Lo único que sobrevive de las clases de otra época son las marcas de tiza. Ya no hay pupitres y el aula se convirtió en una suerte de acopio de reciclaje: neumáticos, tejas desperdigadas, botellas, musgo pegado al hierro de las ventanas. Metidos entre colchones, cajas de cartón y hasta un coche de bebé, aún están los balones y los conos naranjas de la clase de Educación Física.
En un tablero se alcanza a leer: “Hoy es 23 de agosto de 2012”. Quizás los niños de la escuela El Porvenir de Titiribí no sospecharon que ese era su último día en el lugar porque tenían la certeza de un regreso.
Pero no volvieron nunca, ni hubo más fechas para sumar al calendario. Hace ocho años esa sede de la escuela, que ofrecía hasta el grado quinto, desapareció: los salones se los tragaron las grietas, que cruzan el piso por el centro; las puertas están separadas de sus muros.
“Si yo tengo una casa y no barro, ni trapeo, no la cuido, pues mientras más vieja se ponga, más fácil se cae. Eso pasó en El Porvenir”, contó María Marleny Vanegas. Su hijo y su nieta estudiaban ahí y tuvieron que trasladarse a la Institución Educativa La Albania, cerca del casco urbano.
La bandera de campaña de los políticos de la zona, cuentan los habitantes, ha sido reconstruir la escuela. Desde que fue desalojada por la gravedad de los daños, los niños de la vereda tienen que caminar durante 20 minutos por la carretera hasta La Albania, con el riesgo de que ocurra un accidente. De hecho, eso ya sucedió: en abril de 2019, cuatro niños murieron arrollados por un vehículo mientras esperaban la buseta para ir al colegio.
El Porvenir es un espejo de lo que pasa en las nueve subregiones de Antioquia. La infraestructura educativa es uno de los grandes pendientes de los gobiernos locales y, según la Secretaría de Educación departamental, hay 4.333 sedes: 410 urbanas y 3.923 escuelas rurales. El problema es que se trata de construcciones antiguas y el 90 % está localizado en el campo en condiciones de difícil acceso. Las medidas del Estado no han podido contener el deterioro y hoy el 50 % de estas sedes tiene necesidades de mantenimiento.
Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación, precisa que la dependencia tiene 581 solicitudes de ampliaciones, 1.498 mantenimientos y 412 reposiciones pendientes, para un total de 2.491 intervenciones por realizar que todavía no han sido costeadas.
La funcionaria enfatiza en que esta es una de las grandes deudas heredadas que tiene esta administración y que será una de sus prioridades en el cuatrienio. Las estrategias, dijo, deben enfocarse especialmente en la zona rural. Añade que están en curso 77 intervenciones físicas en 46 municipios, con una inversión cercana a los $38.479 millones.
Los predios no son nuestros
En la sede Enrique Muñoz del Centro Educativo Rural Urbano Ruiz de Amagá, Suroeste antioqueño, las baldosas del restaurante escolar se levantaron en Navidad y dejaron la arena al descubierto. Es imposible cocinar. Tuvieron que conseguir un tanque de agua porque los constantes daños en las tuberías los dejaban sin agua hasta dos veces por semana. En esta escuela de primaria el año pasado tenían 24 estudiantes. Hoy solo quedan 10.
Ana Hernández, rectora, cuenta que una de las dificultades para atender estos problemas es que el predio de la institución, que ha funcionado allí por cinco décadas, no es propiedad del Estado.
Este mismo lío se repite en otros colegios. Así lo advierte el Plan de Educación Antioquia 2030, un ejercicio diagnóstico desarrollado durante tres años entre la Gobernación y la Universidad de Antioquia. Allí se especifica que la legalización de los predios es un asunto crítico, es decir, cuando los establecimientos son de particulares y no pueden destinarse recursos públicos en su mantenimiento. Décadas atrás, muchos terrenos fueron cedidos por dueños de fincas o por la Iglesia a las comunidades para la construcción de las escuelas.
La secretaria Peláez explicó que sin esta fase de legalización no es posible hacer construcciones nuevas. Lo que sí se está haciendo, en asocio con Proantioquia y la Usaid, es un proyecto de titularización, sobre todo en el Bajo Cauca.
“Además de pensar en nuevos colegios, primero necesitamos retomar asuntos de batería sanitaria, restaurantes escolares y techos, que creemos no dan espera”, agrega.
Y ahí, en acueducto, tampoco paran las deficiencias. Hace unas semanas, la Institución Educativa Vigía del Fuerte suspendió sus clases por problemas de alcantarillado. Alirio Córdoba, rector, explica que la alcaldía ya reparó los baños.
En otras sedes, como la Institución Educativa Santa Teresa de Argelia, en el Oriente, el coordinador académico Edgar Daney Rendón, cuenta que la infraestructura de 60 años del colegio requiere con urgencia una intervención en sus unidades sanitarias. “Son desastrosas. Tienen fugas de agua, presentan daños en los inodoros, no vacian, tienen filtraciones”, comenta.
La red eléctrica es también insuficiente. El techo tiene goteras, el piso tiene huecos. El restaurante escolar era un antiguo laboratorio de Química que fue adecuado como comedor para los niños.
La institución, además, tiene 17 sedes rurales en veredas distantes y ninguna tiene cerramiento. El año pasado la alcaldía mejoró dos sedes, pero en las otras siguen los espacios clausurados para los alumnos por el riesgo de colapso. “Nos toca a los profes meternos la mano al bolsillo para comprar y arreglar algunos daños. O hacer rifas”, añade Rendón.
Otro de los pendientes es el hacinamiento. El tamaño de las aulas no es adecuado y en algunos salones tienen que acomodar hasta 52 estudiantes. Eso es como si a un niño le tocara menos de un metro cuadrado para moverse.
Promesa de renacimiento
La pregunta que se hace el rector José Argemiro Mazo Ardila, de la Institución Educativa Rural La Caucana en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, es para qué les sirven dos salas llenas de computadores si no tienen internet desde hace más de un año.
“El sistema nos exige actualizar día a día la información de las matrículas y tenemos que gastar en datos. Nos toca comprar tarjetas para conectarnos y apenas nos duran unas horas”, dice Mazo.
Este mes serán entregadas las primeras obras de intervención de infraestructura educativa adelantadas por la Gobernación. Entre estas figuran la I.E Leonor Ángel Vanegas en Betulia, con un costo de $448 millones, la I.E Víctor Manuel Orozco en Támesis, por valor de $1.000 millones, las adecuaciones en San Juan de Urabá en el C.E.R El Vikingo, en donde se invierten $5.500 millones y que esperan entregar este mes.
Para febrero y marzo también estarían listas las adecuaciones en Zaragoza, en la I.E Simón Bolívar ($ 929 millones); en Remedios, en el Colegio La Cruzada, por $1.494 millones y en Santo Domingo, en la I.E Técnico Industrial Tomás Carrasquilla, con una inversión de $1.037 millones.
Magdalena Posada, habitante de El Porvenir, dice que le gustaría que sus nietos pudieran estudiar más cerca de casa y no en La Albania. En la antigua escuela estudiaron sus hijas, ahora con 27 y 34 años, y anhela una reconstrucción, de la que ella dice no llegará nunca.
La cuestión, afirma, es que las autoridades estén interesadas en dar la pelea contra el desgaste y la indiferencia. Mientras esto no ocurra seguirá aumentando la lista de sedes abandonadas como la de Titiribí, en donde ya no hay lecciones de Matemáticas. Solo la tiza en el tablero, los niños que se van y los horarios de clase con casillas vacías .
