Jacobo Betancur Peláez
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Obras por Impuestos ya dejan 79 proyectos por 1 billón de pesos en Antioquia
El departamento es el que tiene más obras en el país con el mecanismo. Estos son los proyectos listos en lo que va de año.
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Los proyectos viales constituyen la mayor parte de las obras por impuestos en Antioquia. Arriba, aspecto de la nueva vía Camparrusia - Dabeiba, construida a través ese mecanismo. FOTO EL COLOMBIANO
hace 5 horas
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En Antioquia está ocurriendo una revolución silenciosa. Durante los ocho últimos años, el departamento se consolidó como la región en donde más se están haciendo proyectos a través del mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta de vanguardia que le está permitiendo al sector privado llegar a los municipios más vulnerables y golpeados por la violencia para levantar carreteras, colegios, acueductos y detonar todo tipo de inversiones sociales sin esperar a la voluntad política de ningún gobierno.
En una cifra que no tiene comparativos en otra parte del país, desde 2018 ya son 79 los proyectos que se han estructurado bajo esta figura en el departamento, por un valor aproximado de $1 billón.
Tan solo para este año, y en una oleada de obras que comenzará este segundo semestre, hay un paquete de 21 proyectos por $381.000 millones, de lejos el más robusto del país y en el que se incluye el proyecto del acueducto de Nueva Colonia, que con una inversión de $112.743 millones es el más grande aprobado desde que fue creado ese mecanismo.
Sin embargo, el grueso de proyectos aprobados para este año, con un monto de $158.655 millones, corresponden a intervenciones de infraestructura vial en los territorios que mayores rezagos cargan en esa materia y que en otros casos dependería de entrar en las prioridades del Gobierno Nacional o en la estrecha billetera del departamental, ambos ya desbordados por una red vial tan amplia que no da abasto.
Apuesta por la descentralización
Para comprender historia del mecanismo de las obras por impuestos hay que remontarse a 2016, cuando en medio de las políticas que avanzan por el proceso de paz y la discusión de la reforma tributaria que se aprobó ese año se lanzó ese modelo, como una herramienta para focalizar inversiones sociales en los territorios más afectados por el conflicto armado en el país.
Desde su origen la idea fue sencilla. Para los grandes contribuyentes, el Gobierno Nacional abría la alternativa de pagar hasta la mitad del impuesto sobre la renta en obras y no en dinero, buscando así que el sector privado pudiera liderar proyectos en los territorios más necesitados y de paso hacer más viables y expeditas esas inversiones.
En letra menuda, el mecanismo estableció que todas aquellas empresas cuyos ingresos brutos superaran las 33.610 UVT (unidades de valor tributario, este año fijada en $49.799) presentaran proyectos ante la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) en los municipios categorizados por la Nación como ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto armado). Posteriormente, en ese grupo también entraron los municipios PDET, es decir, aquellos considerados claves para la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.
En caso de sumarse, el compromiso por parte de las empresas consistía no solo apoyar financieramente los proyectos en cuestión, sino encargarse de la contratación del mismo y velar por su cronograma de ejecución, siendo la entrega de la obra el requisito indispensable para quedar a paz y salvo con el pago de los impuestos.
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La ley definió también que las obras debían estar relacionadas con temas como suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial.
En las reglas de juego, también quedó establecido que a cargo del Gobierno Nacional quedaba la tarea de crear unos cupos máximos de aprobación de proyectos por cada territorio, buscando así que las obras no se concentraran en una sola zona, sino que se distribuyeran por todo el país.
Horacio Gallón Arango, Secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, señala que además de revitalizar la ejecución de proyectos en estos municipios vulnerables, las Obras por Impuestos son una oportunidad de oro para que muchos proyectos que urgen en los territorios puedan esquivar el laberinto burocrático que implicaría desarrollarlos con recursos provenientes del Gobierno Nacional.
Tan solo en el caso de las vías, que desde 2018 suelen ser la categoría con más proyectos inscritos, el funcionario también señaló que el mecanismo permite que se amplíe el margen de posibilidades para que el Departamento supere los rezagos que tiene en materia de infraestructura vial, en donde las necesidades superan con creces las capacidades presupuestales.
Por ejemplo, únicamente pensando en la red vial a cargo del Departamento, cabe recordar que son más de 3.051 kilómetros de vías que requieren de intervención y que según los cálculos de la gobernación costarían más de $11 billones intervenir al mismo tiempo, un monto impensable para un presupuesto departamental que para este año fue de $6,8 billones para atender todos los gastos de funcionamiento y necesidades en Antioquia.
Según explica Gallón, en una suerte de atajo administrativo en el que todos ganan, esta alternativa permite que los recursos provenientes de los impuestos no tengan que ser pagados y girados al Gobierno Nacional para después competir para que regresen al departamento, sino que de una vez se traducen en obras concretas.
