Vale la pena detenerse a analizar el resultado que, en lo que respecta a Colombia, arrojó el Barómetro de las Américas, que desde hace varios años mide las percepciones de los ciudadanos de 27 países del continente, en un trabajo coordinado por la Universidad de Vanderbilt, y en Colombia por el Observatorio de la Democracia, centro de investigación de la Universidad de Los Andes.
El Barómetro de 2016 para Colombia indagó a 1.500 encuestados sobre su percepción de la democracia, la confianza en las instituciones, la actitud hacia los poderes públicos y el papel que los ciudadanos piensan asumir frente a la implementación de los acuerdos con las Farc.
Al igual que otras encuestas con mayor población de consultados, la realidad colombiana es de una creciente desconfianza ante las instituciones, falta de credibilidad en los gobernantes nacionales y los poderes públicos, así como un preocupante incremento en las objeciones a la democracia misma como sistema político.
El porcentaje de encuestados que está de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno ha caído sustancialmente en los últimos 12 años: del 74 % de 2004 que ponderaban el sistema democrático, al 53,2 % en 2016 que manifiestan reparos u objeción abierta a que sea esta la forma más deseable de organización política.
La pregunta inevitable es que si la democracia no goza de general aceptación, ¿cuál es la alternativa que se considera aceptable? ¿Acaso alguna forma de autoritarismo, como los que sufren vecinos inmediatos y cuyos desastres se palpan cruzando nuestra frontera oriental?
Y más preguntas: ¿hay una falta de cultura política que impide una mejor valoración de lo que es la democracia, o son las falencias institucionales y políticas, así como el deplorable comportamiento de muchos políticos, lo que lleva a que no se distinga entre los vicios que hay que corregir, y la democracia como el sistema más propicio para la construcción de una sociedad libre y próspera?
Es indudable que las debilidades institucionales y la falta de competencia de muchos funcionarios hacen que la gente achaque los fallos en el funcionamiento de esas entidades a una consecuencia estructural del sistema democrático. Y es un grave error, con efectos nefastos para la construcción de una sociedad. Nada más peligroso que perder la confianza en que solo en democracia es posible corregir los vicios y problemas de funcionamiento del sistema político.
El Barómetro ratifica que los partidos políticos, el Congreso y buena parte del sistema judicial están en los últimos escalones de la confianza ciudadana. No es un caso aislado de Colombia, pues buena parte del resto de países del continente también sufren este déficit de legitimidad. Pero el caso colombiano es más agudo en cuanto el apoyo popular al Gobierno y al presidente de la República es uno de los más minoritarios que se conozcan desde que hay mediciones de opinión pública en el país.
Estamos en momentos de transición, donde el equilibrio de poderes está en serio riesgo y los controles institucionales tienen grandes talanqueras, y ello con la aquiescencia del poder Legislativo y el aval del poder judicial en su instancia de control constitucional. Hay gran responsabilidad de los partidos, de los dirigentes, líderes de opinión, en revertir esta letal combinación de falta de confianza, desinstitucionalización y desconocimiento social del verdadero valor de la democracia.
