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Estaba cantado. A pesar de las diferentes amenazas que lanzó el presidente Gustavo Petro para forzar al Congreso para que le aprobara la reforma tributaria, los senadores no se dejaron amedrentar y decidió hundir el proyecto.
No le sirvió al mandatario amenazar con declarar una emergencia económica ni tampoco estar acusando con nombre propio a cada congresista en su región de influencia. La reforma fue derrotada por amplia mayoría en la comisión cuarta del Senado pues los congresistas consideraron que los colombianos no aguantaban más impuestos y que es hora de que el gobierno deje a un lado el derroche, que por momentos parece de nuevo rico.
Esta es la segunda reforma tributaria que se cae en el Congreso, de tres que ha presentado el gobierno Petro. La primera, tramitada por el ministro José Antonio Ocampo, logró recursos adicionales por 20 billones de pesos cada año. Sin embargo, la segunda reforma, por 12 billones de pesos, que tramitó el ministro Ricardo Bonilla, se hundió el año pasado, lo que llevó a un recorte en los gastos de este 2025.
Y ahora, el tercer proyecto, que buscaba un nuevo recaudo de 16,3 billones de pesos anuales, tramitado por el ministro Germán Ávila, también fracasó. El problema de fondo es la precaria administración de los recursos.
Cabe recordar que Petro echó a Ocampo porque no le decía sí a todos sus caprichos. Y Bonilla se tuvo que ir para darle la cara a la justicia: según dijo la Fiscalía la semana pasada, sería uno de los cerebros del presunto saqueo de la UNGRD para aprobar reformas en el Congreso.
Ahora, hundida la tributaria, el presidente, fiel a su costumbre, hará señalamientos a diestra y siniestra y anunciará catástrofes. De hecho, lo venía haciendo. Primero dijo que podría haber un impago de deuda o default, un hecho que ojalá no se materialice teniendo en cuenta que Colombia se ha caracterizado por honrar todos sus compromisos financieros.
Después el Presidente, de manera cínica, amenazó con recortar los recursos del metro de Bogotá y las vías de cuarta generación (4G). Como si no fueran proyectos importantes para el país. Según él, no puede recortar deuda y funcionamiento. Llama la atención que a los presidentes anteriores les alcanzaba la plata para esos proyectos, para atender la salud, para hacer los préstamos del Icetex, y a Petro, que ha tenido el bolsillo más abultado no le alcanza. ¿En dónde ha puesto la plata?
Petro también amenazó, como dijimos, con declarar la emergencia económica, una figura que sabe se caerá en la Corte Constitucional porque no hay ningún hecho sobreviniente. Pero mientras la Corte la estudia el gobierno podría recoger importantes recursos por la puerta de atrás.
Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la posición del mandatario. Mientras tanto, con la caída de la tributaria, el Gobierno tiene la obligación de hacer un recorte de 16,3 billones de pesos en el presupuesto del año entrante: tendría que recortar de 547 billones de pesos a 530 billones.
Los expertos en Economía, como Fedesarrollo, han advertido que Petro no puede argumentar que la caída de la tributaria comprometerá la estabilidad fiscal. Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo la razón fundamental de la crisis fiscal es que este gobierno aumentó la deuda en más de 370 billones de pesos y llega al 65% del PIB, uno de los niveles más altos, que solo se vio en la pandemia. Mientras tanto el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, le ha dicho en reiteradas ocasiones a Petro que debe hacer un recorte en los gastos de por lo menos 40 billones de pesos en el presupuesto del 2026.
Si se saca calculadora y se suma todo el derroche del gobierno tal vez como por arte de magia –y sobre todo con una buena administración– no sería descabellado pensar que aparecerían en el presupuesto los 16 billones de pesos y más que se buscaban en la reforma tributaria. El Ministerio de Igualdad se ha consumido más de un billón de pesos –sin resultados–. Ni que decir de los 16 billones de pesos que Petro se está gastando en la compra de aviones de guerra mientras echa el cuento de la “paz total”. O de las 10 embajadas que ha creado con un gasto de apertura de cerca de 20.000 millones de pesos (sin contar la de la FAO creada para mantener tranquilo a Armando Benedetti).
El Gobierno, el presidente Petro, no puede subestimar al país. La gente sabe que hay suficientes recursos y lo que falta es una buena administración. Lo mínimo que le pide el país es que, esta vez, atienda la voz del Congreso (que también son los representantes del pueblo) y acepte el recorte del derroche.