Hoy martes el Senado asume el trámite de un proyecto que a la mayoría de los colombianos les debe parecer haberlo oído ya mil veces: la reforma política.
Es curioso, pero esa parte tan importante del armazón constitucional que es el régimen político, y que incluye instituciones claves como los partidos, las relaciones entre ramas del gobierno, las campañas y muchos temas asociados, se ha modificado ya varias veces en Colombia en los 30 años que tiene la Constitución. A veces parece que este país va cambiando de régimen político a conveniencia del gobierno de turno. ¡Desde 2006 se han radicado 55 propuestas de reforma política!
Pero que haya habido muchas reformas políticas no quiere decir que se haya resuelto el problema. En particular, uno de los puntos que se ha intentado cambiar 16 veces y no se ha logrado es el de obligar a que solo se presenten listas cerradas, es decir, que al depositar nuestro voto para corporaciones públicas, votemos únicamente por el partido y por su lista y no por un individuo dentro de esa lista (que es como funcionamos hoy y se conoce como el voto preferente).
El voto preferente fue una gabela que en la reforma de 2003 les dieron a los políticos, que estaban aterrorizados porque los cambios introducidos en esa norma, les quitaba el enorme poder como individuos y volvía a los partidos en los grandes protagonistas. Esa reforma quedó coja porque de esa manera permitió que los individualismos y las microempresas electorales sigan vivas aun dentro de un sistema de partidos que se ha tratado de ir fortaleciendo.
Cada vez que se ha intentado implementar la lista cerrada terminan la mayoría de los congresistas hundiéndola, por cuanto ellos son los principales beneficiarios del sistema actual. Ojalá esta vez se logre.
Por supuesto que hay quienes advierten el riesgo que se corre de que se formen dictaduras dentro de los partidos, ya que quienes manejen la organización serán los que hagan las listas. Esto puede llevar a numerosos abusos, y por eso se ha considerado necesario que haya mecanismos internos de democracia. Claro que no sería un efecto adverso muy distinto de lo que ocurre ahora cuando los avales - así sea para estar en la lista preferente - son utilizados a discreción del poder de turno dentro del partido.
En uno u otro escenario lo que necesitan los miembros de los partidos es garantías: que su posible ubicación en las listas sea producto de un proceso abierto con reglas transparentes, públicas y auditables, y con criterios universales.
La reforma también trae una noticia bomba y es la propuesta de ampliar el periodo presidencial por cinco años. El Gobierno ha dicho que no está de acuerdo y se advierte que la propuesta es para ponerla en práctica a partir del mandatario elegido en 2026.
Sin embargo, no deja de despertar cierta inquietud el que se abra esa puerta justo cuando se tiene un presidente como Gustavo Petro que ha hablado de un proyecto de gobierno de largo plazo. ¿Si el gobierno tiene una aplanadora en el Congreso: por qué no logra quitar un artículo de una reforma política con el que no está de acuerdo?
Hay quienes dicen que nuestros cuatro años son muy poco tiempo para implementar políticas duraderas. Un año o incluso dos años más no van a solucionar eso: la existencia o no de políticas de Estado es un tema de cultura política y del desempeño del sistema como un todo, no de si se puede gobernar unos meses más.
También incluye la reforma el voto obligatorio para combatir la abstención: nosotros preferimos la libertad y la formación ciudadana, que construyen una democracia sólida desde sus fundamentos. El voto obligatorio da una solidez falsa y aparente.
Otro punto grueso es un tema que se ha vuelto el verdadero cáncer de la política colombiana, y es la financiación de las campañas. La gran propuesta es la de prohibir: prohibir la financiación privada, prohibir el manejo de efectivo, etc. No deja de ser un canto a la bandera conociendo la forma como se hace hoy de verdad la política electoral. ¿No son acaso un chiste los topes de campaña? En la calle y en las regiones todo el mundo sabe que los topes los burlan, y es muy fácil hacerlo: al fin y al cabo las prohibiciones solo operan sobre las cuentas oficiales de las campañas. Los costales de efectivo con los que se compran votos, jamás entran a los libros oficiales. Por supuesto que es importante que existan esas prohibiciones, pero sin duda es más urgente encontrar la manera de que esas prácticas no se puedan dar.
Otro tema que suscita gran preocupación es el del “transfuguismo”. Hoy tenemos normas que impiden que los políticos vayan cambiando de partido a su antojo, básicamente para ayudar a fortalecer los partidos. En este proyecto hay tentativas varias de flexibilizar ese régimen. Esto no solo despierta alarmas por el desorden que introduciría en el sistema, sino principalmente porque, al menos en una de las versiones propuestas, la norma tiene el claro propósito de que el gobierno pueda llevarse para sus toldas a un montón de políticos que hoy están en otros partidos y que en virtud de esas normas no se pueden cambiar, al menos no sin perder su curul. Esto desafía toda noción de juego limpio.
Como también preocupa la propuesta, que sirve igualmente a las intenciones del gobierno, de que se permita a los congresistas pasar a ser ministros. No hay que ser un genio para ver en esto un mecanismo para comprar desde el gobierno la voluntad de los parlamentarios.
Al menos en estos puntos gruesos lo que plantea la reforma política no ayuda para mejorar nuestro débil sistema político, por el contrario, parece ponerlo al servicio de un esquema más autoritario que democrático
