Todo indica que llegaron caminando, escondiéndose entre los vericuetos de un paisaje quebrado. Eran ocho hombres. Una vez entraron al lugar, en la madrugada de este domingo, abrieron fuego sin consideración alguna. Luego, un silencio. Los perros ladraban, alarmados. Y después, el primer grito de auxilio.
Así recuerda Belarmino Cifuentes la masacre que, hasta el cierre de esta edición, había cobrado la vida de ocho personas. Dos más resultaron heridas. Sucedió en la finca La Gabriela, en el municipio de Betania, Suroeste de Antioquia, donde se adelanta la recolección de la cosecha cafetera. Las víctimas eran recolectores de café que departían a esa hora para descansar de la jornada laboral.
Como pudo, cuenta Cifuentes, se levantó de la cama en que dormía. Sobre su cuerpo pesaba la extensa jornada de recolección de café, una labor que desempeña hace décadas. “Como dice el dicho: nadie se muere en la víspera. Escuché un grito de ‘todos al suelo’ y después los tiros. Cuando todo se calmó, me levanté y ayudé a uno de los heridos, que pedía ayuda desde el suelo. Otro compañero quedó atravesado, muerto”, relata el recolector de café.
La Gabriela es una finca cafetera tan extensa que sus colinas llegan hasta Ciudad Bolívar, otro pueblo del Suroeste. Carlos Mario Villada, alcalde de Betania, explica que la incursión armada partió del municipio vecino. Los hombres, según el mandatario local, hicieron el camino a pie.
“La información que tenemos es que ingresaron por la misma finca. Todo obedece a que es una disputa por las plazas de vicio. El Suroeste está viviendo una situación muy complicada: en las fincas cafeteras se comercializan drogas. Ya el expendio no es en el pueblo, sino en las zonas rurales”, relató Villada.
En la zona del hecho, un hombre joven a quien llamaremos Rolando por seguridad, confirmó lo dicho por el mandatario. Rolando trabajó unas semanas como recolector de café en La Gabriela. Con pesar, reconoce que las drogas hacen parte del día a día de su labor: “No lo puedo negar, en todas las fincas hay tráfico de alucinógenos. En unas hay un jíbaro que se encarga de vender la marihuana o el perico”.
Al parecer, la masacre obedeció a un ajuste de cuentas entre el ‘Clan del Golfo’. “Hay una subdivisión en ese grupo. Creemos que esa es la causa de esto que sucedió. Están enfrentados entre ellos”, explicó el alcalde Villada.
Consejo de seguridad
Ante la masacre fue agendado de inmediato un Consejo de Seguridad que presidió Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa. En su intervención, el jefe de esa cartera catalogó de “muy dolorosa” la situación. Además reforzó la tesis manejada por las autoridades y dijo que “el narcotráfico es el peor enemigo que tiene Colombia: mata, ataca contra los derechos humanos”.
Como conclusión después del Consejo, Trujillo reveló que un equipo especial de la Dijín está al frente de la investigación. “Están trabajando para que los hechos puedan esclarecerse muy pronto. Es una prioridad desmantelar la subestructura Suroeste del ‘Clan del Golfo’, los principales responsables de los homicidios en la región”, expresó.
En ese mismo sentido informó que se están ofreciendo $ 200 millones de recompensa para quien ayude a dar con el paradero de alias Rubén, quien según las autoridades, lidera la organización. Por los otros miembros del grupo se ofrecieron $ 30 millones.
En la reunión también estuvo Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien secundó las declaraciones de Holmes Trujillo. Por último, el ministro dijo que por los perpetradores de la masacre de Betania se ofrecen $ 50 millones. “Se ordena a la Policía, con apoyo del Ejército, ejecutar un plan de choque contra el microtráfico para que se identifiquen y judicialicen a los jíbaros que se infiltran en las fincas”, concluyó Trujillo.
“No todos somos malos”
Si bien el alcalde de Betania dijo que las víctimas habían llegado al municipio en la última semana, Jhon Durango, un caficultor joven, dijo que algunos llevaban meses en la región. “Iban y venían, como todos. Éramos una familia, habíamos creado lazos muy profundos”, expresó el joven con tristeza.
