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Mañana Colombia vivirá una de las decisiones más trascendentales de su historia reciente. El Congreso elegirá a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y con ello se definirá no solo la composición de este alto tribunal, sino también el delicado equilibrio de poderes que sostiene nuestra democracia. No exageramos al afirmar que esta podría ser, quizás, la elección más importante en la vida institucional del país en las últimas décadas.
Es menester insistir en el importantísimo papel que cumple la Corte Constitucional en Colombia: ha sabido ser la guardiana de nuestro contrato social, construido en 1991, y ha sido la gran defensora de los derechos fundamentales, le ha puesto límites a los abusos del poder y en general ha estado vigilante para cuidar la compleja arquitectura de la democracia.
Para poder ser capaz de cumplir todas esas tareas, la Corte Constitucional necesita ser independiente del poder de la Presidencia. Y aún más en un país con un poder presidencial hipertrofiado en su diseño institucional como el nuestro, y en épocas en las que el virus del autoritarismo ataca en todo el mundo. Esa autonomía de la Corte es la que se pone este miércoles en riesgo. O al menos, está en el centro del debate.
De la terna presentada por la Corte Suprema al Congreso para elegir al magistrado que reemplazará a José Fernando Reyes –quien ha hecho una extraordinaria labor en general y en la defensa de la salud en particular–, una candidata, Patricia Balanta, es percibida como cercana al ideario del presidente Gustavo Petro. Su eventual elección daría al gobierno una mayoría dentro de la Corte.
Eso en principio no tendría por qué ser problema. En teoría los magistrados toman sus decisiones en derecho y más allá de sus preferencias ideológicas lo que debe primar es el dictado de la ley.
Sin embargo, hay dos razones de peso para prender las alarmas y exigirles a los congresistas extremo compromiso con el futuro del país en esta elección: no se trata de un nombramiento más, se podría tratar, incluso, de la sobrevivencia de la democracia.
La primera razón que preocupa es que ministros del gobierno Petro están haciendo cabildeo. ¿Por qué se tomarían el trabajo de aceitar la maquinaria, de hacer un esfuerzo supremo, para que la elegida sea Balanta?
La segunda razón que asusta es la debilidad que ha mostrado el presidente Petro por el autoritarismo. No podemos olvidar que prácticamente los tres primeros años de su gobierno se la pasó pidiendo consultas populares, asambleas constituyentes y haciendo decretazos. En este contexto, llama poderosamente la atención, que en su último mitin en Bucaramanga, en el montaje de TV que suele hacer RTVC no pusieron al público a gritar “reelección, reelección”, como lo han hecho en otras plazas del país. ¿Es acaso una estrategia de silencio intencional para no asustar a los congresistas que deben elegir este miércoles?
Bien advirtió German Vargas Lleras en su columna que “todo puede ocurrir” con un desequilibrio en la Corte Constitucional a favor del Gobierno: “Desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático”.
La experiencia de Venezuela, por ejemplo, nos debería servir de advertencia. El gobierno de Hugo Chávez se tomó el Tribunal Supremo de Justicia y lo usó para legitimar su proyecto político. Y apalancado en esa corte sumisa, se abrió paso la reelección indefinida, se anularon decisiones del Congreso (la Asamblea Nacional) y se debilitó todo el aparato de control. Al principio parecía un simple ajuste en el equilibrio de poderes, pero terminó echando a tierra la arquitectura de la democracia y consolidó un régimen autoritario. Las consecuencias todos las hemos visto: la economía colapsó, la represión se agudizó y más de siete millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar su país para poder sobrevivir.
El caso de Nicaragua es otra señal de alarma. Allí, la Corte Suprema avaló la reelección de Daniel Ortega bajo el argumento de que prohibirla violaba sus derechos políticos. Ese fallo abrió la puerta al continuismo y facilitó la instauración de un régimen que persigue opositores, clausura medios de comunicación y se atornilla en el poder.
Colombia no puede recorrer ese mismo sendero. La historia nos enseña que el debilitamiento de los contrapesos no ocurre de la noche a la mañana, pero cada decisión que reduce la independencia judicial pavimenta la ruta hacia la arbitrariedad.
La candidata Balanta se ha defendido diciendo que no tiene alianza ni comunicación con el Gobierno, que está en la rama judicial desde hace 45 años y que el Gobierno decidió apoyarla como habría podido hacerlo con otro aspirante.
Es probable que tenga razón. Sin embargo, en momentos tan determinantes de la historia, el país que cree en la democracia no se puede dar el lujo de tomar un riesgo, por mínimo que este sea.
El voto de cada uno de los congresistas no solo definirá el nombre de un magistrado, sino que podría cambiar el Estado de Derecho en Colombia como lo hemos conocido hasta ahora.