“Es un mecanismo demasiado importante, porque es una fuente de financiación adicional a las que tienen normalmente los Departamentos que son por regalías, por recursos propios o por recursos del crédito. Es la mejor manera de descentralización de los recursos, porque las obras que verdaderamente son significativas para las regiones no tienen que ir al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, para devolverse, sino que desde acá mismo se proponen”, apuntó el secretario.
Dentro de los proyectos más importantes que recientemente se entregaron, en lo que constituyó un hito de infraestructura, fue la vía Camparrusia - Dabeiba, en la subregión del Occidente antioqueño.
Dicha intervención tuvo un costo de $18.000 millones y comprendió trabajos en un tramo de 4 kilómetros que beneficiará a aproximadamente 23.000 personas de la zona, reduciendo un recorrido que antes tardaba casi media hora a tan solo 6 minutos.
Pese a tratarse de un primer tramo, la obra hace parte de una intervención más amplia compuesta por tres proyectos en los que participó el sector privado que suman una inversión de más de $45.000 millones, equivalentes a multiplicar por nueve el presupuesto de inversión del que dispone un municipio como Dabeiba.
De igual forma, la obra representó durante su ejecución la generación de 160 empleos directos e indirectos.
“Estamos convencidos de que la infraestructura no solo conecta caminos, sino también oportunidades. Esta vía representa esperanza para miles de personas en Dabeiba, porque mejora su acceso a salud, educación y empleo. El mecanismo de Obras por Impuestos nos permite como sector privado contribuir al desarrollo de territorios que han vivido momentos difíciles, con eficiencia, integridad y compromiso. Ver que logramos entregar una obra de calidad, cumpliendo tiempos y presupuesto, nos llena de orgullo y reafirma que sí es posible construir país desde lo colectivo”, expresó entonces Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, una de las empresas que participó de la obra junto con Grupo BIOS, Bancolombia, Microplast, Nutresa, Industrias Aliadas, Sura, Alternativa de Moda y Arquitectura y Concreto.
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A diferencia de otros departamentos, una de las claves del éxito del mecanismo en Antioquia, ha sido la articulación que ha logrado consolidar el sector privado con el público, para sintonizar las necesidades de los territorios con los proyectos que las empresas deciden impulsar.
Desde 2021, un actor clave en esa tarea ha sido Proantioquia, que aprovechando su experiencia y el conocimiento que tiene del departamento gracias a sus programas lanzó una plataforma dedicada exclusivamente a impulsar las obras por impuestos.
La iniciativa, pensada como un puente, permite no sólo sistematizar las necesidades más urgentes, sino tener un radar encendido para que las empresas puedan sumarse a los proyectos más importantes y no fracasar en el intento.
Una de las prueba de que muestran que esa articulación ha sido un éxito es el crecimiento sostenido de la inversión de dichos proyectos.
Si bien en 2018 el mecanismo arrancó en Antioquia con una robusta inversión, tasada en $87.309 millones repartidos en seis proyectos, al año siguiente esta apenas se situó en $5.845 millones, $29.934 millones en 2020 y $56.110 millones en 2021.
Sin embargo, a partir de 2022, la inversión dio un salto y se ubicó en $101.425 millones distribuidos en 10 proyectos, luego pasó a $135.615 millones en 2023 y a $207.569 en 2024.
Para este año, Antioquia no solamente rompió todos sus registros, con una inversión de $381.000 millones desagregada en 21 proyectos, sino que se consolidó de lejos como el departamento que más le está apostando a este mecanismo, representando un 40% del total de la bolsa de proyectos que cursan a nivel nacional.
El éxito de trabajos de articulación como el de Proantioquia, ha generado que otros departamentos como Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Chocó y Bolívar hayan adoptado ese mismo modelo técnico.
Aunque en 2025 la obra reina será el acueducto de Nueva Colonia, de Turbo, el proyecto más grande jamás realizado por ese mecanismo. También están en la lista mejoramientos vías como la Colorado – Nechí, por $44.000 millones; la vía Amalfi – Chorritos, por $36.000 millones; la vía Anorí – Campamento, por $19.000l millones; o la construcción de un colegio en El Bagre en una inversión que ascenderá a los $38.700 millones.
Dichas obras viales, también cuentan con la asesoría técnica de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, desde donde también se acompaña a las empresas para estructurar los proyectos y lograr que estos sean aprobados.
“Más que las cifras, que nos llenan de orgullo, la importancia de este mecanismo radica en el impacto a las comunidades más necesitadas en Antioquia. Obras por Impuestos demuestra la magia de la articulación público-privada, y la constante voluntad y decisión de las empresas antioqueñas en apostarle al desarrollo territorial a través de sus impuestos y el esfuerzo de sus equipos para hacer de estas obras una realidad”, expresó Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, quien aprovechó para hacer un llamado a más empresas para que conozcan el mecanismo y se sumen a una iniciativa que se busca continúe creciendo y extendiendo el desarrollo a todos los rincones del departamento.
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