Gustavo Petro plasmó en 54 páginas los pilares de su programa de Gobierno. Lo presentó el viernes tras su inscripción oficial como candidato del Pacto Histórico, junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, y de inmediato desató una dura polémica por su contenido y el alcance de la mayoría de las propuestas.
Lo bautizó “Colombia, potencia mundial de la vida” y, de acuerdo con sus palabras, se construyó tras recorrer más de 64 plazas públicas y coordinar a por lo menos 750 personas que –según el candidato– fueron parte activa en la construcción del documento.
Pero solo pasan 16 páginas, que incluyen la introducción y un par de imágenes grandes y a todo color de Petro y Márquez, para que comiencen a aparecer las propuestas que, dependiendo de cómo se miren, asustan y generan inquietud entre un amplio sector tanto afín como contradictor del aspirante del Pacto Histórico.
“Se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas”, se lee textualmente en la segunda columna de la página 16.
Y en la siguiente –pero en la primera columna– hay una perla mayor: “En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”.
En solo esos dos párrafos está promoviendo un cambio profundo a un sistema por el que el Estado colombiano tiene una de sus principales fuentes de financiamiento. Solo por mencionar un aspecto concreto, el Gobierno actual proyectó que para 2022 el barril de petróleo exportado podría ser de 70 dólares, pero con la guerra que desató Rusia sobre Ucrania el índice Brent (referencia internacional para el país) se disparó hasta los 100 dólares.
Eso se traduce en al menos 30 dólares más que recibe Colombia por la venta de cada barril hacia el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, de acuerdo con proyecciones de analistas, el país puede recibir durante todo el año entre $350.000 y $500.000 millones, en promedio, por cada dólar demás que se pague.
A eso hay que sumársele que Ecopetrol, compañía estatal que no obstante Petro promete en su eventual mandato respetar como opera actualmente, podría estar generando utilidades netas de unos $15,1 billones con los precios Brent que hay ahora, lo que se traduce en que el mismo Estado podría obtener hasta $8 billones en dividendos.
“Colombia por cada barril de petróleo exportado va a recibir más dólares”, dijo Sergio Olarte, economista de Scotiabank, citado por Bloomberg en un reciente artículo sobre los pros y contras de esta subida del Brent derivada de la guerra.
Por eso, la pregunta que queda es muy sencilla: ¿cómo reemplazar todos esos recursos cuando en el programa de Petro se propone, sin una explicación técnica –al menos en el documento en el que plasmó su plan de gobierno–, “un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón”?
Pero si así comienza “Colombia, potencia mundial de la vida”, lo que sigue páginas más adelante no es poco. En efecto, en la 19 –en un apartado en el que literalmente habla de “democratizar la tierra fértil”– ya habla de darle un uso distinto a los terrenos que el Estado considere que no tienen una vocación productiva o que están siendo usados de forma inadecuada.
“En aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”, se precisa en el programa del Pacto Histórico.
Esto, de inmediato revive el fantasma de la expropiación con el que los contradictores de Petro lo han atacado y comparado con el régimen del fallecido Hugo Chávez en Venezuela y que perpetuó la dictadura de Nicolás Maduro.
Y si bien el candidato colombiano se defiende con el argumento de que la figura ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano, quienes se oponen –que no son pocos– alertan por la vía dictatorial que podría conducirse ese proceso de identificar y coincidir en qué es un uso adecuado de la tierra.
Otro punto polémico es el relacionado con los tratados de libre comercio (TLC), que la llave Petro-Márquez propone renegociar en su totalidad con l excusa de volver a Colombia, según ellos, “un país líder en exportaciones”.
“Revisaremos los tratados de libre comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales”, se lee en la página 24 del programa.
Y el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático e impulsor de varios de esos TLC, responde enfático: “(Petro) vivía bravo por los acuerdos de comercio, TLC, reclamaba exportaciones y ahora las quiere parar. El precipicio democratizador”.
Pero no estas no son las únicas propuestas que algunas voces ya califican como “delirantes”. Hay otras más que el candidato había esbozado en debates y que, por su alcance y forma de aplicación, pusieron en alerta al país.
