A pocos días del cambio de gobierno, líderes políticos en Antioquia elevaron ante la administración entrante de Abelardo de la Espriella un pedido para que la Nación le devuelva al departamento las competencias mineras que perdió durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
El pedido es encabezado por la representante a la Cámara y exdirectora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, quien planteó que la restitución de esa delegación minera sería clave para que se fortalezca la presencia estatal en las zonas más afectadas por la ilegalidad.
La delegación minera era una figura que venía operando desde 2001, cuando el Gobierno Nacional entregó provisionalmente sus funciones de autoridad de minería a varios departamentos, incluido Antioquia.
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En términos prácticos, la decisión consistía en que para el desarrollo de actividades mineras, tanto pequeñas como grandes, los extractores no tenían que hacer los trámites ante el Gobierno Nacional en Bogotá, sino que podían adelantarlos directamente con las gobernaciones.
Pese a que durante la primera década múltiples departamentos también se beneficiaron de esa descentralización, en 2012 la Nación le retiró sus poderes a Boyacá, Bolívar, Norte de Santander, Caldas y Cesar quedando Antioquia como el único con esa autoridad.
Tras la llegada de la administración Petro, comenzaron a aparecer señales que apuntaban al retiro de esa delegación.
El primer golpe ocurrió en enero de 2023, cuando la Nación le quitó a la Secretaría de Minas de Antioquia su potestad sobre el manejo de los proyectos clasificados como PINE (Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos), entre los que estaban grandes explotaciones en Buriticá, Gramalote y El Bagre.
En noviembre de 2023, el entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, también anticipó en diálogo con este diario que en diciembre de ese mismo año se decidiría si se mantenía la delegación, a raíz de una solicitud de prórroga.
Un mes después, el 26 de diciembre, esa entidad informó que asumiría esas funciones, despertando una fuerte controversia que estalló en pleno cambio de gobierno territorial.
Uno de los primeros reclamos lo hizo directamente el entonces gobernador Aníbal Gaviria, quien calificó la decisión como un asunto más guiado por intereses políticos que por criterios técnicos.
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“Rechazo total a la no prórroga de la delegación minera en Antioquia, una decisión que no es técnica, sino política y afecta principalmente a pequeños y medianos mineros de una región que ha logrado más del 40% de toda la formalización minera del país. ¡Centralismo sin argumentos!”, reclamó Gaviria.
“El Gobierno Nacional nos niega la renovación de la Delegación Minera que Antioquia tenía desde hace 22 años. Un acto que desconoce la autonomía de las regiones. Un centralismo que asfixia fastidia y divide”, expresó también Andrés Julián Rendón, en aquel momento en calidad de gobernador electo.
La Nación se mantuvo en su decisión, argumentando que era necesaria para darle un viraje a la política minera. Sin embargo, durante el paro minero de este año en el Bajo Cauca, los mineros informales advirtieron que, desde que Bogotá asumió esos poderes hace dos años y medio, gestionar los trámites se había convertido en una pesadilla burocrática
Sobre ese proceso, la representante Mora y también el diputado de Antioquia Édison Antonio Restrepo, señalaron que la recuperación de las funciones mineras le permitiría al departamento destrabar los procesos de formalización.
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“Desde que la Agencia Nacional de Minería reasumió dichas competencias en 2024, la centralización generó retrasos en la atención, la suspensión de términos administrativos y el traslado represado de 1.487 solicitudes mineras, afectando la seguridad jurídica del sector y por lo tanto, las inversiones que hoy tanto requieren los territorios”, argumentaron los corporados.
Tanto Mora como Restrepo recordaron que Antioquia, como principal productor de oro de Colombia, concentra 42 de los 101 municipios en los que se desarrolla la explotación de oro de aluvión, modalidad en la que hay mayor nivel de informalidad.
“La restitución no resta competencias al Gobierno Nacional; constituye un esquema de coordinación interinstitucional que optimiza recursos, fortalece la gobernanza y promueve un desarrollo minero formal, competitivo y sostenible”, agregaron en su carta a De la Espriella.
Además de los procesos de formalización, para el próximo periodo de gobierno este cambio también podría tener un papel clave en proyectos mineros de gran escala que ya se están desarrollando o que se buscan impulsar en las diferentes regiones del departamento.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué petición le hicieron en Antioquia al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella?
- Líderes políticos del departamento solicitaron al gobierno entrante revertir una decisión de la administración de Gustavo Petro y devolverle a Antioquia las competencias de autoridad minera que le fueron retiradas hace dos años y medio.
- ¿Qué era la delegación minera que operaba en Antioquia?
- Era una figura administrativa, vigente desde el año 2001, que permitía a los mineros realizar todos sus trámites y procesos de legalización directamente con la Gobernación de Antioquia, sin necesidad de gestionarlos ante el Gobierno Nacional en Bogotá.
- ¿Cuándo perdió el departamento su autoridad para regular la minería?
- La pérdida de la delegación se oficializó el 26 de diciembre de 2023, luego de que el entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, confirmara que la entidad asumiría nuevamente estas funciones.
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