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Hace veinte años, una investigadora llamada Claudia López cruzó dos mapas que nadie se había molestado en superponer: el de la expansión paramilitar y el de las votaciones atípicas al Congreso. La coincidencia era casi perfecta. En los municipios donde las autodefensas ejercían control territorial, candidatos desconocidos pasaban de la nada a obtener votaciones arrolladoras, partidos que nunca habían tenido presencia en una región aparecían dominando el tarjetón, y la participación electoral se disparaba o se desplomaba de formas inexplicables.
Esos mapas ayudaron a destapar la parapolítica, el mayor escándalo de captura electoral por actores armados en la historia de Colombia: docenas de políticos condenados y casi un tercio del Senado de aquel entonces comprometido con la captura ilegal de las elecciones.
No importaba si el candidato era liberal, conservador o de un partido recién inventado: lo que los definía era que su poder electoral nacía del control armado del territorio. La lección fue que las votaciones atípicas en zonas de dominio ilegal no son coincidencias, sino señales de alarma que merecen investigación rigurosa. 20 años después, las elecciones legislativas del 8 de marzo obligan a preguntarse si se está repitiendo esa historia.
En vísperas de las elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 170 municipios en riesgo consolidado por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia, un aumento del 30% frente a 2022. Los municipios en riesgo extremo pasaron de 49 a 81, concentrados en unas pocas regiones como el sur de Bolívar, el Pacífico, el Cauca, el Catatumbo o el nordeste de Antioquia. Territorios donde el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo ejercen el control: donde tienen la capacidad de imponer quién puede y quién no hacer política, y donde el narcotráfico y la minería ilegal financian la guerra y sostienen las estructuras de poder local.
Los resultados del 8 de marzo en esos municipios merecen el mismo escrutinio que en su momento recibieron las votaciones de la parapolítica.
El caso más llamativo es el Cauca. En 19 municipios clasificados en riesgo extremo, el Pacto Histórico obtuvo votaciones que en cualquier democracia competitiva resultarían difíciles de explicar. En Sucre (Cauca), el Pacto obtuvo el 73% de los votos con apenas el 39% de participación. En Jambaló y en Totoró, el 68%. En toda la región se repite un patrón: municipios tomados por las llamadas disidencias de las Farc, que no son más que grupos criminales dedicados a las rentas ilegales, y en esos sitios el Pacto Histórico domina abrumadoramente, como si fuera un partido único. En 10 de los 19 municipios caucanos de riesgo extremo el Pacto superó o se acercó al 50% de la votación al Senado, y en los otros igual fue el ganador por amplia ventaja.
En Nariño, el caso del municipio de Olaya Herrera merece atención aparte: el Frente Amplio Unitario, la lista gobiernista de Roy Barreras, registró más del 80% de los votos al Senado en cabeza de Ronald Tenorio, una cifra que en el mejor de los escenarios es un error y en otros es una muestra de constreñimiento que exige investigación.
En el sur de Bolívar, la anomalía es distinta pero igualmente sospechosa: municipios como Cantagallo (69% de participación), Santa Rosa del Sur (65%) y San Pablo (62%) registraron participaciones muy por encima de lo esperado para zonas rurales con alta conflictividad, movilizando votantes hacia el Conservador y el Liberal que dominan la política en Bolívar.
Y en Antioquia, en los municipios azotados por la minería ilegal del Bajo Cauca y el Nordeste, el Pacto Histórico junto a los aliados del gobierno, como el grupo político de Julián Bedoya en el Partido Liberal, concentran una posición dominante. En Segovia, Remedios y Caucasia, el Pacto irrumpe con fuerza en territorios donde hace cuatro años no registraba votación significativa, mientras el grupo político de Bedoya, de los principales aliados del Gobierno Nacional, mantiene su hegemonía en los municipios mineros circundantes.
Todo esto ocurre en el contexto de una “paz total” que, lejos de debilitar a los grupos armados, los ha fortalecido. No se nos pueden olvidar las revelaciones sobre la infiltración de las disidencias de Calarcá en la Dirección Nacional de Inteligencia y sus vínculos con funcionarios del gobierno, y que el propio Calarcá lo dijo sin rodeos en una entrevista: “Si preguntan por quién votar, responderemos que por los de Petro”.
Así como en su momento Colombia se tomó en serio las votaciones atípicas en zonas de influencia paramilitar, hoy debe tomarse en serio lo que puede estar detrás de las altas votaciones del oficialismo en zonas de conflicto. Sobre todo, cuando el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es el principal arquitecto de esa paz total, cuenta con toda la maquinaria del gobierno y lidera las encuestas.
Si algo nos enseñó la parapolítica es que la captura electoral no tiene ideología. Y olvidarlo sería, una vez más, abrir la puerta a repetir la historia.