Una de las grandes apuestas de las autoridades de la ciudad ha sido convertir el servicio público de transporte en eje primordial de la movilidad ciudadana. Lo mínimo para que ello suceda es que haya seguridad y, como lo dijimos en otro editorial: hay que bajar a los combos del bus.
Por ello, el problema de la inseguridad en los buses, sobre todo en las rutas y empresas que prestan servicios en las comunas más desfavorecidas, no puede tratarse como un asunto residual o aislado. Se trata de un fenómeno creciente, de una guerra de bandidos organizados, armados y con experiencia, con fines económicos, en contra de los ciudadanos.
Confrontarlos y reducirlos va más allá de acciones policiales o luchas valientes como las que libra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El fenómeno, que no es exclusivo de la ciudad y se extiende por otras capitales y regiones, exige una intervención de Estado, cuyas políticas al respecto, por sus pobres resultados, dejan mucho que desear.
Numerosos barrios en la ciudad se han convertido en escenarios de confrontaciones armadas entre delincuentes que están desangrando, mediante la extorsión, las vacunas, el desplazamiento y el asesinato, todo oficio legal de subsistencia que opere en calles y barrios. Son sus víctimas conductores de buses y sus empresas, taxistas, venteros ambulantes de todo, recicladores, panaderos y otras actividades económicas, la mayoría negocios de magras utilidades pero obligadas a cargar con la extorsión y el robo.
Bajo el título “El peligro compró pasaje en las rutas de bus de Medellín”, EL COLOMBIANO presentó el pasado domingo un descarnado reportaje sobre los peligros que corren en la ciudad, a manos de combos y otras formas de delincuencia organizada, conductores de buses y sus usuarios en las comunas de Castilla, Laureles, La Candelaria, Guayabal, El Poblado, Buenos Aires, San Javier y demás zonas de la 13.
En los últimos dos años, así lo comprobó el informe con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín (Sisc) asesinaron dentro de buses a 18 personas -12 pasajeros y 6 conductores-, 48 más resultaron heridas y 1.615 fueron atracadas.
El problema, en vez de reducirse, crece. En 2018 suman 626 los atracos y siete los asesinados en buses -cuatro pasajeros y tres conductores-, un muerto más que en todo 2017 cuando fueron asesinadas seis personas. A este flagelo hay que sumarles las “vacunas” y otras formas de extorsión, las cuales, así lo han denunciado conductores y transportadores, ahora son tan “normales” en el oficio como el pago de la gasolina o la revisión técnico-mecánica.
Ha habido, por supuesto, acciones de la Alcaldía, Policía, Ejército, Fiscalía para contrarrestar el papel funesto de las bandas. Las mismas han permitido el desmantelamiento y encarcelamiento de combos completos y sus jefes, pero estos se reciclan y el problema, insistimos, sigue en aumento.
Acciones policiales sí, no hay duda, pero la estrategia no puede ser focal. Las grandes tomas policiales y militares en determinadas comunas, requieren planificación, estrategia, sistematicidad y continuidad para evitar que luego la gente quede a su suerte.
Se exige presencia estatal permanente, con normas adecuadas y acciones judiciales contundentes e inmediatas, educación, salud, vías, empleo, recreación y, sobre todo, protección real a testigos y todos aquellos que estén a favor de la institucionalidad.
