Editorial | Publicado el

Otro envión del terrorismo

Sobre el terreno en el cual reposaban aún los restos de las víctimas, las autoridades del Estado prometieron justicia y no impunidad. El país entero espera que honren su compromiso.
 Otro envión del terrorismo

Jornada dolorosa ayer para el país, para la Policía Nacional, para decenas de familias de los heridos y para los seres queridos de las 21 personas muertas en la Escuela General Santander, en Bogotá.

No se puede decir que Colombia estuviera en proceso de dejar atrás definitivamente la ocurrencia de ataques terroristas. Cada semana, los grupos guerrilleros que aún subsisten, las bandas criminales, los grupos narcotraficantes, activan algún plan delictivo en cualquier parte del territorio nacional. No es verdad, pues, que el de ayer hubiera roto un lapso de tranquilidad ni de ausencia de terror.

El de ayer, no obstante, es especialmente grave. Un ataque directo a la institución que presta seguridad y vigilancia a la comunidad. En la escuela donde se forman los hombres y mujeres que van a comandar a los uniformados. En un día donde había programadas ceremonias especiales, significativas dentro de la vida de la carrera policial. Con presencia de oficiales de alta graduación y de cadetes que inician con ilusión y orgullo su servicio público.

No se puede, por ahora, hacer juicios apresurados sobre si hubo o no fallas de control, pues eso será materia de investigación. Lo que se sabe es que de alguna forma el personal de vigilancia pudo notar que la camioneta iba a intentar ingresar al recinto a la fuerza y buscaron detenerlo.

Entre las 21 víctimas mortales había una cadete ecuatoriana, la agente Érika Sofía Chicó Vallejo. Otra compatriota suya quedó herida, al igual que dos uniformados panameños. La Escuela General Santander es centro de formación de policías de muchos países de América Latina. Quienes ordenaron y planificaron el ataque lo sabían.

En octubre de 2006, también en Bogotá, un carrobomba entró a la Universidad Militar y explotó. En esa ocasión, igual que ayer, hubo “analistas” que dijeron que esa bomba podría haber sido puesta por agentes internos o por elementos afines al Gobierno. Los hechos los desmintieron, cuando las pruebas fueron irrefutables y las mismas Farc, en ese entonces, dijeron haberlo hecho explotar. Igual hoy: es aventurado, a más de irresponsable, lanzar ciertas hipótesis con la voluntad no confesada de generar confusión y atacar a rivales políticos para hacerlos aparecer como inductores de ataques para imponer una racha de “mano dura”.

La forma del ataque, el plan que supone, tiene detrás los modos de actuación de sectores de la actual guerrilla. Será la investigación, o en su defecto la reivindicación del grupo que asuma la autoría del atentado, las que abran caminos para la aplicación de la justicia.

El presidente Duque fue claro en su mensaje, en un tono de firmeza combinado con tranquilidad, sin apresuramientos en lanzar juicios. Una vez las autoridades le brinden certeza de los responsables del hecho deberá tomar las decisiones que correspondan.

La vía de la presión criminal mediante actos terroristas ha sido largamente usada por grupos de toda laya. Algunos han obtenido lo que querían. Otros han podido imponer luego sus condiciones tanto a gobernantes como a legisladores. Nunca, sin embargo, han obtenido ni el respaldo ni el respeto ni el acatamiento de la sociedad, que los rechaza y cuyos métodos le repugnan.

Ayer las autoridades del Estado, en el terreno sobre el que reposaban aún restos de las víctimas, prometieron al unísono justicia, verdad, no impunidad. Un país entero espera que honren su compromiso, y que los autores de este cobarde acto criminal no den por descontada la debilidad de unas instituciones de nuevo doblegadas.


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