En términos generales, vivimos en una ciudad donde sus habitantes se sienten cómodos, donde miran el futuro con optimismo y en la cual consideran tener satisfechas sus necesidades y expectativas. Ha sido tradición que las mediciones de bienestar y conformidad con su realidad y el funcionamiento de las instituciones marquen muy por encima del promedio de las otras ciudades del país.
Puede y debe buscarse una explicación a esto. Se puede partir del aserto de que es que todo funciona bien y quedarse ahí. Sería la postura a la que se inclinarían los políticos y los gobernantes, que evitan así a una ciudadanía crítica y exigente. Otra opción es preguntarse si hay un sentimiento consolidado, inamovible, de autosatisfacción ciudadana, de la mano de un exacerbado orgullo regional, que no da mayores alcances a la autocrítica y a la posibilidad de hacer reparos al comportamiento cívico de nuestros habitantes.
En todo caso, es mucho mejor que el pulso ciudadano sea de positivismo y confianza, que de postración y desesperanza, como desafortunadamente le está sucediendo a la capital del país. Aquí, según la décima Encuesta de Percepción Ciudadana hecha para Medellín Cómo Vamos por Ipsos-Napoleón Franco, presentada el pasado viernes, el 80 % de los encuestados dice que la ciudad va por buen camino.
Y más: el 80 % de los habitantes están orgullosos de Medellín (aunque en 2006 lo estaba el 92 %); 70 % sienten que su vida se desarrolla en términos de bienestar; el 81 % valoran a Medellín como una buena ciudad para vivir; el 86 % están satisfechos con la atención que reciben los menores de cinco años; el 76 % están contentos con el nivel de la educación pública (primaria y secundaria); el 96 % afirma tener cobertura en salud, y de ellos el 52 % dice que el servicio es satisfactorio; y el 66 % cree que la oferta cultural de la ciudad es buena.
Sin embargo, como bien lo saben las autoridades, los altos niveles de satisfacción marcan en las sociedades unos puntos de exigencia crecientemente altos, pues van unidos al ejercicio de derechos que debe garantizar el Estado. Y por otro lado, hay indicadores que activan alertas y frente a los cuales la ciudadanía llama la atención de los responsables de la gestión pública, no solo de los alcaldes y secretarios del Despacho, sino de las propias autoridades nacionales.
En el último año, el 41 % de los medellinenses no han participado en ninguna actividad cultural. En cuanto a la seguridad, el 62 % de quienes han sido víctimas de delitos no los denuncian, porque no confían en las autoridades.
El 94 % de los habitantes de Medellín perciben que hay discriminación. Que esta, en muchos ámbitos, es una ciudad que margina y excluye: por raza, por opción sexual, por ser discapacitado, por ser desmovilizado.
Tenemos, también, un inri escalofriante, por la crueldad que implica, por la dolorosa realidad que dibuja en el presente y para el futuro: el 70 % de los entrevistados afirman que la violencia contra los niños es muy frecuente. Lejos de la autosatisfacción de una ciudad feliz, es un asomo al horror cotidiano que padecen los más indefensos.
Todos estos y muchos otros datos más, quedan ahí para que la administración saliente, y la que llegue en enero, analicen e intenten resolver. El alcalde Aníbal Gaviria puede sentirse satisfecho con esta encuesta de percepción ciudadana. Con una imagen favorable del 81 %, le cabe el mérito adicional de haber sido receptivo a los estudios de Medellín Cómo Vamos y partícipe activo de los debates académicos y técnicos desarrollados por esta entidad.