En efecto, en su programa se lee que “El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empelo en el sector privado”. Esto se traduce en que, según el idealismo del candidato, Colombia tiene cómo garantizar desde lo público que cada ciudadano mayor de 18 años y en condiciones aptas pueda tener empleo.
Y, por supuesto, se ratifica en su propuesta de transitar “hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público”, lo que –en plata blanca– indica que todo el mundo de alguna manera debe cotizar en el esquema que diseñe el Estado, dejando en vilo los recursos de quienes están actualmente en los fondos privados.
“Unificaremos el Sistema General de Pensiones para proteger el derecho, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos 13 billones de pesos del presupuesto del gobierno que actualmente son girados Colpensiones”, dice el programa.
Esto, de inmediato, lo refutó el economista Francisco Mejía, quien advirtió: “Olvídese de lo que se ha ahorrado, eso se va para la bolsa de todos; salud, vivienda y todo lo demás gratis para todos los que lo necesiten. Delirante”.
En todo este contexto la redacción de EL COLOMBIANO revisó varios puntos críticos del programa de Gustavo Petro y encontró al menos cuatro que desatan una dura controversia entre expertos y que literalmente “asustan” a un sector amplio de la sociedad, debido a que –según las últimas encuestas– el candidato es el favorito para llegar a la Casa de Nariño tanto en primera como en segunda vuelta.
Y si bien aún el candidato está lejos de tener asegurada una victoria electoral, la revisión de sus propuestas sí permite determinar cómo podría ser Colombia con una eventual victoria suya. Todo depende, como siempre en democracia, del voto informado de la ciudadanía.
¿Empleo para todos?
En el quinto párrafo del ítem “Pacto por el trabajo” quedó consignado que “el Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar”, lo que quiere decir que si una persona no logra emplearse en el sector privado podrá acudir a lo público para tener una plaza laboral. La tasa de desempleo en Colombia, según el Dane, se ubicó en 14,6% en enero, 2,9 puntos porcentuales por debajo que en el mismo mes del 2021. Si la propuesta de Petro fuese aplicable, según los expertos, esos índices de desocupación en Colombia estarían por debajo de una sola cifra hace varias décadas y la cifra de 20,69 millones de empleados sería mucho más alta. Además, se plantea la duda de dónde saldrán los recursos para darle trabajo a todo el mundo. “Delirante”, dice el economista Francisco Mejía.
Pensiones solo públicas
“Toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 SMLV, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. Las personas cuyos ingresos sean superiores a 4 SMLV decidirán libremente donde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones”, dice el programa. Y es la justificación para transitar hacia “un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público”, que obliga a todos a cotizar en alguna medida en el modelo que se diseñe en el gobierno de Petro. Expertos dicen que eso pone en riesgo los $357,8 billones que en 2021 sumaron los ahorros de sus 17,9 millones de afiliados, porque podrían hacerlos de uso público a discreción del Estado.
Fin a modelo clave de exploración
“No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”, dice Petro para justificar que se enterrará el fracking y que “se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales”. ¿Con qué y cómo reemplazar los recursos de que le llegan a Colombia por este tema? Con una cotización Bretn de 100 dólares por barril, el país puede recibir hasta $500.000 millones en todo el año por cada dólar que se pague por encima de los US$70 que proyectó el Gobierno sería el precio del barril en este 2022 antes de la invasión rusa a Ucrania. Según datos oficiales, en los últimos tres años el país ha firmado 39 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, lo que representan US$4.300 millones que podrían perderse.
¿Expropiación de las EPS?
“El sistema de salud será público y universal, por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago, para lo cual se avanzará a un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas”, reza el programa, lo que a juicio de expertos formaliza su intención de ponerle fin al modelo de EPS y generar, como lo intentó infructuosamente en Bogotá cuando fue Alcalde, una especie área pública que coordine todo el sistema de salud. Dice que su propuesta es una “salud para la vida y no para el negocio”, pero su ejecución implicaría que el Estado tenga la capacidad administrativa y financiera de asumir el modelo que hoy funciona. ¿O se expropiarán a las EPS y demás fichas del sector?
