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En Colombia, acceder a crédito formal sigue siendo un privilegio. Mientras los bancos otorgan préstamos a clientes con un historial crediticio robusto, más de 65% de los colombianos se encuentra excluido del sistema de crédito, obligándolos a buscar soluciones en la informalidad. Para estos millones de ciudadanos, conseguir dinero no es solo una cuestión de necesidad, sino casi que de supervivencia.
La alternativa para los hogares de menores ingresos muchas veces es el “gota a gota”, un sistema de préstamos informales cuyas tasas de interés pueden superar el 380% anual, con condiciones abusivas y un alto riesgo de extorsión y violencia.
Más allá de las cifras abultadas detrás están las tragedias familiares. Las historias de asesinatos por el “gota a gota” abundan. En otros casos no resisten la presión, como la madre soltera que se lanzó al vacío desde un viaducto en Ibagué con su hijo de 10 años, o los que salvan su vida padecen la deuda como si fuera una condena: como el caso de una mujer que tenía un puesto de empanadas, le tocó asumir una deuda de 12 millones de pesos, pero terminó pagando 40 millones.
Algo parecido sucede con las microempresas, que en muchos casos terminan pagando tasas superiores al 600% debido a la falta de opciones formales: cifras y porcentajes muy lejos de la tasa de usura, que en los últimos meses se ha encontrado por debajo del 30% anual.
La tasa de usura, lejos de proteger a los consumidores más vulnerables, ha terminado por condenarlos a un mercado de crédito aún más precario y riesgoso, advierte un reciente estudio realizado por ANIF y Colombia Fintech. Con datos en mano, el informe retrata el fracaso de la tasa de usura en su forma actual: diseñada para evitar que los prestamistas cobren intereses abusivos, su efecto real ha sido restringir drásticamente el acceso al crédito formal, dejando a millones de colombianos a merced de alternativas informales aún más costosas y peligrosas.
Solo el 35,3% de los colombianos accede a crédito formal, dejando fuera de la protección que aspira a otorgar la tasa de usura a millones de personas. Entre los hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la deuda, cerca del 40% lo hacen tras haber recurrido a créditos informales, creando un círculo del cual se hace extremadamente difícil salir.
Para empeorar las cosas, esta exclusión financiera golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. El informe muestra que la prevalencia del crédito “gota a gota” es significativamente mayor entre las familias que perciben menos de dos salarios mínimos mensuales, generando una peligrosa “trampa de pobreza” que afecta a toda la sociedad.
Las microempresas y los negocios de subsistencia son los que con mayor frecuencia deben recurrir a préstamos informales como el “gota a gota” o a casas de empeño, debido a que los bancos y otras entidades financieras no pueden asumir el riesgo de otorgarles crédito bajo la tasa de usura vigente. Sin acceso a esos recursos del crédito, a estas empresas les queda difícil crecer y generar empleo. Este fenómeno tiene repercusiones directas en el sistema de pensiones, el financiamiento de la salud y la capacidad de crecimiento económico del país.
¿Cuál es el problema central de la tasa de usura? Sin duda, su falta de diferenciación entre los diferentes grupos de usuarios o segmentos del mercado. Actualmente el cálculo de la Superintendencia Financiera, salvo contadas excepciones, agrupa en una sola fórmula todo tipo de créditos, desde grandes financiamientos para infraestructura hasta pequeños préstamos de consumo. Al no distinguir entre los créditos otorgados a grandes corporaciones y aquellos destinados a personas de mayor riesgo, la tasa de usura termina operando como otros “controles de precios”, generando un efecto indeseado: la exclusión del sistema financiero de personas a las que, en otras condiciones, se les podría otorgar crédito.
La tasa de usura, en su diseño actual, deja por fuera del crédito formal a millones de colombianos, empujándolos hacia préstamos informales con costos exorbitantes. En lugar de proteger a los consumidores, termina exponiéndolos a condiciones aún más desfavorables. Por esta razón, no todos los países han optado por un modelo similar al de Colombia: en la región, economías como México y Brasil han puesto en práctica esquemas más flexibles que buscan equilibrar protección y acceso al financiamiento.
Repensar la tasa de usura no implica eliminarla, sino ajustarla a la realidad. Y sobre todo tratar de evitar que se convierta en el origen de un círculo pernicioso para la sociedad no solo desde el punto de vista de la economía sino también del crimen. Es lamentable que las noticias hayan registrado la presencia de colombianos en bandas de “gota a gota” en otros países. Una alternativa viable sería establecer tasas diferenciadas según el tipo de crédito, permitiendo que cada segmento tenga condiciones adecuadas a su nivel de riesgo y acceso.
El crédito no debería ser un privilegio inaccesible, sino una herramienta clave para el desarrollo económico y la movilidad social. Si Colombia realmente busca mejorar el acceso a crédito, es momento de replantear un esquema que, lejos de cumplir su propósito original, está perjudicando a quienes más necesita proteger. La discusión debe basarse en datos, en un análisis de largo plazo y en un compromiso genuino por construir un sistema financiero más equitativo y eficiente.