Durango, además, comentó que no es justo que las autoridades los estigmaticen. Cuenta que llegó a Betania proveniente de Medellín. Su idea era huir de la pandemia. Pero, como dice, se encontró con algo peor: “Me fui de la ciudad porque estaba aguantando hambre. Acá hay trabajo, pero no tenemos condiciones de seguridad”.
Otro recolector aseveró que la situación es tan complicada que a un mayordomo, por ejemplo, lo mataron por no dejar que en su finca se vendiera droga.
La versión del mayordomo fue confirmada por el alcalde Villada. Ejercer presión sobre capataces para que dejen vender estupefacientes hace parte del modus operandi de los grupos armados ilegales en la zona. “El que no venda es amenazado o lo matan”, precisó el mandatario local.
Pero hay otra cuestión que el caficultor Durango expuso ante este diario: la masacre fue una tragedia anunciada. “Ya nos habían dicho que algo podía pasar. La Policía estuvo aquí el día antes de la tragedia, pero es una lástima que no haya podido salvarse la vida de mis compañeros”, dijo Durango. El alcalde confirmó que la Policía efectivamente estuvo haciendo un control.
Otro caficultor, que no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, comentó que hace rato se venía rumorando que una retaliación armada podía ocurrir en cualquier momento.
A pesar de eso, Durango fue enfático en que varios de los muertos, compañeros suyos de duras jornadas en la recolección, eran inocentes y no tenían nada que ver con asuntos de microtráfico.
“Uno de los muertos era un señor al que llamábamos el médico. Le decíamos así porque curaba a las personas. Lo llamaban de una vereda y de otra para que fuera a ver a un enfermo. Era inocente, no tenía nada qué ver”, manifestó el caficultor.
Cifuentes, el campesino que dice que se salvó “de milagro”, relata, con desparpajo, que tuvo que limpiar los cordones de sus botas porque le quedaron manchadas de sangre. Ahora no sabe qué pasará. Tampoco tiene claro si seguirá recolectando la cosecha hasta diciembre. Pero, con una tranquilidad genuina, recuerda que la violencia se le volvió algo natural: “Esto que pasó es normal. Pasa todos los días en este país. Me toca seguir trabajando y esperar que no me ocurra algo como a los compañeros”.
Una guerra sin tregua
La masacre sucedida en la madrugada de este domingo en Betania es la cuarta cometida en este 2020 en el Suroeste antioqueño que ha dejado cuatro personas asesinadas en Ciudad Bolívar (junio), tres en Andes y tres más en Venecia (ambas masacres en agosto), y un doble homicidio en Jericó, para un total de 20 personas asesinadas entre junio y noviembre de 2020.
La razón de estas masacres son la disputa del territorio para controlar la venta de estupefacientes a menor escala, lo que se conoce como microtráfico, y que según investigadores de la Policía, se adelanta entre bandas que nacieron en la región, pero que cuentan con apoyo de la banda delincuencial “la Terraza”.
“Acá el rival de estos grupos que buscan controlar las plazas de vicio en estos municipios es el Clan del Golfo. Para este úlitmo, necesitan controlar ese corredor porque es la vía que los comunica al Chocó y por la cual mueven parte de la droga que después sale al Pacífico colombiano y es enviada al exterior”, dijo el investigador a este diario.
Además, detalló el investigador, que estas estructuras armadas ilegales están intrumentalizando a los menores de edad para que sean ellos quienes entreguen las drogas en las fincas cafeteras, en lo que han denominado un “baby correo exprés, pues los niños pasan desapercibidos ante las autoridades de Policía y Ejército, y eso permite que se mueva la droga de una forma más fácil”.
Para frenar no solo la violencia que afecta a los habitantes del Suroeste, sino también el microtráfico de drogas, el ministro anunció un paquete de medidas que contiene un plan de choque contra el narcotráfico y que va desde acciones como la prevención del consumo en las fincas cafeteras, hasta la judicialización de los llamados jíbaros que se infiltran en las cosechas para vender la droga.
“La Policía y el Ejército tienen la misión de desmantelar la estructura suroeste del Clan del Golfo. Para esto, se creará un nuevo comando operativo de la Policía, y el Ejército enviará un refuerzo de 90 soldados a la zona”, concluyó en su visita el ministro Trujillo.
90
soldados serán enviados al Suroeste antioqueño para reforzar la seguridad.
200
millones de pesos es la recompensa ofrecida por “Rubén”, del Clan del Golfo.
