EPM, la joya de la corona de Medellín y Antioquia, la empresa pública de mostrar en los últimos 50 años en Colombia, está pasando por el momento más crítico de su historia.
En una semana se vence el plazo al que se comprometió con la Comisión de Regulación (CREG) para encender las primeras dos de las ocho turbinas de la hidroeléctrica de Ituango. Si no las prende se hará efectiva una sanción multimillonaria (207 millones de dólares), porque el sistema interconectado nacional estaba esperando recibir esa energía y ya había hecho planes y cuentas con ella.
El alcalde Daniel Quintero finalmente, y después de dar muchas vueltas y prometer una y otra vez que las unidades de generación se iban a encender dentro del plazo acordado, admitió este martes que Hidroituango no se podrá poner a funcionar antes del 1 de diciembre.
Era evidente que más allá del esfuerzo descomunal de los técnicos por sacar a tiempo la megaobra, el desorden evidenciado en la cúpula de EPM no permitió cumplir con la meta.
Empezando porque en el primer año y medio de la alcaldía actual, EPM tuvo cuatro gerentes distintos. Tal grado de inestabilidad no le permite a ninguna empresa adelantar sus procesos con eficiencia. Por no hablar del cambio de todas las vicepresidencias que venían siendo ocupadas por técnicos y en las que el alcalde aprovechó para poner cuotas suyas sin mayor conocimiento de los procesos que allí se adelantaban. Menos mal, el puesto de William Giraldo, el ingeniero al frente de la obra por parte de EPM, resistió la embestida.
En segundo lugar, en marzo del año pasado, el alcalde Quintero como presidente de la junta de EPM, decidió demandar a los contratistas de las obras civiles, el consorcio CCC Ituango, y se dedicó a fustigarlos públicamente. Esa decisión que violó normas del gobierno corporativo de EPM, puso en calzas prietas a los constructores de la obra y en general creó un ambiente de zozobra que sin duda no benefició para nada los avances de la construcción. La demanda, además, -que hizo mucho ruido y mucho daño pero nunca prosperó- provocó la renuncia de la junta, y esto, sumado al irrespeto del gobierno corporativo, desencadenó la pérdida del grado de inversión de EPM, lo que hizo más costosa su deuda, y lo obligó a pagar anticipadamente las acreencias que tenía con el BID (450 millones de dólares).
Y en tercer lugar, el manejo que el alcalde Daniel Quintero, como presidente de la junta de EPM, y el gerente Jorge Carrillo le han dado a la fecha de encendido ha sido irresponsable y folclórico.
Primero, anunciaron que prenderían la primera turbina el 26 de julio, una fecha que Carrillo sacó de la manga porque la idea, al parecer, era celebrar el cumpleaños del alcalde con esta tremenda noticia. El equipo de comunicaciones de EPM alcanzó a cotizar el evento de celebración con luces de alta tecnología.
Después, cuando se dieron cuenta de que el 26 no la lograban, cambiaron la fecha de encendido para el 15 de octubre. Pero tampoco fue así. Y durante semanas, y hasta ayer, tanto Quintero como Carrillo habían sostenido que la primera turbina se podía prender antes del plazo del 30 de noviembre.
Ellos tal vez sabían que no iba a ser posible, pero mantener la caña de la fecha del encendido les servía mientras encontraban una buena excusa para que la Creg les ampliara el plazo sin sancionar a EPM. Por eso empezaron a hablar de un supuesto riesgo que se podría correr al prender, y comenzaron a invitar a la entidad de gestión del riesgo y desastres del Gobierno Nacional, y entre una y otra declaración soltaban la frase de que necesitaban tiempo para despejar cualquier duda. Lo que no previeron es que el gobierno se tomó muy a pecho lo del riesgo y por ello obligó a EPM a hacer simulacros de evacuación y a tomar otras medidas que les implicaron mucho más tiempo. Con el agravante de que alarmaron y provocaron zozobra, tal vez innecesariamente, a la población aguas abajo que ya ha sufrido bastante.
El gobernador Aníbal Gaviria ha salido a pedir que se le dé más plazo a EPM para que pueda encender las turbinas sin ningún tipo de presión. Y desde esta casa editorial nos sumamos a esa solicitud en la medida en que la Creg a bien lo estime.
Entendemos la importancia de cumplir los tiempos para garantizar la fortaleza del sistema interconectado nacional de energía, pero también creemos que ese buque insignia que es EPM ya ha salido bastante lastimado de estos casi tres años de manejos irregulares y no merece una sanción que pueda afectar aún más el futuro de la empresa
