La expresión “resistencia civil” tiene múltiples interpretaciones, dependiendo de quién la promueva, desde cuál ámbito se impulse y frente a quién, y de qué propósitos se persigan. Y tantos como las múltiples interpretaciones, pueden ser los efectos (sociales, políticos, económicos) de promoverla.
No tiene la misma significación cuando se invoca desde sectores donde es usual la protesta social, que llaman a ella independiente de cuál régimen político gobierne, que cuando se hace desde grupos de oposición democrática a sistemas autoritarios, como el que actualmente reprime cualquier manifestación legítima de discrepancia en Venezuela.
El expresidente y senador Álvaro Uribe retomó en una entrevista televisiva una idea que desde el año pasado venía siendo promovida por militantes y representantes del Centro Democrático: la resistencia civil. Dijo el expresidente que los colombianos “tenemos que prepararnos para ver cómo vamos a resistirnos civilmente a estos tratados de impunidad” que van a suscribir el Gobierno colombiano y las Farc. Otros adeptos del uribismo habían acudido antes al concepto de “desobediencia civil”, como pauta de comportamiento que según ellos habría que seguir si el Gobierno legitima al final las exigencias y condiciones de las Farc para firmar un acuerdo de paz.
No son sinónimas, por supuesto, y tampoco tienen consecuencias idénticas. Por el momento, el expresidente Uribe anuncia un próximo documento con los alcances de su idea y las formas de ejercer esa resistencia civil. Ayer alcanzó a precisar que se trata de una “oposición dentro de los mecanismos de la Constitución y de la ley a este acuerdo de impunidad total con las Farc” que incluye movilizaciones ciudadanas.
Este llamado a una resistencia civil sin haber concluido el proceso de negociación con las Farc y sin conocerse los acuerdos definitivos suena apresurado. Introduce elementos de inestabilidad que inquietan a muchos colombianos que no quieren impunidad pero aguardan con buena fe posibilidades de cese de la violencia.
Es verdad que ya se conoce el acuerdo en materia de justicia transicional y Jurisdicción Especial de Paz (JEP), firmado el 15 de diciembre de 2015, cuya atenta lectura desnuda una dejación de responsabilidades por parte del Estado en materia de aplicación de justicia y de cumplimiento de las normas internacionales que exigen no dejar paso a la impunidad.
Sin embargo, los colombianos, si el Gobierno y el Congreso cumplen su palabra y la Corte Constitucional se ciñe a lo que la Constitución le manda, podrán manifestarse mediante plebiscito sobre esas concesiones. Votando, no sobre el valor de la paz, que no se vota, sino sobre su aceptación al contenido concreto de los acuerdos con las Farc.
Hoy día todavía quedan vías institucionales para que la ciudadanía se manifieste, o por lo menos la ciudadanía que quiere saber lo que va a pasar con su país y no se margina ni por indiferencia ni por venta del voto. Hay todavía entidades del Estado que ofrecen ciertas garantías para proteger los derechos fundamentales. Como también es cierto que hay muchas otras que tienen que recuperar el rumbo, volver a mirar la Constitución y ejercer las funciones que allí se les asignan, para que no sea el Estado el que se destruya desde su interior con la complacencia de quienes desde afuera de la ley, como las Farc, siempre han querido propiciar su derrumbe.
