Ocho funcionarios o exfuncionarios de las alcaldías de Antioquia han sido sancionados por la Procuraduría General de la Nación en lo que va corrido del año. Y a otros cinco se les formuló pliego de cargos por presuntas faltas contra la administración pública.
Pero el asunto va más allá. EL COLOMBIANO comprobó, luego de una revisión del Sistema de Información Misional de la Procuraduría (SIM), que por lo menos el 90 % de los alcaldes del departamento tienen procesos abiertos en la entidad. Ese porcentaje incluye a quienes tienen en su contra quejas por no responder derechos de petición, o aquellos que están en la mira por contratar indebidamente o abusar de su cargo, entre otros posibles delitos.
La investigaciones de gran envergadura fueron remitidas, en su mayoría, por la Contraloría de Antioquia, que realiza auditorías al 96 % de los municipios.
Rubén Darío Naranjo, contralor departamental, aseguró que solo en 2018 se encontraron hallazgos fiscales por más de $12.344 millones. “Son recursos que no se ejecutan correctamente o que se desvían. Por ejemplo, hay alcaldías que recaudan el valor de las estampillas o las sobretasas ambientales, pero se gastan esos recursos en otras cosas”, dijo Naranjo.
Según el funcionario, en el 30 % de los municipios de Antioquia se encontraron problemas que van desde contrataciones dirigidas, hasta obras faltantes, o ejecutadas con mala calidad; mala gestión de seguros, entre otros.
“Durante las auditorías muchas de esas irregularidades se corrigieron, y logramos recuperar $1.701 millones”, agregó Naranjo.
Más indagaciones
En la auditoría realizada en 2018, la Contraloría halló cinco presuntas irregularidades que podrían tener incidencia penal; es decir, cinco casos en los que el manejo fue tan desastroso que además se podría haber configurado algún delito.
La información fue remitida a la Fiscalía, que deberá iniciar las investigaciones para identificar a los responsables. “Hay que decir que usualmente cuando se dan estos hallazgos, en un plazo de uno a dos años los responsables terminan capturados”, dijo el contralor de Antioquia.
Los cinco casos que se mantienen bajo reserva procesal corresponden a municipios del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Valle de Aburrá.
Una fuente de la Fiscalía Seccional Antioquia reveló que, además de los expedientes remitidos por la oficina de Naranjo, la entidad está haciendo investigaciones detalladas en toda la jurisdicción.
“Hay regiones con más problemas, como el Bajo Cauca, pero los avances se están viendo. La instrucción es dar prioridad a la estrategia contra la corrupción, que el fiscal Néstor Martínez denominó Bolsillos de Cristal”, dijo.
La fuente aclaró que en las poblaciones más apartadas han encontrado contrataciones ilegales y delitos contra el patrimonio público, pero que la principal preocupación está en los pueblos donde hay más recursos.
“Mientras más presupuesto hay, más elaborado es el delito. Hay casos en los que hemos tenido que actuar como se hace contra el crimen organizado: descubriendo modus operandi e implicados ocultos”, precisó.
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