Como lo anunció el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el salario mínimo acordado por los empresarios, los sindicatos y el Gobierno para 2018 es de 781.242 pesos. Ello representa un aumento del 5,9 por ciento, que equivale a 43.525 pesos.
Por su parte, el subsidio de transporte se fijó en 88.211 pesos, lo que implica un incremento del 6,1 por ciento. De esta forma, la retribución equivalente al valor del mínimo más el del subsidio de transporte queda en 869.453 pesos.
El incremento acordado de 5,9 por ciento se ubica muy por encima de las recomendaciones de Fedesarrollo y Anif (entre 4,1 y 4,5 por ciento) y del promedio de las expectativas del mercado (5,6 por ciento). Los centros de investigación llamaron la atención sobre el efecto negativo que un alza superior al 4,5 por ciento podría tener sobre la generación de empleo y la recuperación económica.
Precisamente, el alza decretada se da en momentos en que, según el Dane, en el pasado mes de noviembre el desempleo aumentó al pasar de 7,5 por ciento en igual mes de 2016, a 8,4 por ciento. De otra parte, el número de ocupados disminuyó de 22.956.000 personas en 2016 a 22.873.000 en 2017.
Con estos resultados se hace más evidente que el mercado laboral continúa debilitándose y que la desaceleración económica terminó afectándolo.
Frente al retroceso en materia laboral y la perspectiva de la recuperación de la economía se hace imperativo impulsar la generación de empleo de calidad, conseguir que el desempleo retome la senda de reducciones progresivas y que la informalidad continué su tendencia a la baja.
Sin embargo, como lo evidencian diversos estudios, aumentos en el salario mínimo como el acordado para el presente año atentan contra el logro de los objetivos antes señalados.
Por ello es que, como lo han indicado diversos expertos y lo reitera la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo constituye un instrumento de la política laboral de los países y como tal debe hacer parte de la misma.
Desafortunadamente, en Colombia, por la forma como se tiene establecido el procedimiento de fijación del salario mínimo, este no responde, necesariamente, al marco de dicha política.
Esto, además de constituir una evidente falta de coordinación de la política laboral, le resta eficacia al instrumento y, peor aún, su manejo puede, como lo han establecido diversos estudios (entre ellos uno realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-Ocde), incrementar el desempleo y la informalidad.
En este sentido, una manera de recuperar el salario mínimo como un instrumento de la política laboral es instituyendo un mínimo diferenciado por región como lo han sugerido la Ocde, diferentes analistas y más recientemente un estudio del Banco de la República.
Según los autores de esta investigación, en el país se puede establecer un salario mínimo diferencial por región, “dependiendo de la productividad laboral en cada una de ellas”.
Para tal efecto se sugiere que las ciudades con mayor productividad laboral tengan un salario mínimo mayor al que debe regir en urbes de baja productividad.
Contrario a lo que ocurre en la actualidad, la aplicación de fórmulas como la propuesta por el estudio del Banco de la República le darían al salario mínimo un papel más eficaz en la política laboral, ayudando de paso a reducir la inequidad y la informalidad.
