querido hacerle seguimiento al programa han tenido que recurrir a derechos de petición.
Si bien en el Plan de Desarrollo no quedó estipulado, el alcalde y otros funcionarios mencionaron que la intención era sostener un aporte de $100.000 mensuales por familia y luego dijeron que serían $200.000 cada dos meses para hacer más práctica la operación de entrega.
No obstante, las cifras han fluctuado, con tendencia a la baja. En todo el 2020, también de acuerdo con el derecho de petición, solo hubo un desembolso de $100.000, en diciembre, para un total de $5.263 millones a 34.251 familias. Adicionalmente, les dieron un aporte de 2,5 millones a 29 familias ($72,5 millones en total) como plante para que montaran negocios que les dieran autonomía económica. Es decir que el gran total final ese año fueron $5.335,5 millones.
En 2021 hubo también un flujo oscilatorio en el programa. Entre marzo y abril les desembolsaron $200.000 a 66.196 beneficiarios ($13.238 millones en total); entre agosto y octubre hubo un segundo envión, también por $200.000 a 58.240 familias ($11.648 millones) y en diciembre, el aporte de Navidad de $100.000 cobijó a 49.287 familias ($4.928 millones).
En 2022 el único desembolso ha sido de $100.000 para 30.904 familias ($3.090 millones), y así la suma para todo el periodo transcurrido de esta administración en Renta Básica suma poco más de $38.000 millones.
Lo más grave es que, hasta ahora, el único presupuesto para el programa este año alcanza los $8.300 millones y eso quiere decir que solo quedarían $5.210 millones para los ocho meses restantes.
“Según el presupuesto con el que se cuente se realizará un pago en el segundo semestre”, apuntó la Secretaría de Inclusión Social.
‘Se quedaron en bla, bla, bla’
Hace cerca de un mes en una comisión accidental sobre el tema citada por el concejal Daniel Duque (Partido Verde), la directora de la Unidad de Familia de la Alcaldía, Dalgy Franco, anunció que los secretarios de Inclusión Social, Santiago Preciado, y de Hacienda, Óscar Hurtado, están comprometidos en tramitar una adición presupuestal con este fin.
En ese mismo escenario, varios sectores que habían sido priorizados para recibir el beneficio de la Renta Básica se quejaron de que las promesas de apoyo económico de la Alcaldía “se quedaron en bla, bla, bla”.
“La administración creó unas falsas expectativas, al hablar de una renta básica de $200.000 bimestrales, que no se han visto reflejadas; y de 200.000 pasó a 100.000 y de bimestral pasó a ... no hay claridades en cuanto a eso y esta población es muy necesitada, trabaja en el día para comer en las noches, y la administración oronda diciendo que está cumpliendo”, se quejó el presidente de la Unión General de Trabajadores Informales (UGTI), Guillermo Giraldo.
Algo similar anotó Gisela Ardila, líder de las 430 vendedoras de tintos que laboran en los alrededores del Parque Berrío. “Yo digo, sinceramente, si creen que $33.000 mensuales o $100.000 cada tres meses es una renta básica yo les doy un aplauso; no sirven ni para los servicios públicos ni para el mercado ni para pagar un arriendo. O sea que la renta básica es una mentira”.
Albeiro Giraldo, secretario de la Asociación de Trabajadores Ambulantes (Aste), fue más vehemente aún: “Uno acepta que la plata no alcanza, que son muchos los pobres y que este problema no se originó durante esta administración, pero que anuncien que nos van a dar $100.000 mensuales y no nos los den sí es jugar con el hambre de las personas”, apuntó.
Al preguntar en el derecho de petición por el tema, la Administración aclaró que la Renta Básica se incluyó en el Plan de Desarrollo como respuesta a la pandemia por el covid-19, pero no estaba previamente en el plan de gobierno con el cual Quintero ganó las elecciones de 2019.
Luego, añadió que el cambio en las condiciones socioeconómicas de muchas familias con la reactivación económica postpandemia, el avance en la vacunación y la recuperación de miles de empleos habrían permitido disminuir la asistencia monetaria que se brinda a través de la Renta Básica y redireccionar los recursos hacia otros programas.
El anterior argumento es cierto solo en parte, para empezar porque si bien la Renta Básica se adoptó como estrategia para paliar los efectos de la pandemia, también ha sido una aspiración que vienen jalonando desde 2007 organizaciones como la corporación Región, Escuela Nacional Sindical y Fundación Confiar, y fue discutida con esta Alcaldía desde antes de que se dieran los primeros brotes de coronavirus.
Una fuente que pidió no divulgar su nombre le dijo a EL COLOMBIANO que en las discusiones siempre se habló de un enfoque de derechos, lo cual sugiere que el aporte fuera cada vez mayor hasta alcanzar un monto que en realidad cubriera las necesidades básicas de la gente, y no como hoy que se puede constatar un retroceso en la cantidad y la frecuencia así como en el número de beneficiarios de la llamada Renta Básica.
Adicionalmente, quedó demostrado que aunque el circuito económico se ha dinamizado, las condiciones de miseria en amplios sectores de la sociedad medellinense, que son estructurales, se agudizaron con el encierro para conservar la vida contra la amenaza del covid-19 y es una situación que no ha variado.
Datos citados por la Veeduría al Plan Estratégico de Medellín indican que en 2020 la pobreza moderada en el valle de Aburrá —que suele coincidir con la cifra de la ciudad— era de 32,9% (se incrementó en más de 334.000 personas) y la extrema de 9,1%, registrando un aumento de 8,5% en el primer índice y de 5,4% en el segundo con relación a 2019.
Es decir que 1’225.526 medellinenses no tienen las condiciones mínimas para una vida digna. En cuanto a desigualdad, el índice Gini aumentó de 0,48 a 0,52.
“Medellín no tiene renta básica y lo que presenta como canasta básica de derechos tampoco es una articulación de los derechos fundamentales que se necesitan para salir de la pobreza. Esto no fue lo que nosotros le presentamos a la administración. Nuestro llamado es a que no solo se retomen los nombres de las propuestas sino que se logre integrar su enfoque transformador de la pobreza y sus contenidos”, enfatizó por su parte en la comisión accidental la presidenta de esta veeduría y también directora de Región, Isabel Sepúlveda.
A la vez, enfatizó que retrocedimos diez años en la lucha contra la pobreza y “si no logramos tener unas políticas serias, donde se incluyan recursos, esto va a ser una olla a presión que va a reventar, y no va a ser a esta administración”.
“Aunque valoramos el esfuerzo presupuestal en esta materia, se trata de un proyecto que debería ajustarse en términos de su cobertura, monto y frecuencia para impactar de manera efectiva a las familias beneficiadas”, había dicho ya la Veeduría al Plan Estratégico en su balance de final de 2020.
Lo que también se puso en evidencia en la comisión accidental de marzo pasado, y que pudo constatar EL COLOMBIANO, es la incoherencia de la Alcaldía, porque la información difiere en las respuesta a varios derechos de petición que otros han interpuesto. Y si se analizan los mensajes que emiten sus voceros con cada entrega se nota que omiten referirse a las metas, la periodicidad y la cuantía que promovieron inicialmente.
Ya una corriente está generando la propuesta de instaurar una acción popular para exigir que se cumpla lo consignado en el Plan de Desarrollo con relación a la llamada Renta Básica, a la vez que en el Concejo hay también un proyecto de acuerdo que tiene el aval de representantes de casi todas las fuerzas políticas, para darle a la propuesta la dimensión real que involucra el término . n
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